categóricamente las imputaciones falsas y calumniosasque algunas personas han realizado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la opinión pública relacionadas con su estrategia de combate al crimen organizado y advirtió que analiza todas las posibilidades
para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias internacionales o nacionales, pues las imputaciones al gobierno de México
son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia.
desafortunadamentelas fuerzas federales han incurrido en violación a derechos humanos, se ha procedido a sancionarlas. Por ello Presidencia descalificó todas las imputaciones en contra:
Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas.
una democracia vibrante, con poderes públicos independientes, con instituciones de derechos humanos autónomas, y un sistema de garantías individuales consolidadas, destacó el comunicado.
inéditaperpetrada por delincuentes del orden común y del crimen organizado, que afecta sensiblemente a la sociedad. Agregó que la respuesta gubernamental ante el
clamorde las familias por enfrentar la inseguridad ha sido el despliegue de fuerzas federales, acción que también responde a la petición de gobiernos estatales de que se les apoye a enfrentar esta problemática.
en los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.
estos casos han sido verdaderamente excepcionales, pues la regla –según aseguró Presidencia– ha sido poner a disposición de las autoridades competentes a los detenidos.
Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.
constituye la mayor ampliación de libertades y garantías de derechos humanos que se haya realizado en México durante décadas.
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