De mayo a agosto de este año, la Cámara de Diputados quedó en parálisis, primero, por las 14 elecciones estatales, y después, por la confrontación política que dejaron las mismas.
Los vicecoordinadores de las bancadas del PRI y PRD, Jorge Carlos Ramírez y Guadalupe Acosta, coincidieron en que faltó organización para sacar adelante el rezago legislativo, pues al final de cuentas, son más las diferencias partidistas que los contenidos de las reformas.
El periodo de receso del Congreso de la Unión de mayo a agosto es el más largo de los dos que tienen al año, y por costumbre, el tiempo de ausencia se compensa con una sesión extraordinaria en la que se liberan temas acordados entre cámaras, o prioritarios por la agenda nacional.
Pero este año, la dinámica fue alterada por el clima electoral previo y posterior a la renovación de 12 gubernaturas, de las cuales nueve quedaron en manos del PRI, y tres en las de la alianza PAN-PRD.
Hubo muchas peticiones de licencias de quienes contendieron por las candidaturas en sus estados, algunos las lograron y otros no, pero esos huecos provocaron también inactividad en el trabajo en comisiones que no lograron sesionar por falta de quórum.
Los temas pendientes
A fin de enfrentar la presión mediática por la falta de trabajo en la Cámara de Diputados, así como la insistencia del Senado por completar el trámite legislativo en reformas aprobadas por ellos como la de Seguridad Nacional y Derechos Humanos, los coordinadores parlamentarios —congregados en la Junta de Coordinación Política— enlistaron 18 temas para su aprobación en un periodo extraordinario, pero ninguno se concretó.
Según la lista que quedó en las actas de la Junta de Coordinación Política, tendría que haber sido en junio pasado cuando estuvieran “en condiciones de contar la mayoría de dictámenes propuestos”.
Ahí quedó como un pendiente la Ley de Seguridad Nacional que requiere el aval de las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional y Derechos Humanos, que permitirá al Presidente de la República aprobar el envío del Ejército a las entidades que consideren que existe una afectación a la seguridad interior.
La otra ley prioritaria que se quedó en corchetes en San Lázaro fue la de Derechos Humanos, en la que se facultaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a resolver en torno a las quejas, y cancelar la exclusividad que tiene la Corte en la materia; además obliga a los gobiernos federal, locales y municipales a acatar las resoluciones de la CNDH.
Se propuso reformar la Constitución en materia de juicio de amparo; de la reincorporación del formato presidencial (con los corchetes sobre si el Ejecutivo tendría diálogo o no con el Legislativo).
La expedición de un nuevo reglamento de la Cámara de Diputados que evite el abuso del fuero legislativo, sancione las tomas de tribuna y regule el trabajo en comisiones y en pleno.
En la lista también quedó la ratificación de la Ley de la Banca Nacional de Desarrollo, la reformas en materia de gastos fiscales a fin de que sean contemplados en el presupuesto de Ingresos de la Federación; reformas al manejo y administración de los fideicomisos, y modificaciones a diversas leyes en torno a los juicios de lo contencioso administrativo, y del Registro Público del Comercio.
Quedaron sobre la mesa de las comisiones de Salud y Educación ratificar y completar las nuevas normas de combate a la obesidad infantil, la ampliación del seguro popular, reformas a la Ley General de Salud en materia de asistencia reproductiva, y prevención de las adicciones; y el fortalecimiento a los derechos infantiles y equidad de género.
De los 18 temas originales que se alistarían en comisiones legislativas a finales de junio, no se logró ninguno porque no alcanzaron quórum.
Pero en un nuevo intento —el lunes pasado— la Junta de Coordinación Política determinó que tendrían listos por lo menos seis, y en proceso el resto.
Para ello, disponen de la primera y segunda semana del periodo legislativo que arranca el 1 de septiembre.
En la lista está la aprobación e implementación de los vales alimentarios, la Ley de Derechos Humanos, la de Amparo; Antisecuestro, la reforma al 109 en materia de pensiones, y el reglamento interno de la Cámara baja.
