El juicio de revisión constitucional presentado por el PAN ante el Tribunal federal con fecha 1 de agosto, solicita la anulación de la elección de Gobernador, en donde compitió el panista Miguel Ángel Yunes.
En el recurso de 470 páginas -del cual REFORMA tiene una copia-, el PAN se inconforma con la falta de exhaustividad y atención por parte del tribunal local para revisar algunos indicios, como las grabaciones en donde el Gobernador Fidel Herrera opera las campañas priistas y otras pruebas que exhiben un desvío de recursos públicos, entre otras irregularidades.
El PAN acusa además el presunto rebase de topes de campaña y precampaña de los priistas.
El partido que postuló al ex director del ISSSTE para la Gubernatura se inconformó con la inequidad en medios de comunicación, la difusión de propaganda negra en contra de su candidato, la utilización de recursos de procedencia ilícita, coacción del voto de los electores y compra de nombramientos de representantes de casilla entre otros puntos.
Cuestionó, incluso, la legalidad del dictamen del tribunal local, pues sostiene que dos magistrados de ese órgano jurisdiccional concluyeron su cargo el 26 de julio y la declaración de validez de la elección y de Gobernador Electo, fue formalizado dos días después.
En el caso de las grabaciones en donde se exhibe al Gobernador Fidel Herrera dando instrucciones para apoyar al candidato priista a la Gubernatura, Javier Duarte, el PAN considera que no se valora el fondo de lo que demuestra esta prueba.
"No se trata de comunicaciones privadas sino de instrucciones del titular del Poder Ejecutivo Estatal, a sus subordinados, quienes en ejercicio de su encargo, distraen recursos públicos (humanos, financieros y materiales), para apoyar las campañas del PRI, del candidato a Gobernador Javier Duarte y afectar directamente a Miguel Ángel Yunes Linares, a quien identifican como el demonio o diablo azul", apunta el partido.
El blanquiazul sostiene que no es una sola circunstancia la que hace solicitar la anulación de la elección, sino la convicción de que con la concurrencia de una serie de irregularidades y con los indicios de muchas más, sustentadas, algunas de ellas en testimonios notariales, se violaron los principios constitucionales para una elección libre y democrática.
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