La introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al País será considerada como una amenaza nacional, aprobó este martes el Senado de la República.
En las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que fueron propuestas por el PRI, se obliga a la Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la PFP, coadyuve con la Secretaría de Hacienda y Aduanas en la seguridad y vigilancia de todos los puentes internacionales del País para evitar el tráfico, pues actualmente la legislación no aclara esta atribución.
Esto, aclara el documento, para que los servidores públicos de la SSP que participen con los delincuentes para ejecutar este ilícito, se les puedan fincar sanciones como autoridades por corrupción.
En la ley vigente se establecen 12 tipos de amenazas a la seguridad nacional, entre ellas el espionaje, rebelión, traición a la patria o genocidio en contra del País; actos de interferencia extranjera; sabotaje a las acciones contra la delincuencia organizada; actos contra la seguridad de la aviación; atentados contra el personal diplomático; financiamiento a organizaciones terroristas; y la destrucción de infraestructura estratégica.
En la minuta aprobada, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su aval, los senadores consideran que la proliferación de armas de fuego sin control ocasiona que estos artefactos caigan en manos no sólo de la delincuencia organizada sino también de los delincuentes comunes y hasta de grupos terroristas, por lo que constituye una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional.
Para el Senado, el 90 por ciento de las armas de fuego utilizadas por la delincuencia organizada provienen del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, pues se tienen detectados 12 mil puntos de venta a lo largo de toda su frontera sur.
"En nuestro país se han perdido miles de vidas en hechos relacionados con armas de fuego, cifra que iguala las bajas ocurridas en Iraq, pero con la diferencia de que allá han ocurrido durante los últimos seis años, mientras que aquí en meses", indica el dictamen.
En las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que fueron propuestas por el PRI, se obliga a la Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la PFP, coadyuve con la Secretaría de Hacienda y Aduanas en la seguridad y vigilancia de todos los puentes internacionales del País para evitar el tráfico, pues actualmente la legislación no aclara esta atribución.
Esto, aclara el documento, para que los servidores públicos de la SSP que participen con los delincuentes para ejecutar este ilícito, se les puedan fincar sanciones como autoridades por corrupción.
En la ley vigente se establecen 12 tipos de amenazas a la seguridad nacional, entre ellas el espionaje, rebelión, traición a la patria o genocidio en contra del País; actos de interferencia extranjera; sabotaje a las acciones contra la delincuencia organizada; actos contra la seguridad de la aviación; atentados contra el personal diplomático; financiamiento a organizaciones terroristas; y la destrucción de infraestructura estratégica.
En la minuta aprobada, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su aval, los senadores consideran que la proliferación de armas de fuego sin control ocasiona que estos artefactos caigan en manos no sólo de la delincuencia organizada sino también de los delincuentes comunes y hasta de grupos terroristas, por lo que constituye una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional.
Para el Senado, el 90 por ciento de las armas de fuego utilizadas por la delincuencia organizada provienen del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, pues se tienen detectados 12 mil puntos de venta a lo largo de toda su frontera sur.
"En nuestro país se han perdido miles de vidas en hechos relacionados con armas de fuego, cifra que iguala las bajas ocurridas en Iraq, pero con la diferencia de que allá han ocurrido durante los últimos seis años, mientras que aquí en meses", indica el dictamen.
Érika Hernández y Claudia Guerrero, Reforma, 29 de abril.
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