El “mea culpa”
En entrevista, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que los procesos electorales fueron una “desgracia” para el trabajo legislativo; pero admitió que pese a la confrontación político-electoral con el PRI, ese partido es indispensable para cualquier reforma.
“Desgraciadamente el proceso legislativo de la Cámara de Diputados está atrapado por los intereses electorales de los partidos políticos y por eso, no han podido prosperar iniciativas que son muy generosas y muy adecuadas, como tampoco la intención de ir por un periodo extraordinario que nos permitiera sacar parte de la agenda que hoy le interesa más al país”.
Acosta Naranjo advirtió que el clima legislativo puede no mejorar, pues en menos de seis meses habrá otras dos elecciones en Baja California Sur y Guerrero, y después, en el estado de México.
“Por esas elecciones, los dirigentes partidarios particularmente en el PRI, decidieron no dar pie a ningún acuerdo legislativo tratando de mejorar su posicionamiento electoral opositor al gobierno federal. Desgraciadamente eso es lo que está sucediendo”, dijo.
A pesar que en el discurso político se habla de darle continuidad a las alianzas electorales en la vida parlamentaria, en los hechos, casi nada podría aprobarse o avanzar sin la anuencia priísta, pues en la actual Legislatura ocupa la primera fuerza, y la mayoría de 251 diputados junto con el PVEM.
Sin organización
El vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la pausa en el trabajo legislativo de los últimos cuatro meses, no es sinónimo de parálisis, pero sí, de la falta de organización en tiempos y logística, pues hay diputados que no pueden ir y venir de sus estados sin la seguridad de que en el trabajo en comisiones hay temas que aprobar.
“Sería muy sencillo decir que el tema electoral empañó todo, a pesar de que las elecciones nada tienen que ver en la Ley de Amparo, o la de Antisecuestro, tiene que ver con los tiempos de la Cámara.
“En una autocrítica, debimos ser más proactivos organizando las llegadas de los diputados en periodos consecutivos diciendo para tal fecha tantas comisiones, pero los citaban en diferentes días, y los no pueden venir siempre, aun cuando su actividad primordial es la Cámara de Diputados”, dijo el priísta.
Los vicecoordinadores de las bancadas del PRI y PRD, Jorge Carlos Ramírez y Guadalupe Acosta, coincidieron en que faltó organización para sacar adelante el rezago legislativo, pues al final de cuentas, son más las diferencias partidistas que los contenidos de las reformas.
El periodo de receso del Congreso de la Unión de mayo a agosto es el más largo de los dos que tienen al año, y por costumbre, el tiempo de ausencia se compensa con una sesión extraordinaria en la que se liberan temas acordados entre cámaras, o prioritarios por la agenda nacional.
Pero este año, la dinámica fue alterada por el clima electoral previo y posterior a la renovación de 12 gubernaturas, de las cuales nueve quedaron en manos del PRI, y tres en las de la alianza PAN-PRD.
Hubo muchas peticiones de licencias de quienes contendieron por las candidaturas en sus estados, algunos las lograron y otros no, pero esos huecos provocaron también inactividad en el trabajo en comisiones que no lograron sesionar por falta de quórum.
Los temas pendientes
A fin de enfrentar la presión mediática por la falta de trabajo en la Cámara de Diputados, así como la insistencia del Senado por completar el trámite legislativo en reformas aprobadas por ellos como la de Seguridad Nacional y Derechos Humanos, los coordinadores parlamentarios —congregados en la Junta de Coordinación Política— enlistaron 18 temas para su aprobación en un periodo extraordinario, pero ninguno se concretó.
Según la lista que quedó en las actas de la Junta de Coordinación Política, tendría que haber sido en junio pasado cuando estuvieran “en condiciones de contar la mayoría de dictámenes propuestos”.
Ahí quedó como un pendiente la Ley de Seguridad Nacional que requiere el aval de las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional y Derechos Humanos, que permitirá al Presidente de la República aprobar el envío del Ejército a las entidades que consideren que existe una afectación a la seguridad interior.
