Los relatores especiales de las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU) que están de visita en México se reunieron con periodistas y organizaciones civiles para analizar las condiciones de acceso a la información que prevalecen en el país.
Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, aseguró que con estos datos se elaborará un informe sobre México, que será presentado a los integrantes del sistema interamericano, como parte de un reporte especial que abarcará a todos los países de la región.
Frank La Rue, relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, tomó nota de cada una de las quejas que se presentaron sobre la actitud de los gobiernos federal y estatales, que en la práctica, y a pesar de la existencia de leyes que garantizan el acceso a la información, se han caracterizado por la opacidad.
La sesión de trabajo tuvo como sede el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y fue parte de más de 40 reuniones que los relatores tendrán tanto con la sociedad civil y con comunicadores, como autoridades federales y estatales hasta el 24 de agosto.
Los relatores se reservaron hacer comentarios sobre la situación que impera en México en cuanto al ataque a periodistas y sus efectos en la libertad de expresión en México.
Obstáculos a periodistas
Durante la reunión hicieron anotaciones sobre los casos en que dependencias del gobierno federal han negado el acceso a la información utilizando la propia ley federal y a pesar de existir resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Los periodistas coincidieron en que dependencias, como la PGR, se han “especializado” en cómo poner obstáculos a los ciudadanos que requieren alguna información, y prácticamente todas las instituciones del gobierno federal han capacitado a su personal para poder negar la entrega de información interpretando la ley a su conveniencia.
Las organizaciones como Artículo 19 solicitaron que los relatores se entrevisten con los ministros de la Corte para que expresen la preocupación que hay sobre leyes locales, como las de Campeche, que incluyen que el gobierno pueda recurrir a tribunales administrativos para impugnar una resolución en materia de acceso a la información.
Indicaron que existe ya una segunda generación de leyes sobre derecho a la información y transparencia.
Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, aseguró que con estos datos se elaborará un informe sobre México, que será presentado a los integrantes del sistema interamericano, como parte de un reporte especial que abarcará a todos los países de la región.
Frank La Rue, relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, tomó nota de cada una de las quejas que se presentaron sobre la actitud de los gobiernos federal y estatales, que en la práctica, y a pesar de la existencia de leyes que garantizan el acceso a la información, se han caracterizado por la opacidad.
La sesión de trabajo tuvo como sede el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y fue parte de más de 40 reuniones que los relatores tendrán tanto con la sociedad civil y con comunicadores, como autoridades federales y estatales hasta el 24 de agosto.
Los relatores se reservaron hacer comentarios sobre la situación que impera en México en cuanto al ataque a periodistas y sus efectos en la libertad de expresión en México.
Obstáculos a periodistas
Durante la reunión hicieron anotaciones sobre los casos en que dependencias del gobierno federal han negado el acceso a la información utilizando la propia ley federal y a pesar de existir resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Los periodistas coincidieron en que dependencias, como la PGR, se han “especializado” en cómo poner obstáculos a los ciudadanos que requieren alguna información, y prácticamente todas las instituciones del gobierno federal han capacitado a su personal para poder negar la entrega de información interpretando la ley a su conveniencia.
Las organizaciones como Artículo 19 solicitaron que los relatores se entrevisten con los ministros de la Corte para que expresen la preocupación que hay sobre leyes locales, como las de Campeche, que incluyen que el gobierno pueda recurrir a tribunales administrativos para impugnar una resolución en materia de acceso a la información.
Indicaron que existe ya una segunda generación de leyes sobre derecho a la información y transparencia.
Silvia Otero, EL Universal, 11 de agosto.
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