La iniciativa de Ley General de Cambio Climático que presentó el panista Alberto Cárdenas Jiménez, con el apoyo de 28 senadores más, no contribuye a reducir de forma efectiva las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) y menciona esquemas que aún no han sido aprobados a escala internacional.
De acuerdo con un análisis de expertos en el tema y de la organización Greenpeace, sería importante el establecimiento de una legislación en la materia para concretar las medidas que se deben aplicar en el país por el cambio climático, y para que tengan un marco jurídico, pero las que presenta el legislador panista están más encaminadas a promover un mercado de carbono.
Especialistas del Instituto Nacional de Ecología (INE) consideraron que esta iniciativa puede ser el punto de partida para discutir una legislación en la materia y hay países que ya la están impulsando, como Estados Unidos e India.
La iniciativa fue presentada a unos meses de que se realice en México la 16 Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que se celebrará en diciembre.
Cuando Cárdenas Jiménez fue secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Vicente Fox, el Senado modificó unilateralmente la Norma 022 de manglares, para que esta vegetación se pudiera talar a cambio de una compensación económica, a pesar de que especialistas han señalado que son barreras naturales contra huracanes, los cuales se prevé se acentúen e intensifiquen precisamente con el cambio climático.
En un análisis, Greenpeace advirtió del riesgo de que se presenten iniciativas inconsistentes, desordenadas o que realmente buscan mercantilizar el problema del cambio climático mediante los bonos de carbono.
Consideró que para reducir las emisiones crecientes de México se deben establecer planes congruentes para detener la deforestación; aprovechar el gran potencial de eficiencia energética e incorporar de forma ambiciosa la participación de las fuentes de energía renovables en la matriz energética del país.
La iniciativa se refiere al “fondo verde” mexicano como un instrumento para que el gobierno contrate recursos provenientes de organismos financieros internacionales. Este mecanismo fue propuesto por nuestro país en las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático, pero no ha sido aprobado.
Greenpeace agregó que también se detectaron inconsistencias graves entre los objetivos y los mecanismos que plantea la iniciativa, como la promesa del presidente Felipe Calderón de reducir las emisiones de GEI en 50 por ciento para el año 2050, lo cual debería ser parte del objetivo mismo de la ley y no de un transitorio,
Señaló que se plantean prácticas y tecnologías que no atacan la raíz del problema, tales como la reforestación, el fomento de las plantaciones forestales comerciales y la captura y almacenamiento geológico de carbono. La reforestación, precisó, no compensa el carbono perdido por la deforestación o degradación de bosques naturales sino hasta después de varias décadas o incluso siglos.
La organización agregó que para detener la deforestación se requiere un profundo análisis de las causas que generan esta situación, y una integración de las políticas ambiental, agrícola y social, lo cual no está contemplado en esta ley.
Además, el documento propone figuras e iniciativas que ya existen, como una Comisión de Cambio Climático, que actualmente es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y un Registro Nacional de Emisiones, pese a que hay un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
De acuerdo con un análisis de expertos en el tema y de la organización Greenpeace, sería importante el establecimiento de una legislación en la materia para concretar las medidas que se deben aplicar en el país por el cambio climático, y para que tengan un marco jurídico, pero las que presenta el legislador panista están más encaminadas a promover un mercado de carbono.
Especialistas del Instituto Nacional de Ecología (INE) consideraron que esta iniciativa puede ser el punto de partida para discutir una legislación en la materia y hay países que ya la están impulsando, como Estados Unidos e India.
La iniciativa fue presentada a unos meses de que se realice en México la 16 Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que se celebrará en diciembre.
Cuando Cárdenas Jiménez fue secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Vicente Fox, el Senado modificó unilateralmente la Norma 022 de manglares, para que esta vegetación se pudiera talar a cambio de una compensación económica, a pesar de que especialistas han señalado que son barreras naturales contra huracanes, los cuales se prevé se acentúen e intensifiquen precisamente con el cambio climático.
En un análisis, Greenpeace advirtió del riesgo de que se presenten iniciativas inconsistentes, desordenadas o que realmente buscan mercantilizar el problema del cambio climático mediante los bonos de carbono.
Consideró que para reducir las emisiones crecientes de México se deben establecer planes congruentes para detener la deforestación; aprovechar el gran potencial de eficiencia energética e incorporar de forma ambiciosa la participación de las fuentes de energía renovables en la matriz energética del país.
La iniciativa se refiere al “fondo verde” mexicano como un instrumento para que el gobierno contrate recursos provenientes de organismos financieros internacionales. Este mecanismo fue propuesto por nuestro país en las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático, pero no ha sido aprobado.
Greenpeace agregó que también se detectaron inconsistencias graves entre los objetivos y los mecanismos que plantea la iniciativa, como la promesa del presidente Felipe Calderón de reducir las emisiones de GEI en 50 por ciento para el año 2050, lo cual debería ser parte del objetivo mismo de la ley y no de un transitorio,
Señaló que se plantean prácticas y tecnologías que no atacan la raíz del problema, tales como la reforestación, el fomento de las plantaciones forestales comerciales y la captura y almacenamiento geológico de carbono. La reforestación, precisó, no compensa el carbono perdido por la deforestación o degradación de bosques naturales sino hasta después de varias décadas o incluso siglos.
La organización agregó que para detener la deforestación se requiere un profundo análisis de las causas que generan esta situación, y una integración de las políticas ambiental, agrícola y social, lo cual no está contemplado en esta ley.
Además, el documento propone figuras e iniciativas que ya existen, como una Comisión de Cambio Climático, que actualmente es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y un Registro Nacional de Emisiones, pese a que hay un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
Angélica Enciso, La Jornada, 12 de abril.
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