La otra ley prioritaria que se quedó en corchetes en San Lázaro fue la de Derechos Humanos, en la que se facultaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a resolver en torno a las quejas, y cancelar la exclusividad que tiene la Corte en la materia; además obliga a los gobiernos federal, locales y municipales a acatar las resoluciones de la CNDH.
Se propuso reformar la Constitución en materia de juicio de amparo; de la reincorporación del formato presidencial (con los corchetes sobre si el Ejecutivo tendría diálogo o no con el Legislativo).
La expedición de un nuevo reglamento de la Cámara de Diputados que evite el abuso del fuero legislativo, sancione las tomas de tribuna y regule el trabajo en comisiones y en pleno.
En la lista también quedó la ratificación de la Ley de la Banca Nacional de Desarrollo, la reformas en materia de gastos fiscales a fin de que sean contemplados en el presupuesto de Ingresos de la Federación; reformas al manejo y administración de los fideicomisos, y modificaciones a diversas leyes en torno a los juicios de lo contencioso administrativo, y del Registro Público del Comercio.
Quedaron sobre la mesa de las comisiones de Salud y Educación ratificar y completar las nuevas normas de combate a la obesidad infantil, la ampliación del seguro popular, reformas a la Ley General de Salud en materia de asistencia reproductiva, y prevención de las adicciones; y el fortalecimiento a los derechos infantiles y equidad de género.
De los 18 temas originales que se alistarían en comisiones legislativas a finales de junio, no se logró ninguno porque no alcanzaron quórum.
Pero en un nuevo intento —el lunes pasado— la Junta de Coordinación Política determinó que tendrían listos por lo menos seis, y en proceso el resto.
Para ello, disponen de la primera y segunda semana del periodo legislativo que arranca el 1 de septiembre.
En la lista está la aprobación e implementación de los vales alimentarios, la Ley de Derechos Humanos, la de Amparo; Antisecuestro, la reforma al 109 en materia de pensiones, y el reglamento interno de la Cámara baja.
El “mea culpa”
En entrevista, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que los procesos electorales fueron una “desgracia” para el trabajo legislativo; pero admitió que pese a la confrontación político-electoral con el PRI, ese partido es indispensable para cualquier reforma.
“Desgraciadamente el proceso legislativo de la Cámara de Diputados está atrapado por los intereses electorales de los partidos políticos y por eso, no han podido prosperar iniciativas que son muy generosas y muy adecuadas, como tampoco la intención de ir por un periodo extraordinario que nos permitiera sacar parte de la agenda que hoy le interesa más al país”.
Acosta Naranjo advirtió que el clima legislativo puede no mejorar, pues en menos de seis meses habrá otras dos elecciones en Baja California Sur y Guerrero, y después, en el estado de México.
“Por esas elecciones, los dirigentes partidarios particularmente en el PRI, decidieron no dar pie a ningún acuerdo legislativo tratando de mejorar su posicionamiento electoral opositor al gobierno federal. Desgraciadamente eso es lo que está sucediendo”, dijo.
A pesar que en el discurso político se habla de darle continuidad a las alianzas electorales en la vida parlamentaria, en los hechos, casi nada podría aprobarse o avanzar sin la anuencia priísta, pues en la actual Legislatura ocupa la primera fuerza, y la mayoría de 251 diputados junto con el PVEM.
Sin organización
El vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la pausa en el trabajo legislativo de los últimos cuatro meses, no es sinónimo de parálisis, pero sí, de la falta de organización en tiempos y logística, pues hay diputados que no pueden ir y venir de sus estados sin la seguridad de que en el trabajo en comisiones hay temas que aprobar.
“Sería muy sencillo decir que el tema electoral empañó todo, a pesar de que las elecciones nada tienen que ver en la Ley de Amparo, o la de Antisecuestro, tiene que ver con los tiempos de la Cámara.
“En una autocrítica, debimos ser más proactivos organizando las llegadas de los diputados en periodos consecutivos diciendo para tal fecha tantas comisiones, pero los citaban en diferentes días, y los no pueden venir siempre, aun cuando su actividad primordial es la Cámara de Diputados”, dijo el priísta.
Andrea Merlos y Juan Arvizu, EL Universal, 6 de agosto.
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