La mitad de las quejas contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones a los derechos humanos es por cateos ilegales.
En un informe entregado a través la Ley de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 614 quejas de ciudadanos que dijeron haber sufrido la incursión de militares en sus domicilios sin que existieran las respectivas órdenes judiciales.
Por cada queja, la Sedena entregó a la CNDH un informe para que el organismo determinara si efectivamente hubo o no violación a las garantías fundamentales.
En total, fueron mil 143 quejas presentadas en contra de la Sedena durante 2008.
Las otras quejas más frecuentes, según la clasificación de la CNDH, son 275 por detenciones arbitrarias, 136 por ejercicio indebido de la función pública, 23 por lesiones, 12 por violaciones al derecho y la legalidad, y 83 clasificadas como otras.
Las mil 143 quejas presentadas contra la Sedena el año pasado la convirtieron, por primera vez, en el área del Gobierno federal con mayor número de presuntas violaciones a los derechos humanos, por encima del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Educación Pública.
De acuerdo con un informe de la Sedena presentado en febrero pasado en Ginebra, Suiza, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los últimos dos años se han abierto 27 expedientes en contra de 40 militares que presuntamente incurrieron en violaciones a las garantías fundamentales.
Durante 2008, de acuerdo con la Sedena, a través de su Dirección General de Derechos Humanos se le dio capacitación en esa materia a 266 generales, 3 mil 330 jefes, 16 mil 295 oficiales, 60 mil 822 integrantes de la tropa y 2 mil 301 rurales.
El mes pasado, el titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, el General Brigadier Jaime Antonio López Portillo, admitió que en algunos casos, durante las acciones que desarrollan contra el narcotráfico, se ocasionan perjuicios a la sociedad civil.
"La legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a la garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en las que es inevitable o desgraciadamente se puede generar alguna problemática en la que se lleva a cabo algún daño a las personas o a la propiedad", dijo entonces.
Algunas de las incursiones ilegales en las que presuntamente ha incurrido la Sedena han motivado recomendaciones de la CNDH. Una de ellas es la 38/2007 emitida en septiembre de 2007 por los cateos sin orden judicial y los presuntos abusos que militares cometieron en los poblados de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo.
Entre el 2 y 4 de mayo de ese año, los militares sitiaron los tres pueblos en busca de los asesinos de cinco militares que habían sido emboscados en Carácuaro y que, en ese momento, era el mayor número de soldados muertos tras un ataque del crimen organizado.
En un informe entregado a través la Ley de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 614 quejas de ciudadanos que dijeron haber sufrido la incursión de militares en sus domicilios sin que existieran las respectivas órdenes judiciales.
Por cada queja, la Sedena entregó a la CNDH un informe para que el organismo determinara si efectivamente hubo o no violación a las garantías fundamentales.
En total, fueron mil 143 quejas presentadas en contra de la Sedena durante 2008.
Las otras quejas más frecuentes, según la clasificación de la CNDH, son 275 por detenciones arbitrarias, 136 por ejercicio indebido de la función pública, 23 por lesiones, 12 por violaciones al derecho y la legalidad, y 83 clasificadas como otras.
Las mil 143 quejas presentadas contra la Sedena el año pasado la convirtieron, por primera vez, en el área del Gobierno federal con mayor número de presuntas violaciones a los derechos humanos, por encima del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Educación Pública.
De acuerdo con un informe de la Sedena presentado en febrero pasado en Ginebra, Suiza, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los últimos dos años se han abierto 27 expedientes en contra de 40 militares que presuntamente incurrieron en violaciones a las garantías fundamentales.
Durante 2008, de acuerdo con la Sedena, a través de su Dirección General de Derechos Humanos se le dio capacitación en esa materia a 266 generales, 3 mil 330 jefes, 16 mil 295 oficiales, 60 mil 822 integrantes de la tropa y 2 mil 301 rurales.
El mes pasado, el titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, el General Brigadier Jaime Antonio López Portillo, admitió que en algunos casos, durante las acciones que desarrollan contra el narcotráfico, se ocasionan perjuicios a la sociedad civil.
"La legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a la garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en las que es inevitable o desgraciadamente se puede generar alguna problemática en la que se lleva a cabo algún daño a las personas o a la propiedad", dijo entonces.
Algunas de las incursiones ilegales en las que presuntamente ha incurrido la Sedena han motivado recomendaciones de la CNDH. Una de ellas es la 38/2007 emitida en septiembre de 2007 por los cateos sin orden judicial y los presuntos abusos que militares cometieron en los poblados de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo.
Entre el 2 y 4 de mayo de ese año, los militares sitiaron los tres pueblos en busca de los asesinos de cinco militares que habían sido emboscados en Carácuaro y que, en ese momento, era el mayor número de soldados muertos tras un ataque del crimen organizado.
Rolando Herrera, Reforma, 29 de abril.
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