El interés común de México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada termina en los derechos humanos.
Para la organización Human Rights Watch (HRW), mientras el Presidente Barack Obama ha enmarcado la lucha contra la inseguridad dentro de parámetros de los derechos humanos, el Presidente Felipe Calderón no está convencido de que el respeto a los derechos fundamentales sea esencial para incrementar la seguridad pública.
"Tenemos preocupaciones de fondo porque, después de dos años de Gobierno, cada vez tenemos más la impresión de que el Gobierno del Presidente Calderón no está convencido de que el respeto a los derechos humanos es uno de los factores clave para conseguir incrementar la seguridad pública en México. Respetar derechos humanos está en el mejor interés de un Gobierno que persigue incrementar los niveles de seguridad pública.
"Esa claridad no existe y, en cambio, se reserva el tema de derechos humanos casi como una carga, como un saludo a la bandera donde uno sabe que, al final del discurso, uno tendrá que decir: 'Y evidentemente que todo esto debe hacerse sin violar los derechos humanos'", asegura el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
En entrevista exclusiva, el activista habla sobre la nueva relación México-Estados Unidos, previo al lanzamiento, hoy miércoles 29 de abril, de un informe sobre justicia militar y derechos humanos en México titulado: "Impunidad uniformada".
¿Cómo describe la nueva relación México-EU?
Que el Presidente Obama haya elegido a México como el primer país de América Latina que visita deja clara su importancia estratégica. El Presidente Bush, que estuvo inicialmente muy interesado en México, a partir de los atentados del 11 de septiembre no sólo lo relegó a un cuarto lugar -y, con ello, al resto de América Latina- peor aun, decidió desarrollar una política de lucha contra el terror en la que subordinó todo, incluso los derechos humanos, a las prioridades de seguridad interna.
Con Obama, las relaciones entre México y EU no sólo se pueden volver a estrechar; también se van a dar en un nuevo contexto, con una Administración que ha dado muestra de tener puntos de vista diametralmente opuestos a los de su predecesor, especialmente en temas de derechos humanos.
¿Cuál ha sido el discurso de Obama para preservar los derechos humanos en el marco de la estrategia de seguridad con México?
Es prematuro avanzar líneas en esa dirección. Sin embargo, el Presidente Obama ha dicho, en todos los contextos, que se puede y se debe luchar para incrementar la seguridad dentro de parámetros de respeto a los derechos fundamentales.
Ha dicho que está en contra de la tortura, que su Gobierno repudia ese tipo de prácticas. La intención de la nueva Administración es que el componente de derechos humanos no quede subordinado a otro tipo de intereses. Es el problema histórico de los EU: promover derechos humanos en ciertos países y hacerse de la vista gorda cuando se trata de aliados estratégicos.
¿Ve la misma voluntad del Presidente Calderón para garantizar los derechos humanos que la expresada por Obama?
La diferencia es dónde colocas el componente de los derechos humanos: dentro o fuera de la ecuación de seguridad. Nuestra impresión es que el Presidente Calderón no está consciente, no está convencido que le sirve a México, en su lucha por la seguridad, el actuar dentro de ciertos parámetros.
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno federal en sus comunicaciones con HRW?
Las respuestas han sido formalmente correctas, pero dan lugar a que persista la duda sobre si el Gobierno está persuadido de que la fuerza pública debe actuar bajo ciertos parámetros no sólo por una cuestión valórica, sino para que actúe profesionalmente y no acuda a métodos y prácticas que no se diferencian del crimen.
Al cometerse abusos, excesos y encubrimiento, es difícil que los funcionarios que forman parte de estas instituciones puedan actuar con rectitud cuando saben que hay otros dentro de la institución que se deben favores unos con otros. La cultura que se impone alrededor de estas instituciones es esencialmente de abusos, unidas a encubrimiento e impunidad.
¿Ha hecho HRW una evaluación de los candados para que sigan fluyendo los recursos de la Iniciativa Mérida?
Aún es un poco temprano para evaluar el impacto de estos candados. La Secretaria de Estado de EU no ha informado al Congreso sobre esa materia y, según la ley norteamericana, la Secretaria (Hillary) Clinton tiene la tarea o la obligación de informarle al Congreso sobre cómo se están desarrollando esas políticas en función de ciertos estándares de derechos humanos.
¿Qué posibilidades hay de una reforma migratoria?
Ha sido valiente Obama al insistir en que tiene el compromiso de presentar, este año ante el Congreso norteamericano, una propuesta que permita regularizar la situación de los millones de indocumentados que existen en EU. Sin el empuje de la Casa Blanca y sin que la Casa Blanca esté dispuesta a gastar capital político en esta iniciativa, va a ser muy difícil que la realidad cambie. No es un tema fácil y va a ser doblemente complejo en una época de recesión.
Esto depende del Congreso, que en EU es uno de los órganos más sensibles al estado de ánimo de la opinión pública, en buena parte porque los congresistas aspiran a reelegirse, y sus bases pueden obligarlos a apartarse de la política de la Casa Blanca a pesar de pertenecer al mismo partido.
