El gobierno federal aseguró ayer que “ningún servidor público, incluidos aquellos que forman parte de las fuerzas armadas, goza de impunidad” en México, y advirtió que es indispensable la labor que realiza el Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado y la delincuencia organizada.
Lo anterior fue en respuesta al organismo internacional Human Rights Watch (HRW), que en un informe presentado ayer afirmó que “el sistema de justicia militar (en México) es deficiente debido a que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército quedan impunes”.
A través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno mexicano aseguró que “la Constitución y las leyes contienen normas de observancia obligatoria para las autoridades tanto civiles como castrenses”.
Por ello, insistió, ningún servidor público, ni adscrito a las fuerzas militares “goza de impunidad”.
Sostuvo que, además, las resoluciones del Tribunal Militar pueden ser recurridas ante la justicia civil, mediante el juicio de amparo.
“Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar”, puntualizó.
Sin embargo, la dependencia dijo que el gobierno federal “analizará con detenimiento el informe de Human Rights Watch y formulará las consideraciones pertinentes en su momento”.
Reiteró, no obstante, que México ha mantenido un claro compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos, y ha demostrado su plena voluntad para fortalecer el Estado de derecho y sancionar las violaciones que pudiera cometer en ejercicio de sus funciones.
La Secretaría de Gobernación señaló al respecto que el gobierno federal reconoce “la indispensable labor realizada por nuestras fuerzas armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada; de igual forma, reconoce los problemas que esta intervención genera, en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlos”.
Resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas las recomendaciones que la CNDH ha formulado con motivo de la actuación de personal del Ejército en tareas de seguridad pública.
Lo anterior fue en respuesta al organismo internacional Human Rights Watch (HRW), que en un informe presentado ayer afirmó que “el sistema de justicia militar (en México) es deficiente debido a que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército quedan impunes”.
A través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno mexicano aseguró que “la Constitución y las leyes contienen normas de observancia obligatoria para las autoridades tanto civiles como castrenses”.
Por ello, insistió, ningún servidor público, ni adscrito a las fuerzas militares “goza de impunidad”.
Sostuvo que, además, las resoluciones del Tribunal Militar pueden ser recurridas ante la justicia civil, mediante el juicio de amparo.
“Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar”, puntualizó.
Sin embargo, la dependencia dijo que el gobierno federal “analizará con detenimiento el informe de Human Rights Watch y formulará las consideraciones pertinentes en su momento”.
Reiteró, no obstante, que México ha mantenido un claro compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos, y ha demostrado su plena voluntad para fortalecer el Estado de derecho y sancionar las violaciones que pudiera cometer en ejercicio de sus funciones.
La Secretaría de Gobernación señaló al respecto que el gobierno federal reconoce “la indispensable labor realizada por nuestras fuerzas armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada; de igual forma, reconoce los problemas que esta intervención genera, en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlos”.
Resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas las recomendaciones que la CNDH ha formulado con motivo de la actuación de personal del Ejército en tareas de seguridad pública.
Luciano Franco, Crónica, 30 de abril.
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