El presidente Felipe Calderón mantendrá al Ejército en las calles hasta el último día de su mandato si de aquí a dos años no hay 32 policías “confiables y fuertes” para combatir a la delincuencia, y advirtió que si el Congreso no reasigna recursos para las dependencias involucradas en la seguridad, la salida del gobierno federal será aumentar impuestos.
El mandatario comentó que “es necesario, por ejemplo, identificar aquellos programas [gubernamentales] que no han dado los resultados esperados y determinar la viabilidad de reasignar esos recursos a la seguridad. Si no hubiese una reasignación a fondo del gasto, lo que tendría que hacer el Estado es buscar nuevas fuentes de ingreso, lo que constituiría una carga para los contribuyentes”.
Calderón reconoció el reclamo hecho por los gobernadores la semana pasada, en el sentido de que el presupuesto federal ha crecido, pero no el de los estados, y afirmó que debe haber voluntad política en el Congreso para solventar el rezago.
En el marco de los debates Diálogos por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento —en el Campo Militar Marte—, Calderón dijo a los coordinadores parlamentarios que hay reformas pendientes y anunció que enviará, a partir de septiembre, tres iniciativas: la relativa al fuero militar; contra el lavado de dinero, y la que crea un nuevo tipo penal denominado “responsabilidad penal de personas morales”, para hacer corresponsables a todos los que participen en la comisión de un delito.
Permanencia del Ejército
Carlos Navarrete, quien acudió a la reunión como coordinador del PRD en el Senado, preguntó a Calderón la fecha exacta en que el Ejército abandonará las calles.
“¿Estarán después del último día de noviembre de 2012, cuando termina mi mandato? No lo sé; esa será una decisión y una responsabilidad de quien sea el comandante de las Fuerzas Armadas. Y al final de cuentas será una responsabilidad de los ciudadanos que elijan a quien tenga la titularidad del Ejecutivo después de esta administración”, contestó Calderón.
Condicionó el regreso de militares a los cuarteles a la aprobación de lo que perfiló como su prioridad legislativa: policías con mando único. “Lo que debemos hacer, a mi juicio, es acelerar la presencia de las policías [...] y de aquí a 2 años ojalá tengamos 32 policías confiables y fuertes. Si no lo logramos, no vamos a avanzar terminantemente a la victoria que buscamos”.
Exige unidad al Congreso
Aunque Calderón eludió reclamar directamente la ausencia del PRI, del PT y del líder de los diputados del PRD en la mesa de ayer, dijo que las diferencias dañan profundamente a la nación, pues la crisis de seguridad que enfrenta México exige de todos conciencia, compromiso, valentía, decisión, unidad y acción.
Aseguró que “las diferencias no debilitan ni desprestigian a la política; lo que daña profundamente a la nación es que la política no pueda trascender esas diferencias. El diálogo no supone renunciar a las tesis que nos distinguen ni sacrifica el juicio crítico sobre la realidad o sobre la acción de los gobiernos”.
El Presidente retomó algunas ideas de la oposición, como la de discutir la figura de los “jueces anónimos” y que los padres de familia elaboren el mapa criminal de los riesgos en las escuelas, como sugirió Reyes Tamez, coordinador de Nueva Alianza.
Dijo que la figura de los jueces sin rostro va en contra de una gran tradición del derecho en México, “pero en honor a la verdad, me he encontrado que los ciudadanos y los policías, y los jueces, y los Ministerios Públicos sí tienen un riesgo, en el sentido de que están totalmente expuestos a las venganzas de los criminales”.
El Ejecutivo federal admitió que la gente tiene miedo y por ello se debe revisar el caso específico de los jueces sin rostro, así como el de los testigos protegidos que criticó el senador Navarrete, porque, en su opinión, no se les debe dar la impunidad que no merecen y deben ser castigados por los delitos que cometieron.
PGR defiende arraigo
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, defendió la figura del arraigo y los testigos protegidos ante las críticas vertidas por Navarrete.
Comentó que estas dos figuras con mucha frecuencia dan mayor eficacia al trabajo que realiza la PGR.
