La organización Human Rights Watch (HRW) reprobó al sistema de justicia militar de México.
En su más reciente informe, hecho público ayer, describe 17 casos de crímenes cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008.
HRW retoma las recomendaciones contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2007 y 2008, entre ellas, la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en Michoacán y el asesinato de dos mujeres y tres niños en Sinaloa.
Si bien la Sedena ha aceptado estas recomendaciones, ningún militar ha sido sancionado.
"Algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares", señala el informe "Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad".
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, denunció que el Procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez, sólo recordó -en reunión con una delegación del organismo- el caso de un militar sentenciado por cometer violaciones de derechos humanos, en 1998.
"Las máximas autoridades de la Sedena han sido incapaces de exhibir un caso, un precedente, una sentencia, de un soldado o de un oficial que esté sirviendo hoy día, cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos que hayan sido juzgadas dentro del fuero militar.
"Esta es la mejor evidencia de que el sistema es disfuncional, no está cumpliendo con sus objetivos y en la práctica se ha transformado en un régimen que ha permitido garantizar la impunidad a favor de los militares", dijo.
El director general de HRW, Kenneth Roth, señaló que se reunieron con el Procurador General de la República, quien no mostró disposición para cambiar las cosas.
"El Procurador se limitó a decir que era trabajo de alguien más, y su argumento principal era que era competencia del Procurador estatal, pues eran crímenes estatales. Muchos de estos crímenes son federales, pues han sido cometidos por oficiales federales", acusó.
HRW cuestiona que en México, el Secretario de la Defensa ejerza poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas.
"Los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario de la Defensa los aparte de su cargo", señala.
El organismo urge a que los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean llevados al sistema civil de justicia penal.
Cuestión política
Kenneth Roth consideró que México cuenta con las bases legales suficientes para turnar los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares a la jurisdicción civil, pero falta voluntad política.
"Han pasado 11 años desde que ha habido una sentencia para un soldado por un crimen de derechos humanos. El sistema de justicia militar está completamente roto.
"Desde el año 2005 claramente no hay obstáculo para que las cortes civiles atraigan casos de abuso militar. El problema no es legal, es político, es una cuestión de voluntad política", aseguró.
Muestras
Algunos abusos recientes de militares, según HRW:
2007
Mayo
Detención ilegal de 36 civiles y violación de 4 jóvenes.
Municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán.
Junio
Asesinato de 2 mujeres y 3 niños y lesiones a 3 civiles.
Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
Detención ilegal y tortura de José Fausto Gálvez.
Sonora. Frontera con EU.
Agosto
Tortura y muerte de Fausto Murillo Flores.
Naco, Sonora.
2008
Feb.
Asesinato de Sergio Meza Varela y lesiones contra José A. Barbosa.
Reynosa, Tamaulipas.
Marzo
Asesinato de 4 civiles y abuso de 4.
Badiraguato, Sinaloa.
En su más reciente informe, hecho público ayer, describe 17 casos de crímenes cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008.
HRW retoma las recomendaciones contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2007 y 2008, entre ellas, la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en Michoacán y el asesinato de dos mujeres y tres niños en Sinaloa.
Si bien la Sedena ha aceptado estas recomendaciones, ningún militar ha sido sancionado.
"Algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares", señala el informe "Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad".
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, denunció que el Procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez, sólo recordó -en reunión con una delegación del organismo- el caso de un militar sentenciado por cometer violaciones de derechos humanos, en 1998.
"Las máximas autoridades de la Sedena han sido incapaces de exhibir un caso, un precedente, una sentencia, de un soldado o de un oficial que esté sirviendo hoy día, cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos que hayan sido juzgadas dentro del fuero militar.
"Esta es la mejor evidencia de que el sistema es disfuncional, no está cumpliendo con sus objetivos y en la práctica se ha transformado en un régimen que ha permitido garantizar la impunidad a favor de los militares", dijo.
El director general de HRW, Kenneth Roth, señaló que se reunieron con el Procurador General de la República, quien no mostró disposición para cambiar las cosas.
"El Procurador se limitó a decir que era trabajo de alguien más, y su argumento principal era que era competencia del Procurador estatal, pues eran crímenes estatales. Muchos de estos crímenes son federales, pues han sido cometidos por oficiales federales", acusó.
HRW cuestiona que en México, el Secretario de la Defensa ejerza poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas.
"Los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario de la Defensa los aparte de su cargo", señala.
El organismo urge a que los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean llevados al sistema civil de justicia penal.
Cuestión política
Kenneth Roth consideró que México cuenta con las bases legales suficientes para turnar los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares a la jurisdicción civil, pero falta voluntad política.
"Han pasado 11 años desde que ha habido una sentencia para un soldado por un crimen de derechos humanos. El sistema de justicia militar está completamente roto.
"Desde el año 2005 claramente no hay obstáculo para que las cortes civiles atraigan casos de abuso militar. El problema no es legal, es político, es una cuestión de voluntad política", aseguró.
Muestras
Algunos abusos recientes de militares, según HRW:
2007
Mayo
Detención ilegal de 36 civiles y violación de 4 jóvenes.
Municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán.
Junio
Asesinato de 2 mujeres y 3 niños y lesiones a 3 civiles.
Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
Detención ilegal y tortura de José Fausto Gálvez.
Sonora. Frontera con EU.
Agosto
Tortura y muerte de Fausto Murillo Flores.
Naco, Sonora.
2008
Feb.
Asesinato de Sergio Meza Varela y lesiones contra José A. Barbosa.
Reynosa, Tamaulipas.
Marzo
Asesinato de 4 civiles y abuso de 4.
Badiraguato, Sinaloa.
Silvia Garduño, Reforma, 30 de abril.
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