A unos días de la fecha prevista para la entrada en vigor de la Ley 1070 en Arizona, el 29 de julio, activistas estadounidenses subrayan que el centro del debate tiene que ver con la reactivación de expresiones de intolerancia y odio racial.
El pasado 25 de junio, la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, justificó la Ley 1070 argumentando que la mayoría de quienes cruzan ilegalmente la frontera están bajo el control de los cárteles de la droga.
Algo similar sostiene la American Border Patrol, un grupo antimigrante en Arizona que acusa a los mexicanos de llevar a Estados Unidos el crimen, las drogas y la miseria.
"Muchos de los grupos de odio en EU piensan que la Gobernadora (Jan) Brewer es una gran heroína de la raza aria", señala Mark Potok, especialista del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización con sede en Alabama dedicada a combatir el odio y la intolerancia racial.
Para el SPLC no hay duda: Brewer y otros republicanos se han alineado con el discurso de los grupos de odio contra los migrantes latinos.
El Gobierno de Arizona abrió una cuenta para recibir aportaciones económicas para pagar la defensa de la Ley 1070, luego de que el Gobierno del Presidente Barack Obama interpusiera una demanda en un intento por anularla.
El 10 de julio, Brewer escribió en su cuenta de twitter: "¡El nuevo total para el fondo de defensa se acerca al millón (de dólares)! Gracias por ayudar a defender Arizona".
Asociaciones como la American Third Position, que defiende los intereses de los estadounidenses blancos, han aportado abiertamente dinero a esta cuenta, pues para sus integrantes constituye una oportunidad única para reducir la población indocumentada en EU, calculada, según esa organización en entre 12 y 20 millones de personas (la Oficina del Censo estima sólo 11.5 millones).
Recientemente, el grupo antimigrante más grande de Estados Unidos, la Federación por una Reforma Americana de Inmigración (FAIR, por sus siglas en inglés) publicó un estudio que concluye que la inmigración ilegal cuesta 113 mil millones de dólares anuales a los contribuyentes de ese país.
Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera, una organización que lucha en contra de las muertes de migrantes en la frontera, advierte que FAIR es una de las organizaciones que trabaja con congresistas republicanos en la elaboración de una reforma migratoria restrictiva.
"El vocero de ese grupo es congresista aquí en San Diego. Se llama Brian Bilbray. Hay gente como él en el Congreso trabajando en una reforma de inmigración abiertamente racista. Tiene mucho dinero tras de él", comenta en entrevista.
Morones encabezó el pasado 14 de julio las protestas en Anaheim, California, donde se realizó el Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol estadounidense, para evitar que en 2011 el encuentro tenga lugar en Phoenix, Arizona, como parte del boicot por la aprobación de la Ley 1070.
Hace 20 años, el hoy activista fue contratado por el equipo de los Padres de San Diego como vicepresidente de mercadotecnia. Entre 1995 a 2001 logró incrementar la asistencia al estadio de 50 mil a 800 mil aficionados, en su gran mayoría latinos.
En pos de la unidad
La veracruzana Alma Mendoza, de 37 años y radicada en Arizona, tiene tres hijos nacidos en EU. Pese a ser ciudadanos de EU podrán ser detenidos bajo la nueva legislación sólo por sus rasgos físicos.
A contracorriente de una ola de migrantes mexicanos que han preferido encerrarse en sus casas en Arizona, mudarse a otro estado de EU o regresar a México, Mendoza organiza dos juntas semanales para informar a la comunidad latina sobre sus derechos.
"En este punto no estamos unidos. La gente prefiere mudarse para otros estados que quedarse a luchar acá", reprocha la activista.
"Nosotros queremos que la comunidad se una y por medio de manifestaciones podamos hacer algo en contra de todas esas leyes y todo ese racismo".
Isabel García, abogada de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, remarca que el objetivo inmediato es ganar tiempo, impidiendo que la Ley 1070 entre en vigor.
Su referencia es la Propuesta 187, aprobada en 1994 en California, que negaba a los migrantes indocumentados servicios sociales y tardó 5 años en ser declarada inconstitucional.
"Mientras tanto las cortes en el estado frenaron la ley y dieron el 'preliminary injunction' (suspensión provisional)", apunta.
"Eso es lo que esperamos, porque si no frenan la implementación de la ley, veo una situación explosiva en el estado de Arizona y en todo el país", alerta.
En números
Arizona es uno de los estados de EU con mayor proporción de población inmigrante:
- 932 mil extranjeros radicaban en el estado en 2008
- 33.2% llegaron durante la actual década
- 65.6 proceden de México.
