Ampara juez a indígenas acusados de matar a informante del Ejército

El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco concedió un amparo a otros cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que son señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército, ocurrido en enero del 2008.

A principios de este año, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez –ex presidente de la OPIM–, Braulio Manzanares Lorenzo –hermano del ex preso de El Camalote Orlando Manzanares Lorenzo–, José Eugenio Cruz, Félix Ortega Dolores y Merced Santiago Lorenzo solicitaron la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión que les dictó el juez de primera instancia radicado en Ayutla de los Libres, Jesús Sánchez Sánchez.

El amparo fue tramitado ante la jueza octava de Distrito, Libia Lizbeth Larumbe Radilla, quien el pasado 21 de abril emitió su fallo a favor de los cinco defensores de derechos humanos, resolviendo que no existen elementos de prueba que corroboren su participación, ya sea como autores materiales o intelectuales en el crimen de Alejandro Feliciano García. Con esta resolución queda sin efecto la orden de aprehensión librada en contra de los cinco integrantes de la organización Me’phaa.

Esta es la segunda ocasión en que la juez octava de Distrito ampara a miembros de la OPIM, pues en octubre del año pasado otorgó un primer amparo a cuatro de los cinco indígenas me’phaa que estaban recluidos en el penal de Ayutla y que fueron adoptados por Amnistía Internacional como presos de conciencia.

El Centro de Derechos Humanos de Tlachinolla informó que en esa ocasión los indígenas encarcelados no fueron liberados de inmediato porque la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, aun cuando no contaba con elementos jurídicos para ello; su único objetivo fue postergar la detención de los cuatro defensores de derechos humanos. Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la resolución de la juez octava de Distrito y el día 19 de marzo del año en curso se ordenó la inmediata libertad de los cuatro presos de conciencia.

La nueva resolución de la juez octava de Distrito Libia Lizbeth Larumbe Radilla corrobora que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fabricó un expediente y el Poder Judicial, apartándose de los principios de imparcialidad e independencia, dictó una orden de aprensión que era ilegal y contenía vicios de origen, contra los defensores de derechos humanos de la OPIM.

Horacio Ramos en Acapulco, Crónica, 30 de abril.