Informó que del total de arraigos obtenidos por la PGR, 90% es consignado ante un juez. De ellos, a 90% se libra orden de aprehensión, y de esta cifra, al menos a 90% se le dicta formal prisión.
Pero cuando Navarrete preguntó a Chávez cuántas personas son sentenciadas en total, el procurador admitió no tener la cifra, además de que hay casos que todavía están en litigio en tribunales.
Los testigos colaboradores “lanzan acusaciones a diestra y siniestra”, y de ahí se sostiene la PGR para dar golpes espectaculares, acusó Navarrete, pero Chávez le respondió que esa figura facilita conocer a fondo a las organizaciones criminales, aunque no se les pueden fincar responsabilidades sólo por lo que declaren ante la PGR.
Admiten rezago legislativo
Gustavo Madero (PAN), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reconoció que hay rezago legislativo, y que en el caso del secuestro el Congreso está en deuda con los mexicanos.
Dijo que es “injustificable e inaceptable” supeditar el trabajo legislativo a la coyuntura electoral y a los tiempos políticos partidistas, porque se beneficia a los criminales y se pierde a los ciudadanos.
Admitió que hay iniciativas desde hace mucho tiempo en la congeladora del Congreso, como la Ley Federal de Armas de Fuego; la que garantiza seguridad a los familiares de los cuerpos de seguridad; la que dota de autonomía técnica a la PGR; las que sancionan penalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas que se pasen a las filas del crimen, y la que combate el robo de hidrocarburos.
Arturo Escobar, coordinador del PVEM en el Senado, dijo que no tendría tiempo para dar la lista de “jueces corruptos” que permiten liberar a criminales, mientras que Luis Maldonado, líder de la bancada de Convergencia en la Cámara Alta, censuró la postura del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien la semana pasada dijo que si los jueces liberan a delincuentes es porque el Ministerio Público no sustenta las acusaciones.
A la reunión con Calderón no asistieron representantes del PRI ni del PT. Del PRD acudieron Navarrete y el vicecoordinador en San Lázaro, Guadalupe Acosta Naranjo, porque el líder de la bancada, Alejandro Encinas, se rehusó. También participaron senadores y diputados de Convergencia y del Partido Verde; de Nueva Alianza sólo de la Cámara de Diputados, porque en el Senado no tienen bancada.
El mandatario comentó que “es necesario, por ejemplo, identificar aquellos programas [gubernamentales] que no han dado los resultados esperados y determinar la viabilidad de reasignar esos recursos a la seguridad. Si no hubiese una reasignación a fondo del gasto, lo que tendría que hacer el Estado es buscar nuevas fuentes de ingreso, lo que constituiría una carga para los contribuyentes”.
Calderón reconoció el reclamo hecho por los gobernadores la semana pasada, en el sentido de que el presupuesto federal ha crecido, pero no el de los estados, y afirmó que debe haber voluntad política en el Congreso para solventar el rezago.
En el marco de los debates Diálogos por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento —en el Campo Militar Marte—, Calderón dijo a los coordinadores parlamentarios que hay reformas pendientes y anunció que enviará, a partir de septiembre, tres iniciativas: la relativa al fuero militar; contra el lavado de dinero, y la que crea un nuevo tipo penal denominado “responsabilidad penal de personas morales”, para hacer corresponsables a todos los que participen en la comisión de un delito.
Permanencia del Ejército
Carlos Navarrete, quien acudió a la reunión como coordinador del PRD en el Senado, preguntó a Calderón la fecha exacta en que el Ejército abandonará las calles.
“¿Estarán después del último día de noviembre de 2012, cuando termina mi mandato? No lo sé; esa será una decisión y una responsabilidad de quien sea el comandante de las Fuerzas Armadas. Y al final de cuentas será una responsabilidad de los ciudadanos que elijan a quien tenga la titularidad del Ejecutivo después de esta administración”, contestó Calderón.
Condicionó el regreso de militares a los cuarteles a la aprobación de lo que perfiló como su prioridad legislativa: policías con mando único. “Lo que debemos hacer, a mi juicio, es acelerar la presencia de las policías [...] y de aquí a 2 años ojalá tengamos 32 policías confiables y fuertes. Si no lo logramos, no vamos a avanzar terminantemente a la victoria que buscamos”.
