Diputados federales y senadores de PAN, PRI y PRD se congratularon por la liberación de los cuatro periodistas secuestrados en Durango la semana pasada, pero exigieron al gobierno de Felipe Calderón poner en marcha acciones “inmediatas, firmes, concretas y decididas” para evitar más atentados contra informadores, así como “blindar”, desde el Congreso de la Unión, el ejercicio de la libertad de expresión, endureciendo las penas por los delitos cometidos contra comunicadores.
Tomar esas medidas, aseveraron los legisladores federales a MILENIO en entrevistas por separado, permitirá atacar de manera contundente “la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, que no es sino la complicidad del silencio y el no asumir a escala estatal la responsabilidad de impartir justicia”.
En tanto, legisladores priistas anunciaron que solicitarán a la Comisión Permanente que se cite al titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas Chávez, para abordar este caso.
La lideresa de Acción Nacional en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, así como Carlos Flores Rico, vicecoordinador general de la bancada priista, y Jesús Zambrano, vicepresidente perredista de la Cámara de Diputados, se pronunciaron por revisar a la brevedad la ley y endurecer las penas en delitos contra comunicadores.
En el editorial del órgano informativo de los diputados federales del blanquiazul, Vázquez Mota alertó: “La dictadura que hoy pretende (imponer) el crimen organizado sobre la libertad de expresión por medio de las balas es absolutamente condenable y constituye una de las principales amenazas a la gobernabilidad, al estado de derecho y a nuestras libertades”.
Pidió a la PGR fortalecer y “dar cuenta de las acciones inmediatas” de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, y denunció supuestas complicidades de autoridades locales con el crimen organizado en detrimento de los periodistas y medios.
“Hay testimonios que dan cuenta de la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado: la complicidad del silencio, de no asumir a escala estatal la responsabilidad de impartir justicia, de reconocer que estos crímenes y amenazas suceden en los territorios gobernados por ellos.
“Esa complicidad (es la misma) con la que las autoridades estatales voltean al gobierno federal para afirmar que no les corresponde la tarea y, por tanto, poco o nada pueden y quieren hacer. Esta complicidad es hoy, en muchos territorios, la mejor apuesta con que cuentan los criminales”, acusó la legisladora panista.
Por ello, convocó a los legisladores de las fuerzas representadas en el Congreso a reformar las leyes que blinden y salvaguarden el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.
El priista Carlos Flores Rico celebró el rescate de los comunicadores levantados en Durango, pero reconoció que “no hay indicios de que el ejercicio de la libertad de expresión esté blindado contra la acción del crimen organizado, por lo que la actividad reporteril se ve afectada por una mala estrategia gubernamental”.
Exigió al gobierno federal “acciones concretas” para prevenir futuros ataques contra periodistas, aunque afirmó que para lograrlo es preciso dar un giro a la estrategia contra la delincuencia organizada, más allá de la “guerrita” que ha ofrecido resultados positivos, pero a todas luces insuficientes.
El legislador priista reconoció que el Poder Legislativo debe analizar la posibilidad de sancionar con mayor rigor a quienes obstaculicen el ejercicio de los periodistas.
Su compañero David Penchyna coincidió en que se requiere una acción inmediata, misma que el gobierno no ha emprendido de manera eficaz, y señaló que hasta el momento la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión ha tenido resultados “magros” .
El diputado Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, y el senador perredista Tomás Torres coincidieron en la necesidad de que comparezca el titular de dicha fiscalía “para que explique éste y los demás casos de violación de la libertad de expresión”.
En tanto, el perredista Jesús Zambrano reconoció la intervención de la Policía Federal para liberar a los comunicadores secuestrados y confió en que el operativo que se aplicó para su liberación no sea para salir del paso, sino que se corresponda con “acciones firmes y decididas” para evitar más agresiones contra periodistas.
El líder del PRD, Jesús Ortega, culpó al gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, de no brindar garantías para ejercer la libertad de expresión.
En esa entidad, sostuvo, “hay desgobierno, no hay quien aplique la ley, no hay quien aplique justicia y tampoco existe el derecho de protestar o de informar”. Eso lo padecen a diario sus pobladores, pero el gobierno estatal “no lo quiere asumir”, indicó.
