Contemplar un “plan B” en la lucha contra la delincuencia, como la legalización del uso de algunas drogas –mariguana entre ellas–, y rescatar a la educación del “secuestro” que realiza el sindicato magisterial en el país, fueron algunas de las propuestas que presentaron organizaciones civiles al presidente Felipe Calderón.
En el arranque del Diálogo por la Seguridad, auspiciado por el Ejecutivo federal, el dirigente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo, propuso analizar la legalización de la mariguana, luego de que en Estados Unidos –concretamente en California y Colorado– ello está en proceso.
“Sin que esto pueda ser interpretado como un entreguismo a los delincuentes, tenemos que poner sobre la mesa el plan B. ¿Qué ocurre si legalizamos algunas drogas y cuáles son las mecánicas más apropiadas llegado el caso. Para tenerlo como plan B, porque si el plan A no nos da el resultado inmediato, legalizarla nos lo puede dar prácticamente de un solo golpe y hay que medir consecuencias”, señaló.
Pese a que, dijo, podría ser juzgado de “loco”, consideró que si no vemos todas las opciones, nos vamos a anquilosar sin resolver el problema, añadió el padre de Paola Gallo, secuestrada y asesinada en 2000.
En tanto, José Francisco Blake Mora, cuarto secretario de Gobernación en lo que va del sexenio, debutó como moderador del diálogo, donde fue constantemente auxiliado –con tarjetas informativas– por funcionarios como el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés. También asistió por primera vez la nueva vocera de Los Pinos, Alejandra Sota.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, convalidó la propuesta de debatir el tema de la despenalización, regulación y control de la mariguana, sin que ello implique que esté de acuerdo.
Argumentó que la guerra contra el crimen en Estados Unidos lleva 40 años con los mismos resultados: “Me parece muy difícil que usted como Presidente le pueda seguir explicando a los campesinos que les están quemando sus plantíos, cuando a 200 kilómetros de la frontera esto (la siembra) ya va a ser permitido, y estamos exponiendo a nuestros miembros del Ejército Mexicano y a nuestra policía y nos estamos matando”. Se preguntó qué vamos a hacer en noviembre cuando entre en vigor la ley de despenalización de la mariguana en el estado de California.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, se quejó de que “México esté secuestrado por un sindicato que poco reporta” y responsable de que el país ocupe el penúltimo lugar en el rubro de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A partir de ello, afirmó: “Creo que no es buena combinación tener tanta violencia y tanta impreparación (sic) de nuestros alumnos”.
Transcurridas casi cuatro horas de diálogo, los mismos representantes de la sociedad civil reconocieron que pidieron “más de lo mismo”. Laura Herrejón, representante del Movimiento Pro Vecino, abogó porque la reunión no fuera sólo una discusión que borde en el vacío o sólo para los medios.
A su vez, Eduardo Gallo afirmó que “si estamos aquí es para batirnos por el país, no para defender al Presidente ni al partido al que el pertenece. Nosotros tenemos que obligar a diputados, senadores, a gobernadores a que se sienten y trabajen, si no que se larguen derechito a la cárcel”.
En el arranque del Diálogo por la Seguridad, auspiciado por el Ejecutivo federal, el dirigente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo, propuso analizar la legalización de la mariguana, luego de que en Estados Unidos –concretamente en California y Colorado– ello está en proceso.
“Sin que esto pueda ser interpretado como un entreguismo a los delincuentes, tenemos que poner sobre la mesa el plan B. ¿Qué ocurre si legalizamos algunas drogas y cuáles son las mecánicas más apropiadas llegado el caso. Para tenerlo como plan B, porque si el plan A no nos da el resultado inmediato, legalizarla nos lo puede dar prácticamente de un solo golpe y hay que medir consecuencias”, señaló.
Pese a que, dijo, podría ser juzgado de “loco”, consideró que si no vemos todas las opciones, nos vamos a anquilosar sin resolver el problema, añadió el padre de Paola Gallo, secuestrada y asesinada en 2000.
En tanto, José Francisco Blake Mora, cuarto secretario de Gobernación en lo que va del sexenio, debutó como moderador del diálogo, donde fue constantemente auxiliado –con tarjetas informativas– por funcionarios como el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés. También asistió por primera vez la nueva vocera de Los Pinos, Alejandra Sota.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, convalidó la propuesta de debatir el tema de la despenalización, regulación y control de la mariguana, sin que ello implique que esté de acuerdo.
Argumentó que la guerra contra el crimen en Estados Unidos lleva 40 años con los mismos resultados: “Me parece muy difícil que usted como Presidente le pueda seguir explicando a los campesinos que les están quemando sus plantíos, cuando a 200 kilómetros de la frontera esto (la siembra) ya va a ser permitido, y estamos exponiendo a nuestros miembros del Ejército Mexicano y a nuestra policía y nos estamos matando”. Se preguntó qué vamos a hacer en noviembre cuando entre en vigor la ley de despenalización de la mariguana en el estado de California.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, se quejó de que “México esté secuestrado por un sindicato que poco reporta” y responsable de que el país ocupe el penúltimo lugar en el rubro de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A partir de ello, afirmó: “Creo que no es buena combinación tener tanta violencia y tanta impreparación (sic) de nuestros alumnos”.
Transcurridas casi cuatro horas de diálogo, los mismos representantes de la sociedad civil reconocieron que pidieron “más de lo mismo”. Laura Herrejón, representante del Movimiento Pro Vecino, abogó porque la reunión no fuera sólo una discusión que borde en el vacío o sólo para los medios.
A su vez, Eduardo Gallo afirmó que “si estamos aquí es para batirnos por el país, no para defender al Presidente ni al partido al que el pertenece. Nosotros tenemos que obligar a diputados, senadores, a gobernadores a que se sienten y trabajen, si no que se larguen derechito a la cárcel”.
Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 3 de agosto.
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