A nueve días de la visita de altos funcionarios internacionales en materia de libertad de expresión, el televisor se fue a negro.
El secuestro de cuatro periodistas que cubrían protestas fuera del Cereso 2 de Gómez Palacio, Durango, propició que la empresa Televisa determinara no transmitir el programa semanal "Punto de Partida", que conduce Denise Maerker.
Presionado desde 2007 por organizaciones nacionales e internacionales, el Gobierno mexicano se vio obligado a extender invitaciones a los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero y Frank la Rue, respectivamente, para realizar una visita oficial conjunta.
Especialistas en libertad de expresión consideraron que el secuestro de los comunicadores en la Comarca Lagunera realza la importancia de la visita de los funcionarios quienes en reiteradas ocasiones han urgido al Gobierno mexicano a tomar medidas para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión.
Carlos Lauria, coordinador para las Américas del Comité de Protección para Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), expresó que si bien la visita ya era relevante por el alto nivel de impunidad que persiste en los crímenes contra periodistas en el País, el secuestro de comunicadores en la Laguna añade un tema que no había estado presente: grupos del crimen organizado extorsionando a medios nacionales a cambio de la liberación de sus colegas.
"El Gobierno ya viene debiendo, sobre todo en el tema de violencia contra periodistas, porque las investigaciones y la procuración de justicia no ha producido resultados. La situación (del secuestro) supera a cualquier otra y pone al Gobierno en aprietos aún mayores.
"Hay una guerra en México que no solamente se está librando en las calles, sino también se está dando por el control de la información. Los narcotraficantes están teniendo ventaja en ambos frentes", indicó.
Benoit Hervieu, director para las Américas de Reporteros sin Fronteras (RSF), consideró que el caso mexicano es difícil, pues hay un índice de violencia extremadamente elevado, dificultad para sensibilizar a las autoridades y ahora, extorsión de miembros de la delincuencia organizada hacia los medios de comunicación.
"Otro aspecto de la dificultad para los periodistas mexicanos para ejercer su profesión es la presión por parte del crimen organizado que quiere instrumentalizar, quiere servirse de esos medios para hacerse publicidad o para hacer contrapublicidad a los cárteles o contra el Estado", afirmó.
El director de Artículo 19 en México, Darío Ramírez, dijo que el secuestro de reporteros sitúa a México en un escenario distinto respecto a la vulneración del derecho a la libertad de expresión.
"El caso de los reporteros secuestrados nos coloca en otro estadio. Hay algo diferente, que es la necesidad y la intención de influir en líneas editoriales, tanto 'no quiero que cubran', como 'quiero que cubran y con estos videos'. Eso no lo habíamos visto en medios nacionales. Es un intento de censura, de influir en el contenido", reprochó Ramírez.
TRES AÑOS DESPUÉS...
La respuesta del Gobierno mexicano a la demanda de invitar a los Relatores Especiales ha sido un proceso largo.
En 2007, un grupo de organizaciones civiles solicitaron por primera vez la visita del Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 128 período de sesiones del organismo en Washington.
Brisa Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), advirtió que entonces la situación era grave, pero no tan crítica como lo es ahora, sobre todo en el tema de agresiones contra periodistas.
"A diferencia de 2009, ahorita ya no estamos alcanzando a registrar los casos, porque la gente ya no está denunciando. Ahora, por el nivel de amenaza, ya no podemos llegar claramente a la causa y saber qué pasó. Eso es lo más dramático", afirmó.
Al igual que Artículo 19 o CPJ, Cencos, antes de registrar un asesinato, confirma que éste se haya dado en función del ejercicio de la libertad de expresión, lo que explica que registre 57 muertes de 2000 a la fecha, cuando la CNDH advierte 64 y Reporteros sin Fronteras, 67.
Además Cencos reporta a 12 desaparecidos.
La demanda de las organizaciones civiles se hizo escuchar hasta 2010, luego de que en 2009, México fuera evaluado por el Consejo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -instancias de las que recibió recomendaciones en el ámbito de libertad de expresión.
"Lo inédito de una visita conjunta de dos organismos internacionales gubernamentales refleja el importante deterioro de la libertad de expresión en México.
"El tema más importante son las agresiones a periodistas. (...) Éste fue el gran punto de lanza para empujar y lograr tener una condena internacional. Es el tema más urgente y en el que el gobierno mexicano tiene menos que decir", aseguró Darío Ramírez.
De acuerdo con un informe de 2009 realizado por Cencos y Artículo 19, los grupos del crimen organizado son presuntos responsables de los ataques más violentos contra comunicadores, aunque la mayoría de las agresiones (65.5 por ciento) las cometen funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado.
El CPJ señala que la mayor parte de los periodistas asesinados por el ejercicio de la libertad de expresión tenían que ver con coberturas de narcotráfico, crimen organizado y corrupción gubernamental.
Desde el 2000, los agravios contra periodistas en México han atraído la atención de la comunidad internacional.
De acuerdo con el CPJ, México ocupa el lugar 9 en el mundo en impunidad en crímenes de periodistas, debajo de Iraq, Somalia, Filipinas, Sri Lanka o Colombia.
"Más allá de los números, el efecto todavía es peor, un silenciamiento de cantidad de periodistas y medios en vastas regiones del País ", opinó Lauria.
