M ESA, Arizona.— El senador estatal de Mesa, Russell Pearce, concibió la ley SB1070 para “asfixiar” a los indocumentados, pero, paradójicamente, la medida está deteriorando la economía de esta ciudad y del estado.
La SB1070, en vigor desde el jueves aunque con la suspensión por la justicia de los artículos más criticados, penaliza la presencia de indocumentados en Arizona y ha inspirado a otros gobiernos a seguir el ejemplo de este estado, considerado “zona cero” del combate a la inmigración ilegal en EU.
Sin embargo, esta ley ha caldeado el clima político en EU ante los comicios de noviembre próximo, y en Mesa, 32 kilómetros al este de Phoenix, está contribuyendo al ocaso de decenas de negocios. Para un extranjero, la vida en Arizona se divide en un antes y un después de la SB1070, una medida que también castiga a quienes ayuden a los ilegales.
Basta un paseo por algunas de la principales calles de este imán del turismo en el condado de Maricopa para ver el impacto de la recesión y de la norma, que ha alentado el éxodo de muchos.
Varios negocios en las intersecciones de Main Street y Stapley Drive, y de Broadway y Country Club, cuelgan en sus puertas letreros con mensaje de “cerrado” y cadenas y candados de acero. En varios centros comerciales, sólo quedan lotes vacíos.
“Creo que legisladores como el señor Pearce no piensan en el bienestar de su estado (...), están usando la SB1070 como plataforma para captar votos”, dijo la reverenda Magdalena Schwartz, de la iglesia Discípulos del Reino Metodista Libre, que atiende a inmigrantes, en su mayoría de México.
Nadie sabe con certeza cuánto costará la aplicación de la SB1070, aunque las autoridades apartaron 10 millones de dólares para acciones policiales. Esa cifra no incluye lo que costaría ampliar las cárceles o responder a posibles demandas civiles.
El Centro Udall para Estudios de Política Pública, de la Universidad de Arizona, calculó recientemente que la productividad económica de los inmigrantes en el estado, tanto legales como indocumentados, fue de 44 mil millones de dólares en 2004.
Si se cumpliera la fantasía de los partidarios de la ley de expulsar a todos los indocumentados, Arizona perdería 26 mil 400 millones de dólares en actividad económica, 11 mil 700 millones en su Producto Interno Bruto y unos 140 mil 324 empleos, según el Grupo Perryman.
La SB1070, en vigor desde el jueves aunque con la suspensión por la justicia de los artículos más criticados, penaliza la presencia de indocumentados en Arizona y ha inspirado a otros gobiernos a seguir el ejemplo de este estado, considerado “zona cero” del combate a la inmigración ilegal en EU.
Sin embargo, esta ley ha caldeado el clima político en EU ante los comicios de noviembre próximo, y en Mesa, 32 kilómetros al este de Phoenix, está contribuyendo al ocaso de decenas de negocios. Para un extranjero, la vida en Arizona se divide en un antes y un después de la SB1070, una medida que también castiga a quienes ayuden a los ilegales.
Basta un paseo por algunas de la principales calles de este imán del turismo en el condado de Maricopa para ver el impacto de la recesión y de la norma, que ha alentado el éxodo de muchos.
Varios negocios en las intersecciones de Main Street y Stapley Drive, y de Broadway y Country Club, cuelgan en sus puertas letreros con mensaje de “cerrado” y cadenas y candados de acero. En varios centros comerciales, sólo quedan lotes vacíos.
“Creo que legisladores como el señor Pearce no piensan en el bienestar de su estado (...), están usando la SB1070 como plataforma para captar votos”, dijo la reverenda Magdalena Schwartz, de la iglesia Discípulos del Reino Metodista Libre, que atiende a inmigrantes, en su mayoría de México.
Nadie sabe con certeza cuánto costará la aplicación de la SB1070, aunque las autoridades apartaron 10 millones de dólares para acciones policiales. Esa cifra no incluye lo que costaría ampliar las cárceles o responder a posibles demandas civiles.
El Centro Udall para Estudios de Política Pública, de la Universidad de Arizona, calculó recientemente que la productividad económica de los inmigrantes en el estado, tanto legales como indocumentados, fue de 44 mil millones de dólares en 2004.
Si se cumpliera la fantasía de los partidarios de la ley de expulsar a todos los indocumentados, Arizona perdería 26 mil 400 millones de dólares en actividad económica, 11 mil 700 millones en su Producto Interno Bruto y unos 140 mil 324 empleos, según el Grupo Perryman.
María Peña (EFE), EL Universal, 1º de agosto.
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