Oaxaca, Oax., 6 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó me- didas cautelares a la comunidad indígena mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla de Guerrero, ante las constantes agresiones de un grupo armado del pueblo vecino de San Sebastián Nopalera, correspondiente a la jurisdicción de Santa Lucía Monteverde, con quien enfrentan un conflicto agrario, informó Rufino Benítez Sánchez, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
El activista dijo que ese organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) requirió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y efectuar lo necesario, con el propósito de remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre ambos pueblos, y evitar futuros enfrentamientos.
Además, establecer un mecanismo de supervisión continua y de comunicación permanente con los beneficiarios para que las medidas sean aplicadas de común acuerdo con los beneficiarios y sus representantes.
Explicó que la CIDH dio un plazo de 15 días para presentar un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y actualizar la información en forma periódica.
Precisó que la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas determinó salir en éxodo el 22 de julio pasado hacia la cabecera distrital de Tlaxiaco, debido a las agresiones del grupo armado de San Sebastián Nopalera. “La situación es de peligro inminente”, añadió.
Mencionó que el pueblo de Zimatlán de Lázaro Cárdenas se encuentra sitiado desde hace varios días y sufre insistentes ataques de sus colindantes y ante esto ninguna persona puede salir sin poner en riesgo su vida.
Expuso que Zimatlán de Lázaro Cárdenas ha sufrido la desaparición de dos habitantes: Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández, además de una persona lesionada, quema de viviendas, robo de ganado, saqueo de casas y constantes agresiones con armas de fuego.
Benítez Sánchez dijo que el grupo armado además de mantenerse en la entrada al pueblo, se ha apostado en la toma de agua y los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas teme que se haya envenenado el líquido.
El activista dijo que ese organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) requirió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y efectuar lo necesario, con el propósito de remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre ambos pueblos, y evitar futuros enfrentamientos.
Además, establecer un mecanismo de supervisión continua y de comunicación permanente con los beneficiarios para que las medidas sean aplicadas de común acuerdo con los beneficiarios y sus representantes.
Explicó que la CIDH dio un plazo de 15 días para presentar un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y actualizar la información en forma periódica.
Precisó que la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas determinó salir en éxodo el 22 de julio pasado hacia la cabecera distrital de Tlaxiaco, debido a las agresiones del grupo armado de San Sebastián Nopalera. “La situación es de peligro inminente”, añadió.
Mencionó que el pueblo de Zimatlán de Lázaro Cárdenas se encuentra sitiado desde hace varios días y sufre insistentes ataques de sus colindantes y ante esto ninguna persona puede salir sin poner en riesgo su vida.
Expuso que Zimatlán de Lázaro Cárdenas ha sufrido la desaparición de dos habitantes: Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández, además de una persona lesionada, quema de viviendas, robo de ganado, saqueo de casas y constantes agresiones con armas de fuego.
Benítez Sánchez dijo que el grupo armado además de mantenerse en la entrada al pueblo, se ha apostado en la toma de agua y los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas teme que se haya envenenado el líquido.
Octavio Vélez Ascencio, La Jornada, 7 de junio.
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