Exige unidad al Congreso
Aunque Calderón eludió reclamar directamente la ausencia del PRI, del PT y del líder de los diputados del PRD en la mesa de ayer, dijo que las diferencias dañan profundamente a la nación, pues la crisis de seguridad que enfrenta México exige de todos conciencia, compromiso, valentía, decisión, unidad y acción.
Aseguró que “las diferencias no debilitan ni desprestigian a la política; lo que daña profundamente a la nación es que la política no pueda trascender esas diferencias. El diálogo no supone renunciar a las tesis que nos distinguen ni sacrifica el juicio crítico sobre la realidad o sobre la acción de los gobiernos”.
El Presidente retomó algunas ideas de la oposición, como la de discutir la figura de los “jueces anónimos” y que los padres de familia elaboren el mapa criminal de los riesgos en las escuelas, como sugirió Reyes Tamez, coordinador de Nueva Alianza.
Dijo que la figura de los jueces sin rostro va en contra de una gran tradición del derecho en México, “pero en honor a la verdad, me he encontrado que los ciudadanos y los policías, y los jueces, y los Ministerios Públicos sí tienen un riesgo, en el sentido de que están totalmente expuestos a las venganzas de los criminales”.
El Ejecutivo federal admitió que la gente tiene miedo y por ello se debe revisar el caso específico de los jueces sin rostro, así como el de los testigos protegidos que criticó el senador Navarrete, porque, en su opinión, no se les debe dar la impunidad que no merecen y deben ser castigados por los delitos que cometieron.
PGR defiende arraigo
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, defendió la figura del arraigo y los testigos protegidos ante las críticas vertidas por Navarrete.
Comentó que estas dos figuras con mucha frecuencia dan mayor eficacia al trabajo que realiza la PGR.
Informó que del total de arraigos obtenidos por la PGR, 90% es consignado ante un juez. De ellos, a 90% se libra orden de aprehensión, y de esta cifra, al menos a 90% se le dicta formal prisión.
Pero cuando Navarrete preguntó a Chávez cuántas personas son sentenciadas en total, el procurador admitió no tener la cifra, además de que hay casos que todavía están en litigio en tribunales.
Los testigos colaboradores “lanzan acusaciones a diestra y siniestra”, y de ahí se sostiene la PGR para dar golpes espectaculares, acusó Navarrete, pero Chávez le respondió que esa figura facilita conocer a fondo a las organizaciones criminales, aunque no se les pueden fincar responsabilidades sólo por lo que declaren ante la PGR.
Admiten rezago legislativo
Gustavo Madero (PAN), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reconoció que hay rezago legislativo, y que en el caso del secuestro el Congreso está en deuda con los mexicanos.
Dijo que es “injustificable e inaceptable” supeditar el trabajo legislativo a la coyuntura electoral y a los tiempos políticos partidistas, porque se beneficia a los criminales y se pierde a los ciudadanos.
Admitió que hay iniciativas desde hace mucho tiempo en la congeladora del Congreso, como la Ley Federal de Armas de Fuego; la que garantiza seguridad a los familiares de los cuerpos de seguridad; la que dota de autonomía técnica a la PGR; las que sancionan penalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas que se pasen a las filas del crimen, y la que combate el robo de hidrocarburos.
Arturo Escobar, coordinador del PVEM en el Senado, dijo que no tendría tiempo para dar la lista de “jueces corruptos” que permiten liberar a criminales, mientras que Luis Maldonado, líder de la bancada de Convergencia en la Cámara Alta, censuró la postura del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien la semana pasada dijo que si los jueces liberan a delincuentes es porque el Ministerio Público no sustenta las acusaciones.
A la reunión con Calderón no asistieron representantes del PRI ni del PT. Del PRD acudieron Navarrete y el vicecoordinador en San Lázaro, Guadalupe Acosta Naranjo, porque el líder de la bancada, Alejandro Encinas, se rehusó. También participaron senadores y diputados de Convergencia y del Partido Verde; de Nueva Alianza sólo de la Cámara de Diputados, porque en el Senado no tienen bancada.
Jorge Ramos y Elena Michel, EL Universal, 20 de agosto.
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