El pasado 25 de junio, la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, justificó la Ley 1070 argumentando que la mayoría de quienes cruzan ilegalmente la frontera están bajo el control de los cárteles de la droga.
Algo similar sostiene la American Border Patrol, un grupo antimigrante en Arizona que acusa a los mexicanos de llevar a Estados Unidos el crimen, las drogas y la miseria.
"Muchos de los grupos de odio en EU piensan que la Gobernadora (Jan) Brewer es una gran heroína de la raza aria", señala Mark Potok, especialista del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización con sede en Alabama dedicada a combatir el odio y la intolerancia racial.
Para el SPLC no hay duda: Brewer y otros republicanos se han alineado con el discurso de los grupos de odio contra los migrantes latinos.
El Gobierno de Arizona abrió una cuenta para recibir aportaciones económicas para pagar la defensa de la Ley 1070, luego de que el Gobierno del Presidente Barack Obama interpusiera una demanda en un intento por anularla.
El 10 de julio, Brewer escribió en su cuenta de twitter: "¡El nuevo total para el fondo de defensa se acerca al millón (de dólares)! Gracias por ayudar a defender Arizona".
Asociaciones como la American Third Position, que defiende los intereses de los estadounidenses blancos, han aportado abiertamente dinero a esta cuenta, pues para sus integrantes constituye una oportunidad única para reducir la población indocumentada en EU, calculada, según esa organización en entre 12 y 20 millones de personas (la Oficina del Censo estima sólo 11.5 millones).
Recientemente, el grupo antimigrante más grande de Estados Unidos, la Federación por una Reforma Americana de Inmigración (FAIR, por sus siglas en inglés) publicó un estudio que concluye que la inmigración ilegal cuesta 113 mil millones de dólares anuales a los contribuyentes de ese país.
Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera, una organización que lucha en contra de las muertes de migrantes en la frontera, advierte que FAIR es una de las organizaciones que trabaja con congresistas republicanos en la elaboración de una reforma migratoria restrictiva.
"El vocero de ese grupo es congresista aquí en San Diego. Se llama Brian Bilbray. Hay gente como él en el Congreso trabajando en una reforma de inmigración abiertamente racista. Tiene mucho dinero tras de él", comenta en entrevista.
Morones encabezó el pasado 14 de julio las protestas en Anaheim, California, donde se realizó el Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol estadounidense, para evitar que en 2011 el encuentro tenga lugar en Phoenix, Arizona, como parte del boicot por la aprobación de la Ley 1070.
Hace 20 años, el hoy activista fue contratado por el equipo de los Padres de San Diego como vicepresidente de mercadotecnia. Entre 1995 a 2001 logró incrementar la asistencia al estadio de 50 mil a 800 mil aficionados, en su gran mayoría latinos.
En pos de la unidad
La veracruzana Alma Mendoza, de 37 años y radicada en Arizona, tiene tres hijos nacidos en EU. Pese a ser ciudadanos de EU podrán ser detenidos bajo la nueva legislación sólo por sus rasgos físicos.
A contracorriente de una ola de migrantes mexicanos que han preferido encerrarse en sus casas en Arizona, mudarse a otro estado de EU o regresar a México, Mendoza organiza dos juntas semanales para informar a la comunidad latina sobre sus derechos.
"En este punto no estamos unidos. La gente prefiere mudarse para otros estados que quedarse a luchar acá", reprocha la activista.
"Nosotros queremos que la comunidad se una y por medio de manifestaciones podamos hacer algo en contra de todas esas leyes y todo ese racismo".
Isabel García, abogada de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, remarca que el objetivo inmediato es ganar tiempo, impidiendo que la Ley 1070 entre en vigor.
Su referencia es la Propuesta 187, aprobada en 1994 en California, que negaba a los migrantes indocumentados servicios sociales y tardó 5 años en ser declarada inconstitucional.
"Mientras tanto las cortes en el estado frenaron la ley y dieron el 'preliminary injunction' (suspensión provisional)", apunta.
"Eso es lo que esperamos, porque si no frenan la implementación de la ley, veo una situación explosiva en el estado de Arizona y en todo el país", alerta.
En números
Arizona es uno de los estados de EU con mayor proporción de población inmigrante:
- 932 mil extranjeros radicaban en el estado en 2008
- 33.2% llegaron durante la actual década
- 65.6 proceden de México.
Silvia Garduño, Reforma, 25 de julio.
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