“Esta comisión no comparte que se prolongue el aseguramiento en términos de las fracciones segunda, tercera y octava, debido a que se deja abierta la posibilidad de que el migrante pueda permanecer asegurado por tiempo indefinido, sin que la autoridad se vea obligada a adoptar medidas para resolver dentro del marco legal su situación migratoria”, advirtió.
El documento de la CNDH fue enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el pasado 24 de abril; esta y otras observaciones de defensores de derechos humanos habían obligado al gobierno a replantear varias veces algunos de sus propósitos, delineados desde 2007.
Sin embargo, el aviso acerca de la existencia de los nuevos comentarios de la CNDH mereció sólo un enunciado en el último párrafo de un oficio enviado por la coordinadora general de la Cofemer, Martha Fabiola Carreón, a Abel Ignacio Cuevas Melo, a quien todavía se hace referencia como oficial mayor de Gobernación, pese a que dejó ese cargo el mes pasado.
En ese oficio, la Cofemer dio luz verde –tras casi dos años de análisis– para que proceda con las formalidades para la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de las nuevas reglas para las estaciones migratorias, es decir, el trámite previo a su entrada en vigor.
En la carta –recibida en la Oficialía Mayor el pasado lunes– se hacen sugerencias sobre el dictamen final del acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración; por ejemplo, la Cofemer pide a Gobernación precisar el momento en que se aplicará la revisión física a los extranjeros indocumentados alojados en alguna de las 48 estaciones del país.
También pide que se indique la ubicación exacta de los alojados y le advierte que no puede negar a representantes de indocumentados el acceso a constancias médicas.
La CNDH insistió en que algunas disposiciones deben ser garantizadas en apoyo del migrante, como el traslado seguro para su atención médica especializada.
El organismo propone que se fijen dietas especiales y otras medidas de protección a indocumentados en situación vulnerable, especialmente menores de edad, lactantes, mujeres y ancianos.
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