BUENOS AIRES.— “La venganza es un plato que se come frío, y cuanto más frío mejor”. El popular dicho podría haberle caído como anillo al dedo al reciente fallo de la Corte Constitucional colombiana que se opuso al acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos —conociendo la difícil relación que el tribunal tuvo con el ex presidente Álvaro Uribe—, si no fuera porque el mismo está sólidamente sustentado y no impedirá al nuevo gobierno contar la preciada ayuda estadounidense.
La corte, que ya había frustrado las esperanzas reeleccionistas de Uribe en marzo último, se opuso al acuerdo por “inconstitucional”, ya que en su momento y en medio de las críticas de los países vecinos, incluso de Brasil, la administración Uribe evitó someterlo al voto del Congreso. Por eso la corte ordenó el cese del acuerdo, aunque permitió que el personal militar estadounidense pueda permanecer en el país, pero no en las siete bases donde estaban esparcidos, sino en edificios comprendidos en los acuerdos castrenses internacionales vigentes.
No son pocos los que opinan que el fallo es una respuesta tardía a Uribe y la pésima relación que supo cosechar con la justicia, principalmente con la Corte Suprema. Pero los mismos que rieron al conocer el fallo firmado por el presidente de la corte, Mauricio González, son conscientes de que “habrá militares estadounidenses en el país por muchos años, con acuerdo o sin acuerdo”, según el dirigente opositor Carlos Gaviria.
El fallo fue resultado de la presentación judicial hecha el año pasado por el Comité Permanente de Derechos Humanos, argumentando que no existía acuerdo bilatareal o tratado internacional alguno que admitiera presencia militar extranjera y armada en bases colombianas.
Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que participó de la demanda, sostuvo que la misma se hizo “porque no se trataba de un acuerdo simplificado de otros como sostenía el gobierno, sino de un tratado que debía surtir el trámite legal correspondiente, ser aprobado por el Congreso y luego ser sometido al control de constitucionalidad de la Corte (...) Ahora logramos demostrar que era un acuerdo lesivo a los intereses nacionales sin reciprocidad en relación con lo que el gobierno entregaba a Estados Unidos”, explicó Pérez.
Desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que de inmediato acató el fallo, el tema fue visto como “un escollo”, según fuentes oficiales, pero ya están trabajando para reactivar legalmente la presencia militar de EU en el país. Según el ministro de Justicia, Germán Vargas Lleras, se buscará o bien una extensión de acuerdos preexistentes, o enviar un proyecto al Congreso donde la mayoría oficialista lo aprobaría sin problemas.
Al menos eso indican los números y las opiniones de los miembros de la coalición oficialista en el Congreso. Si como se estima, el tema termina pasando por el legislativo, “eso serviría al gobierno de Santos para marcar alguna diferencia con su antecesor. Nada se hace sin acatar la justicia y sin la opinión del Congreso”, dijo el analista Bernardo Gutiérrez.
Por si acaso, la oposición ya prepara sus baterías para intentar entorpecer el trámite. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, recordó que ese tratado no podría ser aprobado porque “no existe en la Constitución de 1991 ningún artículo que permita la construcción de bases militares ni el uso de bases colombianas por parte de tropas de otro país.
“Si el Congreso aprueba ese tratado la Corte Constitucional debería volver a fallar en contra”, acota Robledo.
En agosto de 2009, cuando Uribe anunció el acuerdo que comprendía las bases de la Fuerza Aérea en Tolemaida, Tres Esquinas, Larandia y las de Palenquero, y otras tres en las costas Caribe y Pacífica, las críticas y la controversia dominaron. Pero el periodo de Uribe ya es historia, igual que sus peleas con la justicia, que terminó por obligar al gobierno a ordenar el acuerdo militar aparecer más respetuoso de las instituciones.
La corte, que ya había frustrado las esperanzas reeleccionistas de Uribe en marzo último, se opuso al acuerdo por “inconstitucional”, ya que en su momento y en medio de las críticas de los países vecinos, incluso de Brasil, la administración Uribe evitó someterlo al voto del Congreso. Por eso la corte ordenó el cese del acuerdo, aunque permitió que el personal militar estadounidense pueda permanecer en el país, pero no en las siete bases donde estaban esparcidos, sino en edificios comprendidos en los acuerdos castrenses internacionales vigentes.
No son pocos los que opinan que el fallo es una respuesta tardía a Uribe y la pésima relación que supo cosechar con la justicia, principalmente con la Corte Suprema. Pero los mismos que rieron al conocer el fallo firmado por el presidente de la corte, Mauricio González, son conscientes de que “habrá militares estadounidenses en el país por muchos años, con acuerdo o sin acuerdo”, según el dirigente opositor Carlos Gaviria.
El fallo fue resultado de la presentación judicial hecha el año pasado por el Comité Permanente de Derechos Humanos, argumentando que no existía acuerdo bilatareal o tratado internacional alguno que admitiera presencia militar extranjera y armada en bases colombianas.
Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que participó de la demanda, sostuvo que la misma se hizo “porque no se trataba de un acuerdo simplificado de otros como sostenía el gobierno, sino de un tratado que debía surtir el trámite legal correspondiente, ser aprobado por el Congreso y luego ser sometido al control de constitucionalidad de la Corte (...) Ahora logramos demostrar que era un acuerdo lesivo a los intereses nacionales sin reciprocidad en relación con lo que el gobierno entregaba a Estados Unidos”, explicó Pérez.
Desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que de inmediato acató el fallo, el tema fue visto como “un escollo”, según fuentes oficiales, pero ya están trabajando para reactivar legalmente la presencia militar de EU en el país. Según el ministro de Justicia, Germán Vargas Lleras, se buscará o bien una extensión de acuerdos preexistentes, o enviar un proyecto al Congreso donde la mayoría oficialista lo aprobaría sin problemas.
Al menos eso indican los números y las opiniones de los miembros de la coalición oficialista en el Congreso. Si como se estima, el tema termina pasando por el legislativo, “eso serviría al gobierno de Santos para marcar alguna diferencia con su antecesor. Nada se hace sin acatar la justicia y sin la opinión del Congreso”, dijo el analista Bernardo Gutiérrez.
Por si acaso, la oposición ya prepara sus baterías para intentar entorpecer el trámite. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, recordó que ese tratado no podría ser aprobado porque “no existe en la Constitución de 1991 ningún artículo que permita la construcción de bases militares ni el uso de bases colombianas por parte de tropas de otro país.
“Si el Congreso aprueba ese tratado la Corte Constitucional debería volver a fallar en contra”, acota Robledo.
En agosto de 2009, cuando Uribe anunció el acuerdo que comprendía las bases de la Fuerza Aérea en Tolemaida, Tres Esquinas, Larandia y las de Palenquero, y otras tres en las costas Caribe y Pacífica, las críticas y la controversia dominaron. Pero el periodo de Uribe ya es historia, igual que sus peleas con la justicia, que terminó por obligar al gobierno a ordenar el acuerdo militar aparecer más respetuoso de las instituciones.
José Vales corresponsal, El Universal, 23 de agosto.
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