México tiene el segundo nivel más elevado de desigualdad de los ingresos en la población activa en la OCDE, justo por debajo de Chile y muy por encima de la media de la OCDE, a pesar de su disminución desde mediados de los años 90. El ingreso medio del 10 por ciento de los hogares mexicanos con mayores ingresos en 2008 era de 228 mil 900 pesos, 25 veces por encima del 10 por ciento con menores ingresos, que tenían una percepción media de 8 mil 700 pesos. La diferencia es de nueve a uno en los países de la OCDE, destacó el organismo.
gananciasentre los empleados mejor y peor pagados se incrementó, lo que confirma una tendencia observada en la mayoría de los países miembros. No obstante, el promedio de los trabajadores mexicanos labora más horas que en ningún otro país de la OCDE: la cantidad de horas trabajadas anualmente por los que tienen menores
gananciasdisminuyó de 2 mil 600 a 2 mil 150 horas. Mientras, las horas anuales trabajadas por los empleados de ingresos superiores aumentaron de 2 mil 400 a 2 mil 500.
las prestaciones sociales en especie constituyen alrededor de 7 por ciento de los ingresos posteriores a la deducción de impuestos. Aunque esta cifra se ha multiplicado por dos desde los años 90, sigue siendo inferior a la media de la OCDE (ubicada en 12 por ciento). Estas prestaciones contribuyen a reducir los niveles de desigualdad únicamente en 3 por ciento y este impacto no ha variado en los últimos años. Nuevos programas de transferencias condicionadas introducidos en la última década, como Oportunidades y el Seguro Popular, han contribuido a mejorar los resultados escolares y de salud, y a disminuir la pobreza, pero su impacto en el nivel de desigualdad es pequeño, dado el bajo nivel de gasto en relación con el PIB per cápita.
el medio más promisorio de hacer frente a la desigualdad, aunque el reto es crear más y mejores plazas laborales, que ofrezcan buenas perspectivas profesionales y aseguren oportunidades reales de superar la pobreza.
la fracción cada vez mayor del ingreso que perciben los grupos de rentas más altas indica que estas personas tienen ahora mayor capacidad tributaria. En este contexto, los gobiernos podrían rexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar por que los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal.
El contrato social comienza a fisurarse en numerosos países. Este estudio desecha la hipótesis de que los beneficios del crecimiento económico repercuten automáticamente en las categorías desfavorecidas y que un aumento de la desigualdad estimula la movilidad social.
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