El secuestro de cuatro periodistas que cubrían protestas fuera del Cereso 2 de Gómez Palacio, Durango, propició que la empresa Televisa determinara no transmitir el programa semanal "Punto de Partida", que conduce Denise Maerker.
Presionado desde 2007 por organizaciones nacionales e internacionales, el Gobierno mexicano se vio obligado a extender invitaciones a los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero y Frank la Rue, respectivamente, para realizar una visita oficial conjunta.
Especialistas en libertad de expresión consideraron que el secuestro de los comunicadores en la Comarca Lagunera realza la importancia de la visita de los funcionarios quienes en reiteradas ocasiones han urgido al Gobierno mexicano a tomar medidas para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión.
Carlos Lauria, coordinador para las Américas del Comité de Protección para Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), expresó que si bien la visita ya era relevante por el alto nivel de impunidad que persiste en los crímenes contra periodistas en el País, el secuestro de comunicadores en la Laguna añade un tema que no había estado presente: grupos del crimen organizado extorsionando a medios nacionales a cambio de la liberación de sus colegas.
"El Gobierno ya viene debiendo, sobre todo en el tema de violencia contra periodistas, porque las investigaciones y la procuración de justicia no ha producido resultados. La situación (del secuestro) supera a cualquier otra y pone al Gobierno en aprietos aún mayores.
"Hay una guerra en México que no solamente se está librando en las calles, sino también se está dando por el control de la información. Los narcotraficantes están teniendo ventaja en ambos frentes", indicó.
Benoit Hervieu, director para las Américas de Reporteros sin Fronteras (RSF), consideró que el caso mexicano es difícil, pues hay un índice de violencia extremadamente elevado, dificultad para sensibilizar a las autoridades y ahora, extorsión de miembros de la delincuencia organizada hacia los medios de comunicación.
"Otro aspecto de la dificultad para los periodistas mexicanos para ejercer su profesión es la presión por parte del crimen organizado que quiere instrumentalizar, quiere servirse de esos medios para hacerse publicidad o para hacer contrapublicidad a los cárteles o contra el Estado", afirmó.
El director de Artículo 19 en México, Darío Ramírez, dijo que el secuestro de reporteros sitúa a México en un escenario distinto respecto a la vulneración del derecho a la libertad de expresión.
"El caso de los reporteros secuestrados nos coloca en otro estadio. Hay algo diferente, que es la necesidad y la intención de influir en líneas editoriales, tanto 'no quiero que cubran', como 'quiero que cubran y con estos videos'. Eso no lo habíamos visto en medios nacionales. Es un intento de censura, de influir en el contenido", reprochó Ramírez.
TRES AÑOS DESPUÉS...
La respuesta del Gobierno mexicano a la demanda de invitar a los Relatores Especiales ha sido un proceso largo.
En 2007, un grupo de organizaciones civiles solicitaron por primera vez la visita del Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 128 período de sesiones del organismo en Washington.
Brisa Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), advirtió que entonces la situación era grave, pero no tan crítica como lo es ahora, sobre todo en el tema de agresiones contra periodistas.
"A diferencia de 2009, ahorita ya no estamos alcanzando a registrar los casos, porque la gente ya no está denunciando. Ahora, por el nivel de amenaza, ya no podemos llegar claramente a la causa y saber qué pasó. Eso es lo más dramático", afirmó.
Al igual que Artículo 19 o CPJ, Cencos, antes de registrar un asesinato, confirma que éste se haya dado en función del ejercicio de la libertad de expresión, lo que explica que registre 57 muertes de 2000 a la fecha, cuando la CNDH advierte 64 y Reporteros sin Fronteras, 67.
Además Cencos reporta a 12 desaparecidos.
La demanda de las organizaciones civiles se hizo escuchar hasta 2010, luego de que en 2009, México fuera evaluado por el Consejo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -instancias de las que recibió recomendaciones en el ámbito de libertad de expresión.
"Lo inédito de una visita conjunta de dos organismos internacionales gubernamentales refleja el importante deterioro de la libertad de expresión en México.
"El tema más importante son las agresiones a periodistas. (...) Éste fue el gran punto de lanza para empujar y lograr tener una condena internacional. Es el tema más urgente y en el que el gobierno mexicano tiene menos que decir", aseguró Darío Ramírez.
De acuerdo con un informe de 2009 realizado por Cencos y Artículo 19, los grupos del crimen organizado son presuntos responsables de los ataques más violentos contra comunicadores, aunque la mayoría de las agresiones (65.5 por ciento) las cometen funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado.
El CPJ señala que la mayor parte de los periodistas asesinados por el ejercicio de la libertad de expresión tenían que ver con coberturas de narcotráfico, crimen organizado y corrupción gubernamental.
Desde el 2000, los agravios contra periodistas en México han atraído la atención de la comunidad internacional.
De acuerdo con el CPJ, México ocupa el lugar 9 en el mundo en impunidad en crímenes de periodistas, debajo de Iraq, Somalia, Filipinas, Sri Lanka o Colombia.
"Más allá de los números, el efecto todavía es peor, un silenciamiento de cantidad de periodistas y medios en vastas regiones del País ", opinó Lauria.
Silvia Garduño, Reforma, 7 de agosto
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