Los “daños colaterales” (muertes de civiles) a causa de la estrategia del gobierno mexicano contra el crimen organizado, a los que se refirió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, “no son algo menor”, aseveró el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori. Al respecto, Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional (AI) México, aseguró que estos “daños” representan una de las violaciones más graves a los derechos humanos: la pérdida de la vida.
Al participar en el foro La criminalización de la protesta social: nuevos retos para los defensores de derechos humanos, organizado por el Comité Cerezo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el representante de la ONU señaló que es imposible creer que todas las personas ejecutadas en México estén relacionadas con el narco, por lo que pidió a las autoridades erradicar la impunidad e investigar los hechos antes de afirmar que los fallecidos son criminales.
Interrogado sobre las afirmaciones del titular de la Sedena, durante una reunión entre senadores y el gabinete de seguridad, donde el general dijo que las muertes de civiles son “daños colaterales muy lamentables”, Brunori señaló que se debe combatir la impunidad frente a esos crímenes y no relacionar a los asesinados con la delincuencia organizada.
“Se debería hablar en el momento en que se investiguen (los hechos), hay mucha confusión en quiénes son las víctimas, de dónde vienen. El daño colateral no es cosa menor, pero la impunidad es lo que no permite investigar y sancionar a los responsables de esas muertes.”
Subrayó que no es creíble que todas las personas que han perdido la vida en el contexto del combate al narcotráfico sean integrantes de bandas del crimen que se matan unos a otros. “Y aunque fueran delincuentes, sus muertes no representan un verdadero respeto al estado de derecho; si son criminales deben ser juzgados”.
A su vez, el director de AI México se refirió a las reformas necesarias al fuero militar para evitar que los crímenes cometidos por soldados contra la ciudadanía queden impunes: “No hay que perder de vista que estas reformas legislativas no tienen que contar con el acuerdo de la Sedena. Es una obligación de los legisladores armonizar la ley de acuerdo con los estándares internacionales. Y es obligación del Ejército someterse a esos estándares legislados y a la autoridad civil”.
Sobre las afirmaciones de Galván, Herrera indicó que durante este sexenio se han minimizado las violaciones a los derechos humanos, por lo que sorprende que el general considere las muertes civiles “daño colateral”, cuando el propio Felipe Calderón ha desdeñado estas acusaciones y exige pruebas de casos de abusos del Ejército.
Finalmente, Francisco Cerezo, del comité organizador del foro, resaltó que la guerra contra el narcotráfico no puede ponerse por encima de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Al participar en el foro La criminalización de la protesta social: nuevos retos para los defensores de derechos humanos, organizado por el Comité Cerezo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el representante de la ONU señaló que es imposible creer que todas las personas ejecutadas en México estén relacionadas con el narco, por lo que pidió a las autoridades erradicar la impunidad e investigar los hechos antes de afirmar que los fallecidos son criminales.
Interrogado sobre las afirmaciones del titular de la Sedena, durante una reunión entre senadores y el gabinete de seguridad, donde el general dijo que las muertes de civiles son “daños colaterales muy lamentables”, Brunori señaló que se debe combatir la impunidad frente a esos crímenes y no relacionar a los asesinados con la delincuencia organizada.
“Se debería hablar en el momento en que se investiguen (los hechos), hay mucha confusión en quiénes son las víctimas, de dónde vienen. El daño colateral no es cosa menor, pero la impunidad es lo que no permite investigar y sancionar a los responsables de esas muertes.”
Subrayó que no es creíble que todas las personas que han perdido la vida en el contexto del combate al narcotráfico sean integrantes de bandas del crimen que se matan unos a otros. “Y aunque fueran delincuentes, sus muertes no representan un verdadero respeto al estado de derecho; si son criminales deben ser juzgados”.
A su vez, el director de AI México se refirió a las reformas necesarias al fuero militar para evitar que los crímenes cometidos por soldados contra la ciudadanía queden impunes: “No hay que perder de vista que estas reformas legislativas no tienen que contar con el acuerdo de la Sedena. Es una obligación de los legisladores armonizar la ley de acuerdo con los estándares internacionales. Y es obligación del Ejército someterse a esos estándares legislados y a la autoridad civil”.
Sobre las afirmaciones de Galván, Herrera indicó que durante este sexenio se han minimizado las violaciones a los derechos humanos, por lo que sorprende que el general considere las muertes civiles “daño colateral”, cuando el propio Felipe Calderón ha desdeñado estas acusaciones y exige pruebas de casos de abusos del Ejército.
Finalmente, Francisco Cerezo, del comité organizador del foro, resaltó que la guerra contra el narcotráfico no puede ponerse por encima de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 14 de abril.
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