BUENOS AIRES.— La próxima morada de Álvaro Uribe, una vez que abandone el Palacio de Nariño, mañana, después de ocho años, puede graficar mejor que nada y que nadie lo que fue su gobierno. Ocupará una de las Casas del Centro de Estudios Superiores de la Policía, como una medida extrema de seguridad, justo el rubro en el que gastó una buena parte de sus energías desde que asumió la Presidencia colombiana, en 2002.
Uribe y su gobierno comenzarán mañana a ser materia para historiadores dispuestos a intentar traducir todos los claroscuros de un gobierno que tiene dividido al país. Hace ocho años, su administración recibió un país con casi 30 mil homicidios anuales, un promedio de siete secuestros cada día y una guerrilla que, acabadas las negociaciones de paz, controlaba una buena parte del territorio nacional.
Con su política de “Seguridad democrática”, a la que no le escatimó recursos (casi 10% del PIB en gastos militares, de acuerdo a los estudios más serios) ni ciertos abusos en materia de derechos humanos, según las denuncias que pesan en su contra, Uribe recuperó para los colombianos espacios hasta entonces olvidados. Poder recorrer el país de punta a punta por carretera, ayudando a que “la vida transcurra con cierta sensación de libertad”, como lo afirmaba a este corresponsal, en agosto, Aurelia Martínez en el poblado de Quimbaya (departamento de Quindio).
Aurelia, inspectora de tránsito, no podía emplear mejor palabra: “Sensación”, porque la inseguridad sigue marcando el paso de las grandes ciudades colombianas, según afirma el analista León Valencia, de la fundación Arco Iris. “En Medellín el crimen no paró de crecer en estos años, principalmente el que está vinculado al narcotráfico”.
Inseguridad y narcotráfico, las FARC —diezmadas en su capacidad de acción, pero expectantes y aun en el universo social y político del país—, no son pasado sino presente en este país. Aun así, los logros de Uribe son imposibles de negar, incluso para sus detractores. “Se ha reducido la taza de secuestros en 90%”, dijo Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia.
Ruptura diplomática
No todo ha sido miel sobre hojuelas. En 2002, la relación de Colombia con Venezuela y Ecuador gozaba de bastante buena salud; hoy, está maltrecha. El diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y con el resto de las instituciones, era hasta digno de elogios. Del lado económico, y pese a la taza récord de crecimiento de 2007, la desigualdad era levemente menos escandalosa que los números que entrega este “presidente parteaguas”.
El trabajo informal es una realidad para 58% de la población económicamente activa, que no se benefició del incremento en varios miles de millones de dólares de la ayuda social de estos años y del récord de inversión externa que convirtieron a Colombia en uno de los destinos predilectos en la región para los inversionistas. La inversión pasó de 2.45 mil millones de dólares en 2002, a más de 11 mil millones en 2009, pero ni eso ni el crecimiento sostenido hasta 2007 (4% promedio) ayudaron a aminorar los índices de pobreza, que hoy rondan el 68%. El desempleo se mantiene entre 12% (según datos oficiales) y 14% (para la Central Unica de Trabajadores), según las cifras con que se mida, ya que el cambio de medición de las estadísticas oficiales, “con las que Uribe buscó acomodar hacia abajo el gasto militar”, altera los resultados, explica el analista Bernardo Gutiérrez.
Pero no sólo la herencia económica y social y el hecho de que Uribe y su familia vayan a pasar una temporada rodeados de cadetes policiales, ayudarán a evaluar el gobierno que hoy fenece.
El caso de la Parapolítica
Los escándalos de corrupción, como la relación de legisladores y funcionarios uribistas con paramilitares (“Parapolítica”), “la Yidispolítica” –como se conoció el presunto pago de sobornos para obtener la reelección presidencial en 2002—, y las irregularidades en la autorización de notarías por las que la fiscalía investiga a Tomás Uribe, también serán consideradas al evaluar estos ocho años de un presidente que comenzó con 63% de imagen positiva y se va con 80%.
Pero nada más incómodo que el caso de los “falsos positivos”, esto es, los asesinatos de jóvenes hechos pasar como guerrilleros, y las escuchas telefónicas desde el DAS (Dirección de Administración de Seguridad) a los jueces de la Suprema Corte.
No en vano varios de sus allegados controlan, desde ayer, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de acusar al presidente y a los altos cargos de la Justicia.
“Una herramienta poderosa para la negociación política”, sintetiza el ex candidato a la presidencia Gustavo Petro.
