Al vencerse el plazo para impugnar la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que consideró que el presidente Felipe Calderón había violado la legislación al emitir un mensaje sobre seguridad pública en cadena nacional en víspera de procesos electorales locales, el área jurídica de la Presidencia formalizó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Paralelamente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso otro recurso contra la decisión del IFE que eximió de responsabilidades a Calderón por dos “mensajes en los medios de comunicación en los que habló de empleo y del impuesto de tenencia vehicular” en la semana previa a las elecciones en 12 estados. A decir de los priístas, con dichos mensajes el Presidente igualmente violentó la disposición que le prohíbe hacer propaganda oficial.
Ambos recursos se agregarán al que en su momento promovió el Partido Acción Nacional (PAN), igualmente inconforme, pero éste por la recriminación al Presidente de violar la legislación.
En su apelación, el PAN argumentó la incompetencia del IFE, cuya actuación, dice, rebasó sus facultades como autoridad, pues al no estar tipificada conducta ilegal alguna en el marco jurídico electoral, tampoco existe sanción alguna al Presidente, lo que corrobora que en su actuar, el IFE violó los artículos 14 y 16 constitucionales.
El pasado 21 de julio, el Consejo General del IFE resolvió la queja priísta presentada contra el Presidente por la difusión de un mensaje sobre seguridad pública utilizando una cadena nacional el pasado 15 de junio, así como los dos mensajes en los medios los primeros días de julio.
En su momento, el IFE dijo que estaba imposibilitado de sancionar al Presidente por las restricciones asentadas en el artículo 108 de la Constitución, que limita las posibles sanciones al jefe del Ejecutivo a los casos de traición a la patria o delitos graves del orden común. Eso no impedía al IFE señalar que hubo violación a las restricciones legales de emitir propaganda gubernamental, como fue considerada la cadena nacional.
Tal determinación inconformó al gobierno, que por primera vez acude al TEPJF con la premisa de que el IFE se excedió en sus funciones y pretende limitar la libertad de expresión del Presidente al condenar el uso de la cadena nacional en época electoral.
En su momento, el gobierno federal criticó la decisión que se abstraía del carácter prioritario de informar a los ciudadanos. La inconformidad gubernamental cuestionó que se pretenda limitar la libertad de acceso a la información de los ciudadanos sobre temas vitales, y en particular en una semana que había sido complicada, especialmente en materia de seguridad, según el gobierno federal.
El recurso presentado el pasado fin de semana sólo confirmó el anuncio de la Secretaría de Gobernación, difundido el 22 de julio, donde anticipaba su inconformidad. Según el gobierno federal, los señalamientos del IFE se equiparan a una pretensión de censurar a la Presidencia.
Paralelamente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso otro recurso contra la decisión del IFE que eximió de responsabilidades a Calderón por dos “mensajes en los medios de comunicación en los que habló de empleo y del impuesto de tenencia vehicular” en la semana previa a las elecciones en 12 estados. A decir de los priístas, con dichos mensajes el Presidente igualmente violentó la disposición que le prohíbe hacer propaganda oficial.
Ambos recursos se agregarán al que en su momento promovió el Partido Acción Nacional (PAN), igualmente inconforme, pero éste por la recriminación al Presidente de violar la legislación.
En su apelación, el PAN argumentó la incompetencia del IFE, cuya actuación, dice, rebasó sus facultades como autoridad, pues al no estar tipificada conducta ilegal alguna en el marco jurídico electoral, tampoco existe sanción alguna al Presidente, lo que corrobora que en su actuar, el IFE violó los artículos 14 y 16 constitucionales.
El pasado 21 de julio, el Consejo General del IFE resolvió la queja priísta presentada contra el Presidente por la difusión de un mensaje sobre seguridad pública utilizando una cadena nacional el pasado 15 de junio, así como los dos mensajes en los medios los primeros días de julio.
En su momento, el IFE dijo que estaba imposibilitado de sancionar al Presidente por las restricciones asentadas en el artículo 108 de la Constitución, que limita las posibles sanciones al jefe del Ejecutivo a los casos de traición a la patria o delitos graves del orden común. Eso no impedía al IFE señalar que hubo violación a las restricciones legales de emitir propaganda gubernamental, como fue considerada la cadena nacional.
Tal determinación inconformó al gobierno, que por primera vez acude al TEPJF con la premisa de que el IFE se excedió en sus funciones y pretende limitar la libertad de expresión del Presidente al condenar el uso de la cadena nacional en época electoral.
En su momento, el gobierno federal criticó la decisión que se abstraía del carácter prioritario de informar a los ciudadanos. La inconformidad gubernamental cuestionó que se pretenda limitar la libertad de acceso a la información de los ciudadanos sobre temas vitales, y en particular en una semana que había sido complicada, especialmente en materia de seguridad, según el gobierno federal.
El recurso presentado el pasado fin de semana sólo confirmó el anuncio de la Secretaría de Gobernación, difundido el 22 de julio, donde anticipaba su inconformidad. Según el gobierno federal, los señalamientos del IFE se equiparan a una pretensión de censurar a la Presidencia.
Alonso Urrutia, La Jornada, 3 de agosto.
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