Amnistía Internacional (AI) expresó ayer su condena a la decisión de la Procuraduría de Guerrero de mantener el cargo de homicidio en contra de Raúl Hernández, defensor indígena de los derechos humanos, a pesar de que las evidencias, sostuvo, son poco confiables y fabricadas.
"La decisión de proceder sobre los cargos fabricados de asesinato contra Raúl Hernández es parte de una campaña sistemática de las autoridades mexicanas contra miembros de esta comunidad indígena, quienes defienden los derechos humanos de su pueblo", señaló Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de AI, de acuerdo con un comunicado.
La organización recordó que inició una campaña por la liberación de Hernández desde noviembre de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de conciencia.
Hernández fue acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1 de enero de 2008 en la comunidad El Camalote.
Sin embargo, remarcó AI, existen declaraciones de testigos oculares que establecen que se no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato.
El caso contra Hernández, consideró, es una represalia por parte de las autoridades por sus actividades de promoción de los derechos indígenas a través de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa y por exponer abuso sde caciques locales y militares.
Tras la decisión de la Procuraduría de continuar con las acusaciones, el caso se encuentra en manos del Juez de Distrito. Se espera se decida sobre el caso en los próximos días.
"La decisión de proceder sobre los cargos fabricados de asesinato contra Raúl Hernández es parte de una campaña sistemática de las autoridades mexicanas contra miembros de esta comunidad indígena, quienes defienden los derechos humanos de su pueblo", señaló Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de AI, de acuerdo con un comunicado.
La organización recordó que inició una campaña por la liberación de Hernández desde noviembre de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de conciencia.
Hernández fue acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1 de enero de 2008 en la comunidad El Camalote.
Sin embargo, remarcó AI, existen declaraciones de testigos oculares que establecen que se no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato.
El caso contra Hernández, consideró, es una represalia por parte de las autoridades por sus actividades de promoción de los derechos indígenas a través de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa y por exponer abuso sde caciques locales y militares.
Tras la decisión de la Procuraduría de continuar con las acusaciones, el caso se encuentra en manos del Juez de Distrito. Se espera se decida sobre el caso en los próximos días.
Reforma, 8 de agosto.
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