El lunes por la noche, a pregunta expresa del coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, expresó que se requiere un marco jurídico que regule la participación militar en el combate al narcotráfico, porque la falta de ese sustento legal ha provocado ya resistencias de generales y comandantes de zonas militares.
Varios legisladores asistentes a la reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado con el Gabinete de Seguridad Nacional confirmaron que el general Galván reiteró que las fuerzas armadas requieren un nuevo marco regulatorio, ya que el actual no es suficiente e inhibe la actuación de algunos generales, por el temor de ser juzgados en el futuro.
Aunque no todos los senadores asistentes aceptaron detallar lo planteado por el titular de la Sedena, ya que hubo un acuerdo de confidencialidad sobre lo tratado en ese encuentro, algunos legisladores aceptaron reconstruir parte de su intervención.
Señalaron que Monreal pidió aclarar el tema del fuero militar y los derechos humanos, para saber si los militares están dispuestos a que los ilícitos que cometan en funciones contra el narcotráfico sean sancionados por tribunales civiles.
Como no hubo respuesta a esa primera intervención, en una segunda Monreal Ávila le pidió directamente al general Galván que le contestara. Y fue el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el que habló primero. Dijo que actualmente existe ya la declinación de competencias, cuando un tribunal militar decide que esos ilícitos sean sancionados por juzgados civiles, pero esto, precisó, no es obligatorio.
Por ello, Gómez Mont planteó que sí están abiertos a que se revise el fuero militar. Luego, el titular de la Sedena intervino para señalar la preocupación que hay en el Ejército por la inexistencia de una ley que sustente su intervención en tareas de seguridad pública.
Sobre el fuero militar, el general Galván sostuvo que están dispuestos a revisar “su casa”, y si se están cometiendo abusos, corregirlos y enmendarlos. Aseguró que hay apertura para revisar el Código de Justicia Militar, siempre y cuando no se vulneren los dos principios básicos de todo Ejército: obediencia jerárquica y disciplina militar.
Por otra parte, durante una entrevista con una estación de radio, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, comentó que “no es la primera vez” que el general Galván plantea la desprotección legal en que se encuentra el Ejército. En diversas ocasiones, detalló, el funcionario ha insistido en que los militares requieren tener hacia el futuro una protección legal en cada uno de los movimientos que llevan a cabo para combatir al crimen organizado. Precisó que la reunión fue a puerta cerrada para salvaguardar la confidencialidad de muchos de los datos que se ponen sobre la mesa y que no es conveniente que salgan a la luz pública, ya que podrían conocerlos los grupos delictivos.
También en entrevista, el senador del PRD René Arce, quien asistió al encuentro, dijo que el tema lo sacó a relucir “un senador”, pero no es nuevo, ya que el secretario de la Defensa lo ha planteado en otras ocasiones en encuentros privados con legisladores de todos los partidos.
“El general Galván ha sido muy claro, lo ha dicho por lo menos en tres ocasiones; quieren que el Congreso les dé todas las seguridades jurídicas para que lo que ellos están haciendo ahora en la lucha contra el crimen organizado, el día de mañana no vaya a tener repercusiones. Así lo ha planteado una y otra vez.”
Arce agregó que Galván Galván argumentó que se requiere esa legalización, para no estar dependiendo sólo de la jurisprudencia de la Suprema Corte. “Él ha dicho también que hay preocupación por el riesgo de que en el futuro se emprenda una serie de acciones jurídicas que puedan cercar al Ejército, por eso plantea que urge que se legisle”.
Se entiende, dijo, que hay más inquietud ahora entre las fuerzas armadas por recomendaciones internacionales, sobre todo la de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Estaban muy reacios a ver lo del fuero militar, pero ahora ya se dieron cuenta que, ni modo, se va a tener que plantear”, dijo.
Varios legisladores asistentes a la reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado con el Gabinete de Seguridad Nacional confirmaron que el general Galván reiteró que las fuerzas armadas requieren un nuevo marco regulatorio, ya que el actual no es suficiente e inhibe la actuación de algunos generales, por el temor de ser juzgados en el futuro.
Aunque no todos los senadores asistentes aceptaron detallar lo planteado por el titular de la Sedena, ya que hubo un acuerdo de confidencialidad sobre lo tratado en ese encuentro, algunos legisladores aceptaron reconstruir parte de su intervención.
Señalaron que Monreal pidió aclarar el tema del fuero militar y los derechos humanos, para saber si los militares están dispuestos a que los ilícitos que cometan en funciones contra el narcotráfico sean sancionados por tribunales civiles.
Como no hubo respuesta a esa primera intervención, en una segunda Monreal Ávila le pidió directamente al general Galván que le contestara. Y fue el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el que habló primero. Dijo que actualmente existe ya la declinación de competencias, cuando un tribunal militar decide que esos ilícitos sean sancionados por juzgados civiles, pero esto, precisó, no es obligatorio.
Por ello, Gómez Mont planteó que sí están abiertos a que se revise el fuero militar. Luego, el titular de la Sedena intervino para señalar la preocupación que hay en el Ejército por la inexistencia de una ley que sustente su intervención en tareas de seguridad pública.
Sobre el fuero militar, el general Galván sostuvo que están dispuestos a revisar “su casa”, y si se están cometiendo abusos, corregirlos y enmendarlos. Aseguró que hay apertura para revisar el Código de Justicia Militar, siempre y cuando no se vulneren los dos principios básicos de todo Ejército: obediencia jerárquica y disciplina militar.
Por otra parte, durante una entrevista con una estación de radio, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, comentó que “no es la primera vez” que el general Galván plantea la desprotección legal en que se encuentra el Ejército. En diversas ocasiones, detalló, el funcionario ha insistido en que los militares requieren tener hacia el futuro una protección legal en cada uno de los movimientos que llevan a cabo para combatir al crimen organizado. Precisó que la reunión fue a puerta cerrada para salvaguardar la confidencialidad de muchos de los datos que se ponen sobre la mesa y que no es conveniente que salgan a la luz pública, ya que podrían conocerlos los grupos delictivos.
También en entrevista, el senador del PRD René Arce, quien asistió al encuentro, dijo que el tema lo sacó a relucir “un senador”, pero no es nuevo, ya que el secretario de la Defensa lo ha planteado en otras ocasiones en encuentros privados con legisladores de todos los partidos.
“El general Galván ha sido muy claro, lo ha dicho por lo menos en tres ocasiones; quieren que el Congreso les dé todas las seguridades jurídicas para que lo que ellos están haciendo ahora en la lucha contra el crimen organizado, el día de mañana no vaya a tener repercusiones. Así lo ha planteado una y otra vez.”
Arce agregó que Galván Galván argumentó que se requiere esa legalización, para no estar dependiendo sólo de la jurisprudencia de la Suprema Corte. “Él ha dicho también que hay preocupación por el riesgo de que en el futuro se emprenda una serie de acciones jurídicas que puedan cercar al Ejército, por eso plantea que urge que se legisle”.
Se entiende, dijo, que hay más inquietud ahora entre las fuerzas armadas por recomendaciones internacionales, sobre todo la de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Estaban muy reacios a ver lo del fuero militar, pero ahora ya se dieron cuenta que, ni modo, se va a tener que plantear”, dijo.
Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 14 de abril.
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