La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer la controversia constitucional que presentó el Senado de la República en contra de la designación de Mony de Swaan como comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para los próximos ocho años, así como “los efectos y consecuencias” que deriven de su designación.
La demanda que presentó el presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Carlos Navarrete, solicita que la Corte invalide el acuerdo dado a conocer el 30 de junio pasado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en el que se oficializó el nombramiento de De Swaan.
El ministro instructor Fernando Franco precisó en su acuerdo de admisión que la controversia constitucional está dirigida contra el Presidente de la República, en su calidad de titular del Ejecutivo federal; en cambio, no reconoce como parte en el juicio al secretario de Comunicaciones y Transportes, por tratarse de “un órgano subordinado” a éste.
Por otra parte, el ministro le dio vista a la Cofetel en su calidad de tercero perjudicado, la cual al igual que el presidente Felipe Calderón cuenta con 30 días hábiles para alegar lo que considere pertinente.
En el acuerdo del ministro ponente se precisa que la Cámara de Diputados no podrá formar parte del juicio, debido a que éste fue presentado por conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y sólo una de las dos Cámaras puede intervenir en este tipo de juicios.
Necesario, permitir a Telmex entrar al mercado de la televisión
Al entregar el espectro de la licitación 21 a Televisa-Nextel el presidente Felipe Calderón tiene la obligación de abrir a la competencia el mercado de la televisión abierta y la televisión de paga, así como permitir la entrada de Telmex a ese segmento, si no quiere quedar exhibido en la intención de beneficiar a un grupo, advirtió la ex subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro.
Afirmó que el gobierno federal y el Congreso de la Unión sabían que con la licitación 21 de la banda de 1.7 gigahercios (Ghz) se iba a beneficiar a Televisa, por lo que acusó de “cínicos” a los legisladores que ahora promueven un juicio político y antes aprobaron la exención de pago de derechos al ganador de este concurso.
“Nadie en su entero juicio podía dudar que Televisa-Nextel serían los beneficiados de acuerdo a como se habían diseñado las bases de licitación, las circunstancias económicas y la falta de certidumbre en la regulación mexicana”.
Lamentó que el gobierno, los partidos y legisladores se hayan dedicado los últimos 10 años a ganarse el favor de Televisa concediéndole beneficios “pero esa empresa no tiene lealtades, se vende caro” y por eso se puede esperar que las decisiones para quitarle el poder se vean mermadas ante la proximidad de los procesos electorales.
Carpinteyro dijo que en México la democracia se privatizó, y lo que es peor se dejó en manos de las televisoras porque de ellas depende que los candidatos sean vistos por los mexicanos.
“Es evidente para cualquier mexicano que Televisa es un medio masivo de comunicación que ejerce gran influencia en la formación de opinión de la población. En 91 por ciento de los hogares hay un televisor y existen encuestas que muestran que más de 75 por ciento de los mexicanos ven televisión entre dos y cuatro horas diarias cuando no más”.
Esa influencia, aseguró, convierte a Televisa en “un poder mediático crítico y fundamental para la clase política porque siente que la benevolencia o el quedar bien con esa empresa les va a permitir conservar el poder o hacerse del poder, y por lo tanto no sólo el Ejecutivo y el partido político del que viene sino el Congreso de la Unión y los partidos están tratando en una rebatinga ver cómo le otorgan favores a Televisa con tal de ganarse su aprecio y aprobación”.
La licitación 21 a través de la que se le entregarán a Televisa-Nextel 30 megahercios en la banda de 1.7 Ghz a un precio mínimo de 180 millones 300 mil pesos es la muestra más clara y de la cual gobierno, reguladores o legisladores no pueden decirse sorprendidos, acotó, porque hubo muchas voces que advirtieron lo que ocurriría y no las atendieron.
El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, tiene que defender la licitación por un asunto de lealtad institucional a pesar de que todo el proceso estuviera en marcha cuando él llegó. Y el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, tiene que defender la aplicación de límites de acumulación de espectro y el dicho de que las medidas se tomaron para promover la competencia, porque de lo contrario “sería reconocer su participación en este complot para poner a disposición de Televisa un bloque a precio mínimo”, afirmó.
Ahora, alertó, la única salida que tiene el Ejecutivo es asignar el espectro de la licitación 21 pero condicionado a que antes Televisa cumpla una serie de requisitos que garanticen la competencia en la televisión de paga y la abierta; que se liciten nuevos canales, que se permita la entrada de Telmex al mercado de video y que haya una televisión pública pero no oficialista.
Advirtió que si este gobierno en verdad quiere incentivar la competencia no basta con imponer multas a Televisa, como ocurrió cuando le negó la señal de televisión a Megacable, “una multa de 48 millones de pesos es como quitarle un pelo a un gato”, pero hasta ahora “no han tomado las decisiones necesarias para impedir las prácticas anticompetitivas que ejerce a través de sus filiales como PCTV, que controla 85 por ciento de los contenidos para televisión por cable”.
Purificación Carpinteyro advirtió que así como este gobierno pretende impulsar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones móviles al entregarle a Televisa-Nextel 30 Mhz, Calderón tiene en sus manos la facultad de tomar las medidas necesarias para crear competencia en el mercado de televisión abierta y de paga porque “está obligado a demostrar que crea competencia”.