Fernando Damián, Angélica Mercado, Miriam Castillo y Liliana Padilla, Milenio, 2 de agosto.
Tomar esas medidas, aseveraron los legisladores federales a MILENIO en entrevistas por separado, permitirá atacar de manera contundente “la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, que no es sino la complicidad del silencio y el no asumir a escala estatal la responsabilidad de impartir justicia”.
En tanto, legisladores priistas anunciaron que solicitarán a la Comisión Permanente que se cite al titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas Chávez, para abordar este caso.
La lideresa de Acción Nacional en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, así como Carlos Flores Rico, vicecoordinador general de la bancada priista, y Jesús Zambrano, vicepresidente perredista de la Cámara de Diputados, se pronunciaron por revisar a la brevedad la ley y endurecer las penas en delitos contra comunicadores.
En el editorial del órgano informativo de los diputados federales del blanquiazul, Vázquez Mota alertó: “La dictadura que hoy pretende (imponer) el crimen organizado sobre la libertad de expresión por medio de las balas es absolutamente condenable y constituye una de las principales amenazas a la gobernabilidad, al estado de derecho y a nuestras libertades”.
Pidió a la PGR fortalecer y “dar cuenta de las acciones inmediatas” de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, y denunció supuestas complicidades de autoridades locales con el crimen organizado en detrimento de los periodistas y medios.
“Hay testimonios que dan cuenta de la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado: la complicidad del silencio, de no asumir a escala estatal la responsabilidad de impartir justicia, de reconocer que estos crímenes y amenazas suceden en los territorios gobernados por ellos.
“Esa complicidad (es la misma) con la que las autoridades estatales voltean al gobierno federal para afirmar que no les corresponde la tarea y, por tanto, poco o nada pueden y quieren hacer. Esta complicidad es hoy, en muchos territorios, la mejor apuesta con que cuentan los criminales”, acusó la legisladora panista.
Por ello, convocó a los legisladores de las fuerzas representadas en el Congreso a reformar las leyes que blinden y salvaguarden el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.
El priista Carlos Flores Rico celebró el rescate de los comunicadores levantados en Durango, pero reconoció que “no hay indicios de que el ejercicio de la libertad de expresión esté blindado contra la acción del crimen organizado, por lo que la actividad reporteril se ve afectada por una mala estrategia gubernamental”.
Exigió al gobierno federal “acciones concretas” para prevenir futuros ataques contra periodistas, aunque afirmó que para lograrlo es preciso dar un giro a la estrategia contra la delincuencia organizada, más allá de la “guerrita” que ha ofrecido resultados positivos, pero a todas luces insuficientes.
El legislador priista reconoció que el Poder Legislativo debe analizar la posibilidad de sancionar con mayor rigor a quienes obstaculicen el ejercicio de los periodistas.
Su compañero David Penchyna coincidió en que se requiere una acción inmediata, misma que el gobierno no ha emprendido de manera eficaz, y señaló que hasta el momento la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión ha tenido resultados “magros” .
El diputado Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, y el senador perredista Tomás Torres coincidieron en la necesidad de que comparezca el titular de dicha fiscalía “para que explique éste y los demás casos de violación de la libertad de expresión”.
En tanto, el perredista Jesús Zambrano reconoció la intervención de la Policía Federal para liberar a los comunicadores secuestrados y confió en que el operativo que se aplicó para su liberación no sea para salir del paso, sino que se corresponda con “acciones firmes y decididas” para evitar más agresiones contra periodistas.
El líder del PRD, Jesús Ortega, culpó al gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, de no brindar garantías para ejercer la libertad de expresión.
En esa entidad, sostuvo, “hay desgobierno, no hay quien aplique la ley, no hay quien aplique justicia y tampoco existe el derecho de protestar o de informar”. Eso lo padecen a diario sus pobladores, pero el gobierno estatal “no lo quiere asumir”, indicó.
Fernando Damián, Angélica Mercado, Miriam Castillo y Liliana Padilla, Milenio, 2 de agosto.
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