Las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados demandaron un informe de los avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, a dos años de que fue firmado en el Palacio Nacional, y lamentaron insuficiencia de resultados de ese catálogo de compromisos colectivos.
En tanto, el PAN, por conducto del presidente de la Comisión de Seguridad Pública de San Lázaro, José Luis Ovando, dijo que en los objetivos de ese documento se puede ver quién cumplió con sus compromisos.
Es posible encontrar, dijo el panista Ovando, que no hay avances en materia de fiscalización de recursos entregados a los estados y municipios, así como ineficacias en programas, gastos sin provecho y falta de trabajo.
Agregó que los fracasos que hay en ese acuerdo se deben a errores de coordinación, a falta de ejecución de acciones para mejorar a los cuerpos policiacos y a la ausencia de un ejercicio transparente de los recursos.
Hay esfuerzos aislados y los problemas de coordinación se encuentran entre los poderes y sus instituciones. La aplicación de la nueva legislación contra la delincuencia es insuficiente, lamentó Ovando.
Cuestionan resultados
PRI y PRD señalaron que la salida de Jorge Tello Peón de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública obliga todavía más a que el gobierno federal publique un reporte detallado de los alcances que ha tenido el Acuerdo Nacional, que se festejó hace dos años como la salvación de la población del terror y la muerte sembrados por la delincuencia organizada.
Demandan destituciones
La exigencia de que sea removido del cargo el secretario Genaro García Luna fue expuesta por la vocera del PRD, la diputada Leticia Quezada, porque dijo que su desempeño “está bajo sospecha”.
La legisladora propuso a nombre de su bancada que un grupo de especialistas en materia de seguridad “proponga acciones contundentes en el combate al narcotráfico”.
El vicecoordinador del PRI, César Augusto Santiago, dijo que el Ejecutivo “no tiene argumentos para quejarse de las respuestas del Poder Legislativo a sus demandas”, y por el contrario, requirió que reporte cómo ha utilizado la nueva legislación contra la delincuencia.
El legislador federal priísta lamentó que el Ejecutivo federal no haya publicado aún nuevas leyes y reformas, como disposiciones penales contra la pederastia, en materia de delitos a derechos de autor, sobre tráfico de personas, terrorismo y un régimen de justicia para adolescentes.
El PRI, ausente de los diálogos en el Campo Marte, emplazó a que el gobierno federal lleve a cabo una consulta nacional sobre seguridad pública para elaborar un capítulo nuevo o una propuesta diferente a la que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. Dijo que también se requieren ajustes a la seguridad interior y nacional.
Juan Arvizu y Andrea Merlos, EL Universal, 21 de agosto.
En tanto, el PAN, por conducto del presidente de la Comisión de Seguridad Pública de San Lázaro, José Luis Ovando, dijo que en los objetivos de ese documento se puede ver quién cumplió con sus compromisos.
Es posible encontrar, dijo el panista Ovando, que no hay avances en materia de fiscalización de recursos entregados a los estados y municipios, así como ineficacias en programas, gastos sin provecho y falta de trabajo.
Agregó que los fracasos que hay en ese acuerdo se deben a errores de coordinación, a falta de ejecución de acciones para mejorar a los cuerpos policiacos y a la ausencia de un ejercicio transparente de los recursos.
Hay esfuerzos aislados y los problemas de coordinación se encuentran entre los poderes y sus instituciones. La aplicación de la nueva legislación contra la delincuencia es insuficiente, lamentó Ovando.
Cuestionan resultados
PRI y PRD señalaron que la salida de Jorge Tello Peón de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública obliga todavía más a que el gobierno federal publique un reporte detallado de los alcances que ha tenido el Acuerdo Nacional, que se festejó hace dos años como la salvación de la población del terror y la muerte sembrados por la delincuencia organizada.
Demandan destituciones
La exigencia de que sea removido del cargo el secretario Genaro García Luna fue expuesta por la vocera del PRD, la diputada Leticia Quezada, porque dijo que su desempeño “está bajo sospecha”.
La legisladora propuso a nombre de su bancada que un grupo de especialistas en materia de seguridad “proponga acciones contundentes en el combate al narcotráfico”.
El vicecoordinador del PRI, César Augusto Santiago, dijo que el Ejecutivo “no tiene argumentos para quejarse de las respuestas del Poder Legislativo a sus demandas”, y por el contrario, requirió que reporte cómo ha utilizado la nueva legislación contra la delincuencia.
El legislador federal priísta lamentó que el Ejecutivo federal no haya publicado aún nuevas leyes y reformas, como disposiciones penales contra la pederastia, en materia de delitos a derechos de autor, sobre tráfico de personas, terrorismo y un régimen de justicia para adolescentes.
El PRI, ausente de los diálogos en el Campo Marte, emplazó a que el gobierno federal lleve a cabo una consulta nacional sobre seguridad pública para elaborar un capítulo nuevo o una propuesta diferente a la que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. Dijo que también se requieren ajustes a la seguridad interior y nacional.
Juan Arvizu y Andrea Merlos, EL Universal, 21 de agosto.
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