La demanda que presentó el presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Carlos Navarrete, solicita que la Corte invalide el acuerdo dado a conocer el 30 de junio pasado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en el que se oficializó el nombramiento de De Swaan.
El ministro instructor Fernando Franco precisó en su acuerdo de admisión que la controversia constitucional está dirigida contra el Presidente de la República, en su calidad de titular del Ejecutivo federal; en cambio, no reconoce como parte en el juicio al secretario de Comunicaciones y Transportes, por tratarse de “un órgano subordinado” a éste.
Por otra parte, el ministro le dio vista a la Cofetel en su calidad de tercero perjudicado, la cual al igual que el presidente Felipe Calderón cuenta con 30 días hábiles para alegar lo que considere pertinente.
En el acuerdo del ministro ponente se precisa que la Cámara de Diputados no podrá formar parte del juicio, debido a que éste fue presentado por conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y sólo una de las dos Cámaras puede intervenir en este tipo de juicios.
Necesario, permitir a Telmex entrar al mercado de la televisión
Al entregar el espectro de la licitación 21 a Televisa-Nextel el presidente Felipe Calderón tiene la obligación de abrir a la competencia el mercado de la televisión abierta y la televisión de paga, así como permitir la entrada de Telmex a ese segmento, si no quiere quedar exhibido en la intención de beneficiar a un grupo, advirtió la ex subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro.
Afirmó que el gobierno federal y el Congreso de la Unión sabían que con la licitación 21 de la banda de 1.7 gigahercios (Ghz) se iba a beneficiar a Televisa, por lo que acusó de “cínicos” a los legisladores que ahora promueven un juicio político y antes aprobaron la exención de pago de derechos al ganador de este concurso.
“Nadie en su entero juicio podía dudar que Televisa-Nextel serían los beneficiados de acuerdo a como se habían diseñado las bases de licitación, las circunstancias económicas y la falta de certidumbre en la regulación mexicana”.
Lamentó que el gobierno, los partidos y legisladores se hayan dedicado los últimos 10 años a ganarse el favor de Televisa concediéndole beneficios “pero esa empresa no tiene lealtades, se vende caro” y por eso se puede esperar que las decisiones para quitarle el poder se vean mermadas ante la proximidad de los procesos electorales.
Carpinteyro dijo que en México la democracia se privatizó, y lo que es peor se dejó en manos de las televisoras porque de ellas depende que los candidatos sean vistos por los mexicanos.
“Es evidente para cualquier mexicano que Televisa es un medio masivo de comunicación que ejerce gran influencia en la formación de opinión de la población. En 91 por ciento de los hogares hay un televisor y existen encuestas que muestran que más de 75 por ciento de los mexicanos ven televisión entre dos y cuatro horas diarias cuando no más”.
Esa influencia, aseguró, convierte a Televisa en “un poder mediático crítico y fundamental para la clase política porque siente que la benevolencia o el quedar bien con esa empresa les va a permitir conservar el poder o hacerse del poder, y por lo tanto no sólo el Ejecutivo y el partido político del que viene sino el Congreso de la Unión y los partidos están tratando en una rebatinga ver cómo le otorgan favores a Televisa con tal de ganarse su aprecio y aprobación”.
La licitación 21 a través de la que se le entregarán a Televisa-Nextel 30 megahercios en la banda de 1.7 Ghz a un precio mínimo de 180 millones 300 mil pesos es la muestra más clara y de la cual gobierno, reguladores o legisladores no pueden decirse sorprendidos, acotó, porque hubo muchas voces que advirtieron lo que ocurriría y no las atendieron.
El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, tiene que defender la licitación por un asunto de lealtad institucional a pesar de que todo el proceso estuviera en marcha cuando él llegó. Y el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, tiene que defender la aplicación de límites de acumulación de espectro y el dicho de que las medidas se tomaron para promover la competencia, porque de lo contrario “sería reconocer su participación en este complot para poner a disposición de Televisa un bloque a precio mínimo”, afirmó.
Ahora, alertó, la única salida que tiene el Ejecutivo es asignar el espectro de la licitación 21 pero condicionado a que antes Televisa cumpla una serie de requisitos que garanticen la competencia en la televisión de paga y la abierta; que se liciten nuevos canales, que se permita la entrada de Telmex al mercado de video y que haya una televisión pública pero no oficialista.
Advirtió que si este gobierno en verdad quiere incentivar la competencia no basta con imponer multas a Televisa, como ocurrió cuando le negó la señal de televisión a Megacable, “una multa de 48 millones de pesos es como quitarle un pelo a un gato”, pero hasta ahora “no han tomado las decisiones necesarias para impedir las prácticas anticompetitivas que ejerce a través de sus filiales como PCTV, que controla 85 por ciento de los contenidos para televisión por cable”.
Purificación Carpinteyro advirtió que así como este gobierno pretende impulsar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones móviles al entregarle a Televisa-Nextel 30 Mhz, Calderón tiene en sus manos la facultad de tomar las medidas necesarias para crear competencia en el mercado de televisión abierta y de paga porque “está obligado a demostrar que crea competencia”.
Jesús Aranda y Miriam Posada García, La Jornada, 27 de agosto.
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