En los últimos 17 meses, el gobierno federal se ha reunido con especialistas del estado colombiano, organizaciones nacionales e internacionales promotoras de la protección a periodistas para concretar una política social en esta materia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Héctor Villarreal, comentó que hay reuniones entre autoridades federales para revisar estudios comparativos y no dejar el problema como algo policiaco.
“Hay que construir condiciones de seguridad ante el riesgo que corren los periodistas, incluso desde una perspectiva social se podría ver qué hacer.
“No haríamos bien en limitar esto a una cuestión estrictamente policiaca, porque también es política pública e incluso cultural, de cuál es la valoración que tenemos como gobierno, empresarios y ciudadanos en torno a la función del periodismo”, dijo.
Aclaró que la experiencia del caso de Colombia, es fundamental para “encontrar nuestro propio camino”, en el que deben vincularse los tres niveles de gobierno, las editoras y la sociedad.
“La corresponsabilidad es una de las lecciones que deja el acuerdo para la discreción suscrito en Colombia hace ya 10 años, que difícilmente se puede trasladar de manera idéntica a México, por lo que debemos adecuarlo.
“Hace falta que los medios tengan acuerdos entre sí, buscando acuerdos mínimos para definir cómo cubrir este fenómeno de violencia en el país, cómo no pintarlo de rojo violencia, sin minimizar el asunto y presentarlo como parte de un beneficio social.
“También hay que buscar consensos mínimos para que se protejan entre sí mismos, a sus comunicadores, sin detrimento de la información, para no dejar de cubrir ningún asunto”, dijo.
Villarreal comentó que es difícil que el gobierno pretenda delinear acuerdos en torno al tema, porque están vinculados la experiencia periodística y el ejercicio de la libertad de expresión.
“Se ve muy difícil pensar que el gobierno establezca estos parámetros, barreras o alcances de una cobertura, pero el hecho de que esto se construya entre medios, no anula la posibilidad de que las autoridades promueven políticas públicas en la materia.
“Sabemos que los medios no pueden solos, pero se tienen que comprometer, con mecanismos que contribuyan cuando haya una situación de riesgo”, dijo.
“La Fiscalía tiene que ser una pieza en lo que todos pongamos un gran esfuerzo, para que sea una herramienta valiosa, pero no podrá por sí sola atender el problema con el respaldo federal, estatal y municipal”.
Mecanismos defensores
En mayo, la Segob informó que la intención del gobierno federal es concretar un plan de acción de defensores en conjunto con organizaciones civiles y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La Segob ha venido diseñando mecanismos y la idea ha sido de crear un convenio con la Fiscalía para vincular esos esfuerzos y es extensivo a defensores de derechos humanos”, dijo .
En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Héctor Villarreal, comentó que hay reuniones entre autoridades federales para revisar estudios comparativos y no dejar el problema como algo policiaco.
“Hay que construir condiciones de seguridad ante el riesgo que corren los periodistas, incluso desde una perspectiva social se podría ver qué hacer.
“No haríamos bien en limitar esto a una cuestión estrictamente policiaca, porque también es política pública e incluso cultural, de cuál es la valoración que tenemos como gobierno, empresarios y ciudadanos en torno a la función del periodismo”, dijo.
Aclaró que la experiencia del caso de Colombia, es fundamental para “encontrar nuestro propio camino”, en el que deben vincularse los tres niveles de gobierno, las editoras y la sociedad.
“La corresponsabilidad es una de las lecciones que deja el acuerdo para la discreción suscrito en Colombia hace ya 10 años, que difícilmente se puede trasladar de manera idéntica a México, por lo que debemos adecuarlo.
“Hace falta que los medios tengan acuerdos entre sí, buscando acuerdos mínimos para definir cómo cubrir este fenómeno de violencia en el país, cómo no pintarlo de rojo violencia, sin minimizar el asunto y presentarlo como parte de un beneficio social.
“También hay que buscar consensos mínimos para que se protejan entre sí mismos, a sus comunicadores, sin detrimento de la información, para no dejar de cubrir ningún asunto”, dijo.
Villarreal comentó que es difícil que el gobierno pretenda delinear acuerdos en torno al tema, porque están vinculados la experiencia periodística y el ejercicio de la libertad de expresión.
“Se ve muy difícil pensar que el gobierno establezca estos parámetros, barreras o alcances de una cobertura, pero el hecho de que esto se construya entre medios, no anula la posibilidad de que las autoridades promueven políticas públicas en la materia.
“Sabemos que los medios no pueden solos, pero se tienen que comprometer, con mecanismos que contribuyan cuando haya una situación de riesgo”, dijo.
“La Fiscalía tiene que ser una pieza en lo que todos pongamos un gran esfuerzo, para que sea una herramienta valiosa, pero no podrá por sí sola atender el problema con el respaldo federal, estatal y municipal”.
Mecanismos defensores
En mayo, la Segob informó que la intención del gobierno federal es concretar un plan de acción de defensores en conjunto con organizaciones civiles y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La Segob ha venido diseñando mecanismos y la idea ha sido de crear un convenio con la Fiscalía para vincular esos esfuerzos y es extensivo a defensores de derechos humanos”, dijo .
José Gerardo Mejía, El Universal, 5 de agosto.
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