El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, hizo saber a la bancada del PAN en el Congreso la opinión castrense respecto la minuta de Ley de Seguridad Nacional y los ajustes que se requieren.
De acuerdo con la diputada Josefina Vázquez Mota y el senador Gustavo Madero, fue un planteamiento informal, pero el PAN está dispuesto a hacer los cambios que se requieran para fortalecer la vida institucional del Ejército y darle garantías de carácter legal a su actuación.
A un mes de que inicie el periodo ordinario en el Congreso, hay varias minutas pendientes en San Lázaro para combatir al crimen organizado, incluidas las reformas en materia de amparo que acotan las posibilidades de criminales para recurrir a ese derecho, las reformas de derechos humanos que delimitan los casos de suspensión de garantías, la ley antisecuestros y la Ley de Seguridad Nacional que define el marco legal para la actuación de las fuerzas armadas.
En esta última se delimita la intervención castrense y se señala que el Ejecutivo federal no podrá utilizar las tropas en conflictos sociales, laborales o político-electorales, y precisa que su función será auxiliar a la autoridad civil en el combate al crimen organizado.
No se incluyó la petición que hizo en privado el alto mando a senadores para realizar operaciones “en caliente” y se determinó que las acciones de investigación recaerán en el Cisen, pese a que la Sedena abrió una página electrónica que a la fecha ha recibido más de 50 mil denuncias anónimas que son rastreadas por comandancias y regiones militares.
Consultado sobre las limitaciones impuestas a las fuerzas armadas, Madero dijo que se han tenido conversaciones con el general Galván. Indicó que esos encuentros fueron informales y que será la Cámara de Diputados la que determine lo procedente respecto a la minuta.
—El secretario les hizo propuestas respecto a la minuta, ¿en qué sentido vendrían?
—No hemos tenido las observaciones oficialmente. Hemos sostenido un diálogo para establecer la oportunidad de que cuando la Sedena o la Marina tengan las observaciones, las hagan llegar para procesarlas antes de su dictamen ante la Cámara de Diputados.
—¿El secretario les ha hecho algunos comentarios de cambios a la minuta? —se le preguntó a Vázquez Mota.
—Hemos estado dialogando con las fuerzas armadas; es un diálogo abierto y tenemos la convicción de que si hay algunas instituciones que se deben salvaguardar es el Ejército y la Marina; hay que fortalecer su vida institucional, darles garantía legal, particularmente cuando se está enfrentando una batalla contra al crimen organizado, pero al mismo tiempo hay una decisión de salvaguardar los derechos humanos.
Al respecto, el senador Santiago Creel dijo que si la Cámara de Diputados se equivocó su partido está dispuesto a analizar cambios a la minuta.
—¿Qué va a pasar con esas 50 mil denuncias anónimas si el Ejército ya no podría investigarlas?
—Yo creo que tiene que revisarse (la situación), porque ha dado éxito (ese esquema), no digo que en todos los casos, pero sí en algunos. Son de las cuestiones que amerita volverlas a discutir, a lo mejor no las cambiamos finalmente, pero por supuesto abrirlas al debate y a la reflexión me parece que es necesario.
En tanto, el PVEM en el Senado propuso replantear las iniciativas de combate al crimen aprobadas en el periodo anterior.
El coordinador Arturo Escobar señaló la seguridad del país “debe sostenerse mediante un sistema de inteligencia que sea el rector de políticas y estrategias que den resultados y detengan la ola de violencia que sigue creciendo y está obligando a los mexicanos a vivir con temor y desconfianza”.
México • Angélica Mercado, Milenio, 2 de agosto.
De acuerdo con la diputada Josefina Vázquez Mota y el senador Gustavo Madero, fue un planteamiento informal, pero el PAN está dispuesto a hacer los cambios que se requieran para fortalecer la vida institucional del Ejército y darle garantías de carácter legal a su actuación.
A un mes de que inicie el periodo ordinario en el Congreso, hay varias minutas pendientes en San Lázaro para combatir al crimen organizado, incluidas las reformas en materia de amparo que acotan las posibilidades de criminales para recurrir a ese derecho, las reformas de derechos humanos que delimitan los casos de suspensión de garantías, la ley antisecuestros y la Ley de Seguridad Nacional que define el marco legal para la actuación de las fuerzas armadas.
En esta última se delimita la intervención castrense y se señala que el Ejecutivo federal no podrá utilizar las tropas en conflictos sociales, laborales o político-electorales, y precisa que su función será auxiliar a la autoridad civil en el combate al crimen organizado.
No se incluyó la petición que hizo en privado el alto mando a senadores para realizar operaciones “en caliente” y se determinó que las acciones de investigación recaerán en el Cisen, pese a que la Sedena abrió una página electrónica que a la fecha ha recibido más de 50 mil denuncias anónimas que son rastreadas por comandancias y regiones militares.
Consultado sobre las limitaciones impuestas a las fuerzas armadas, Madero dijo que se han tenido conversaciones con el general Galván. Indicó que esos encuentros fueron informales y que será la Cámara de Diputados la que determine lo procedente respecto a la minuta.
—El secretario les hizo propuestas respecto a la minuta, ¿en qué sentido vendrían?
—No hemos tenido las observaciones oficialmente. Hemos sostenido un diálogo para establecer la oportunidad de que cuando la Sedena o la Marina tengan las observaciones, las hagan llegar para procesarlas antes de su dictamen ante la Cámara de Diputados.
—¿El secretario les ha hecho algunos comentarios de cambios a la minuta? —se le preguntó a Vázquez Mota.
—Hemos estado dialogando con las fuerzas armadas; es un diálogo abierto y tenemos la convicción de que si hay algunas instituciones que se deben salvaguardar es el Ejército y la Marina; hay que fortalecer su vida institucional, darles garantía legal, particularmente cuando se está enfrentando una batalla contra al crimen organizado, pero al mismo tiempo hay una decisión de salvaguardar los derechos humanos.
Al respecto, el senador Santiago Creel dijo que si la Cámara de Diputados se equivocó su partido está dispuesto a analizar cambios a la minuta.
—¿Qué va a pasar con esas 50 mil denuncias anónimas si el Ejército ya no podría investigarlas?
—Yo creo que tiene que revisarse (la situación), porque ha dado éxito (ese esquema), no digo que en todos los casos, pero sí en algunos. Son de las cuestiones que amerita volverlas a discutir, a lo mejor no las cambiamos finalmente, pero por supuesto abrirlas al debate y a la reflexión me parece que es necesario.
En tanto, el PVEM en el Senado propuso replantear las iniciativas de combate al crimen aprobadas en el periodo anterior.
El coordinador Arturo Escobar señaló la seguridad del país “debe sostenerse mediante un sistema de inteligencia que sea el rector de políticas y estrategias que den resultados y detengan la ola de violencia que sigue creciendo y está obligando a los mexicanos a vivir con temor y desconfianza”.
México • Angélica Mercado, Milenio, 2 de agosto.
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