El juez federal Richard Gergel bloqueó ayer partes de la ley antiinmigrante SB20 de Carolina del Sur, que entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo.
El magistrado tomó la medida en respuesta a la petición presentada por el gobierno de Estados Unidos, que indicó que corresponde a la autoridad federal y no a la estatal aplicar la ley migratoria.
Gergel bloqueó cláusulas de la ley que permitirían a la policía verificar el estatus migratorio de una persona sospechosa de ser indocumentada.
Asimismo, bloqueó medidas relacionadas con el transporte de indocumentados y las tarjetas de identificación de los inmigrantes.
Una coalición de grupos de derechos civiles se sumó a la petición del gobierno de pedir el bloqueo de la ley antiinmigrante al argumentar que es inconstitucional porque interfiere con las leyes federales.
La coalición incluye a organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación y el Centro Legal sobre la Pobreza en el Sur, entre otras.
Por la tarde, el gobierno de México se congratuló por la decisión de la Corte Federal. En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades mexicanas señalaron que la ley de Carolina del Sur abría las posibilidades de una aplicación indebida de las autoridades locales.
“México seguirá acudiendo a todas las instancias disponibles, de manera firme e inmediata, para proteger los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, independientemente de su calidad migratoria”, precisa el comunicado.
Claves
Antecedentes
• El fallo se da en respuesta al escrito de Amigo de la Corte que presentó México el 8 de noviembre pasado, con el apoyo de 15 países de América Latina.
• Esto último en apoyo a las demandas de inconstitucionalidad que presentaron en su momento el gobierno de Estados Unidos y diversas organizaciones sociales contra la aplicación de dicha ley.
• Resoluciones similares han tomado diversas cortes federales de distrito y de apelaciones contra leyes similares en Alabama, Arizona, Georgia, Indiana y Utah.
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