La decisión fue tomada con base en el análisis de los casos de Hugo Armendáriz, de México, y Wyne Smith, de Trinidad y Tobago, ambos residentes legales en Estados Unidos por 25 y 35 años, respectivamente, quienes fueron deportados por cometer delitos no violentos años atrás.
Las leyes migratorias vigentes exigen la deportación obligatoria de inmigrantes que hayan cometido algún tipo de delito.
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