Mañana llega a su fin una era política. La era de Uribe, el presidente que arrinconó a la guerrilla pero también a las instituciones, acabó con Raúl Reyes y varios altos cargos de las FARC y con los partidos políticos, y al que la historia comenzará ahora a tratar de juzgar.
Uribe y su gobierno comenzarán mañana a ser materia para historiadores dispuestos a intentar traducir todos los claroscuros de un gobierno que tiene dividido al país. Hace ocho años, su administración recibió un país con casi 30 mil homicidios anuales, un promedio de siete secuestros cada día y una guerrilla que, acabadas las negociaciones de paz, controlaba una buena parte del territorio nacional.
Con su política de “Seguridad democrática”, a la que no le escatimó recursos (casi 10% del PIB en gastos militares, de acuerdo a los estudios más serios) ni ciertos abusos en materia de derechos humanos, según las denuncias que pesan en su contra, Uribe recuperó para los colombianos espacios hasta entonces olvidados. Poder recorrer el país de punta a punta por carretera, ayudando a que “la vida transcurra con cierta sensación de libertad”, como lo afirmaba a este corresponsal, en agosto, Aurelia Martínez en el poblado de Quimbaya (departamento de Quindio).
Aurelia, inspectora de tránsito, no podía emplear mejor palabra: “Sensación”, porque la inseguridad sigue marcando el paso de las grandes ciudades colombianas, según afirma el analista León Valencia, de la fundación Arco Iris. “En Medellín el crimen no paró de crecer en estos años, principalmente el que está vinculado al narcotráfico”.
Inseguridad y narcotráfico, las FARC —diezmadas en su capacidad de acción, pero expectantes y aun en el universo social y político del país—, no son pasado sino presente en este país. Aun así, los logros de Uribe son imposibles de negar, incluso para sus detractores. “Se ha reducido la taza de secuestros en 90%”, dijo Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia.
Ruptura diplomática
No todo ha sido miel sobre hojuelas. En 2002, la relación de Colombia con Venezuela y Ecuador gozaba de bastante buena salud; hoy, está maltrecha. El diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y con el resto de las instituciones, era hasta digno de elogios. Del lado económico, y pese a la taza récord de crecimiento de 2007, la desigualdad era levemente menos escandalosa que los números que entrega este “presidente parteaguas”.
El trabajo informal es una realidad para 58% de la población económicamente activa, que no se benefició del incremento en varios miles de millones de dólares de la ayuda social de estos años y del récord de inversión externa que convirtieron a Colombia en uno de los destinos predilectos en la región para los inversionistas. La inversión pasó de 2.45 mil millones de dólares en 2002, a más de 11 mil millones en 2009, pero ni eso ni el crecimiento sostenido hasta 2007 (4% promedio) ayudaron a aminorar los índices de pobreza, que hoy rondan el 68%. El desempleo se mantiene entre 12% (según datos oficiales) y 14% (para la Central Unica de Trabajadores), según las cifras con que se mida, ya que el cambio de medición de las estadísticas oficiales, “con las que Uribe buscó acomodar hacia abajo el gasto militar”, altera los resultados, explica el analista Bernardo Gutiérrez.
Pero no sólo la herencia económica y social y el hecho de que Uribe y su familia vayan a pasar una temporada rodeados de cadetes policiales, ayudarán a evaluar el gobierno que hoy fenece.
El caso de la Parapolítica
Los escándalos de corrupción, como la relación de legisladores y funcionarios uribistas con paramilitares (“Parapolítica”), “la Yidispolítica” –como se conoció el presunto pago de sobornos para obtener la reelección presidencial en 2002—, y las irregularidades en la autorización de notarías por las que la fiscalía investiga a Tomás Uribe, también serán consideradas al evaluar estos ocho años de un presidente que comenzó con 63% de imagen positiva y se va con 80%.
Pero nada más incómodo que el caso de los “falsos positivos”, esto es, los asesinatos de jóvenes hechos pasar como guerrilleros, y las escuchas telefónicas desde el DAS (Dirección de Administración de Seguridad) a los jueces de la Suprema Corte.
No en vano varios de sus allegados controlan, desde ayer, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de acusar al presidente y a los altos cargos de la Justicia.
“Una herramienta poderosa para la negociación política”, sintetiza el ex candidato a la presidencia Gustavo Petro.
Mañana llega a su fin una era política. La era de Uribe, el presidente que arrinconó a la guerrilla pero también a las instituciones, acabó con Raúl Reyes y varios altos cargos de las FARC y con los partidos políticos, y al que la historia comenzará ahora a tratar de juzgar.
José Vales corresponsal, EL Universal, 7 de agosto.
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