Human Rights Watch (HRW) consideró que el gobierno mexicano “no tiene voluntad política, sino temor y miedo” para que sean investigados y sancionados los militares que cometen violaciones a los derechos humanos, y exhortó a las autoridades del país a “acabar con la impunidad” para que no se vea socavado el estado de derecho.
En su informe titulado “Impunidad uniformada” se destaca que en 11 años sólo se ha castigado a un militar. Sostuvo que actualmente hay 34 procesados, pero no detenidos por actos violatorios.
El director ejecutivo del organismo, Keneth Roth, destacó la necesidad de no aplicar el fuero militar a elementos que violan derechos humanos de civiles y que éstos sean juzgados en tribunales civiles
El documento analiza 17 casos presentados ante la CNDH, organismo que ha documentado una triplicación de las quejas contra militares en los últimos dos años, justamente cuando el Ejército salió a las calles para realizar tareas policiacas.
Las violaciones en las que incurren los militares, añadió, son asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias; sin embargo, aseguró Toth, “ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal”.
El organismo añadió que sólo hay un caso documentado de un militar sancionado, aunque eso ocurrió hace 11 años. “El sistema de justicia militar está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos contra civiles.”
Ante de hacer público el documento, los representantes de HRW se reunieron con autoridades federales, a quienes se les entregó el informe. Al respecto, José Miguel Vivanco, representante del organismo en México, señaló estar “muy decepcionado”, porque los funcionario sólo tuvieron “excusas” para no dar a conocer los avances en la materia.
Detalló que la Sedena ofreció información sobre los casos analizados, pero no se entregó ni se estableció algún acuerdo.
Sobre el encuentro con el procurador Eduardo Medina Mora, Vivanco sostuvo que trató de evadir su responsabilidad. En tanto, dijo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comprometió a realizar un monitoreo sobre el caso.
Respuesta oficial
El gobierno federal ofreció “analizar con detenimiento” el informe de Human Rights Watch y formular las observaciones pertinentes. Sin embargo, reiteró que “ha mantenido un claro compromiso con la promoción y respeto de los derechos humanos”.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que las autoridades han demostrado su “plena voluntad para fortalecer el estado de derecho y sancionar las violaciones que pudiera cometer cualquier funcionario en el ejercicio de sus funciones”.
Reiteró que las resoluciones de los tribunales militares pueden ser “recurridas” ante la justicia civil mediante el juicio de amparo. “Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar.
“El gobierno federal reconoce la indispensable labor realizada por las fuerzas armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada. De igual modo, reconoce también los problemas que esta intervención genera en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlos.”
Asimismo, refiere que la Sedena ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH sobre la actuación del Ejército.
En su informe titulado “Impunidad uniformada” se destaca que en 11 años sólo se ha castigado a un militar. Sostuvo que actualmente hay 34 procesados, pero no detenidos por actos violatorios.
El director ejecutivo del organismo, Keneth Roth, destacó la necesidad de no aplicar el fuero militar a elementos que violan derechos humanos de civiles y que éstos sean juzgados en tribunales civiles
El documento analiza 17 casos presentados ante la CNDH, organismo que ha documentado una triplicación de las quejas contra militares en los últimos dos años, justamente cuando el Ejército salió a las calles para realizar tareas policiacas.
Las violaciones en las que incurren los militares, añadió, son asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias; sin embargo, aseguró Toth, “ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal”.
El organismo añadió que sólo hay un caso documentado de un militar sancionado, aunque eso ocurrió hace 11 años. “El sistema de justicia militar está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos contra civiles.”
Ante de hacer público el documento, los representantes de HRW se reunieron con autoridades federales, a quienes se les entregó el informe. Al respecto, José Miguel Vivanco, representante del organismo en México, señaló estar “muy decepcionado”, porque los funcionario sólo tuvieron “excusas” para no dar a conocer los avances en la materia.
Detalló que la Sedena ofreció información sobre los casos analizados, pero no se entregó ni se estableció algún acuerdo.
Sobre el encuentro con el procurador Eduardo Medina Mora, Vivanco sostuvo que trató de evadir su responsabilidad. En tanto, dijo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comprometió a realizar un monitoreo sobre el caso.
Respuesta oficial
El gobierno federal ofreció “analizar con detenimiento” el informe de Human Rights Watch y formular las observaciones pertinentes. Sin embargo, reiteró que “ha mantenido un claro compromiso con la promoción y respeto de los derechos humanos”.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que las autoridades han demostrado su “plena voluntad para fortalecer el estado de derecho y sancionar las violaciones que pudiera cometer cualquier funcionario en el ejercicio de sus funciones”.
Reiteró que las resoluciones de los tribunales militares pueden ser “recurridas” ante la justicia civil mediante el juicio de amparo. “Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar.
“El gobierno federal reconoce la indispensable labor realizada por las fuerzas armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada. De igual modo, reconoce también los problemas que esta intervención genera en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlos.”
Asimismo, refiere que la Sedena ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH sobre la actuación del Ejército.
Eugenia Jiménez, Milenio, 30 de abril.
0 Responses to "HRW: México, sin voluntad para juzgar a sus militares"
Publicar un comentario