Para la organización Human Rights Watch (HRW), mientras el Presidente Barack Obama ha enmarcado la lucha contra la inseguridad dentro de parámetros de los derechos humanos, el Presidente Felipe Calderón no está convencido de que el respeto a los derechos fundamentales sea esencial para incrementar la seguridad pública.
"Tenemos preocupaciones de fondo porque, después de dos años de Gobierno, cada vez tenemos más la impresión de que el Gobierno del Presidente Calderón no está convencido de que el respeto a los derechos humanos es uno de los factores clave para conseguir incrementar la seguridad pública en México. Respetar derechos humanos está en el mejor interés de un Gobierno que persigue incrementar los niveles de seguridad pública.
"Esa claridad no existe y, en cambio, se reserva el tema de derechos humanos casi como una carga, como un saludo a la bandera donde uno sabe que, al final del discurso, uno tendrá que decir: 'Y evidentemente que todo esto debe hacerse sin violar los derechos humanos'", asegura el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
En entrevista exclusiva, el activista habla sobre la nueva relación México-Estados Unidos, previo al lanzamiento, hoy miércoles 29 de abril, de un informe sobre justicia militar y derechos humanos en México titulado: "Impunidad uniformada".
¿Cómo describe la nueva relación México-EU?
Que el Presidente Obama haya elegido a México como el primer país de América Latina que visita deja clara su importancia estratégica. El Presidente Bush, que estuvo inicialmente muy interesado en México, a partir de los atentados del 11 de septiembre no sólo lo relegó a un cuarto lugar -y, con ello, al resto de América Latina- peor aun, decidió desarrollar una política de lucha contra el terror en la que subordinó todo, incluso los derechos humanos, a las prioridades de seguridad interna.
Con Obama, las relaciones entre México y EU no sólo se pueden volver a estrechar; también se van a dar en un nuevo contexto, con una Administración que ha dado muestra de tener puntos de vista diametralmente opuestos a los de su predecesor, especialmente en temas de derechos humanos.
¿Cuál ha sido el discurso de Obama para preservar los derechos humanos en el marco de la estrategia de seguridad con México?
Es prematuro avanzar líneas en esa dirección. Sin embargo, el Presidente Obama ha dicho, en todos los contextos, que se puede y se debe luchar para incrementar la seguridad dentro de parámetros de respeto a los derechos fundamentales.
Ha dicho que está en contra de la tortura, que su Gobierno repudia ese tipo de prácticas. La intención de la nueva Administración es que el componente de derechos humanos no quede subordinado a otro tipo de intereses. Es el problema histórico de los EU: promover derechos humanos en ciertos países y hacerse de la vista gorda cuando se trata de aliados estratégicos.
¿Ve la misma voluntad del Presidente Calderón para garantizar los derechos humanos que la expresada por Obama?
La diferencia es dónde colocas el componente de los derechos humanos: dentro o fuera de la ecuación de seguridad. Nuestra impresión es que el Presidente Calderón no está consciente, no está convencido que le sirve a México, en su lucha por la seguridad, el actuar dentro de ciertos parámetros.
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno federal en sus comunicaciones con HRW?
Las respuestas han sido formalmente correctas, pero dan lugar a que persista la duda sobre si el Gobierno está persuadido de que la fuerza pública debe actuar bajo ciertos parámetros no sólo por una cuestión valórica, sino para que actúe profesionalmente y no acuda a métodos y prácticas que no se diferencian del crimen.
Al cometerse abusos, excesos y encubrimiento, es difícil que los funcionarios que forman parte de estas instituciones puedan actuar con rectitud cuando saben que hay otros dentro de la institución que se deben favores unos con otros. La cultura que se impone alrededor de estas instituciones es esencialmente de abusos, unidas a encubrimiento e impunidad.
¿Ha hecho HRW una evaluación de los candados para que sigan fluyendo los recursos de la Iniciativa Mérida?
Aún es un poco temprano para evaluar el impacto de estos candados. La Secretaria de Estado de EU no ha informado al Congreso sobre esa materia y, según la ley norteamericana, la Secretaria (Hillary) Clinton tiene la tarea o la obligación de informarle al Congreso sobre cómo se están desarrollando esas políticas en función de ciertos estándares de derechos humanos.
¿Qué posibilidades hay de una reforma migratoria?
Ha sido valiente Obama al insistir en que tiene el compromiso de presentar, este año ante el Congreso norteamericano, una propuesta que permita regularizar la situación de los millones de indocumentados que existen en EU. Sin el empuje de la Casa Blanca y sin que la Casa Blanca esté dispuesta a gastar capital político en esta iniciativa, va a ser muy difícil que la realidad cambie. No es un tema fácil y va a ser doblemente complejo en una época de recesión.
Esto depende del Congreso, que en EU es uno de los órganos más sensibles al estado de ánimo de la opinión pública, en buena parte porque los congresistas aspiran a reelegirse, y sus bases pueden obligarlos a apartarse de la política de la Casa Blanca a pesar de pertenecer al mismo partido.
Silvia Garduño, Reforma, 29 de abril.
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