Migrantes: cambian las rutas, sigue la tragedia

Los secuestros y desapariciones de migrantes persisten, sólo han cambiado las zonas de riesgo. Una ruta que abarca el centro del país, que comprende seis entidades y parte del Estado de México hasta Coahuila es hoy “altamente” peligrosa para quienes intentan cruzar la frontera. Se ha convertido en el nuevo escenario del crimen organizado donde, en los últimos meses, se incrementaron los crímenes contra este sector, alertan encargados de albergues en el país.

“Siguen expuestos a un sinnúmero de vejaciones, entre ellos los secuestros (…) también continúan los abusos de las autoridades”, involucradas en 8.9% de los más de 200 casos de plagios colectivos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, señala Fernando Batista, quinto visitador del organismo, quien adelanta que ya se integra un expediente para verificar si se ha sancionado al personal implicado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Quienes sortean los peligros para cruzar a Estados Unidos pagan ahora costos más altos, hasta 11 mil dólares, y ello sin garantía de que no serán abandonados por los polleros o también interceptados por criminales “del otro lado” de la frontera.

Discriminación, redadas, persecución y deportaciones esperan en Estados Unidos a indocumentados o residentes por igual ante un ambiente anti migrante que se expande con rapidez, reconoce Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera.

Human Rights Watch (HRW) reveló que en estados como Alabama, ante la aplicación de una ley de corte racista se ha llegado al extremo de negar el acceso de servicios como el agua y vivienda a sus residentes no legales, y violar estas prohibiciones implican ser llevados a prisión.

En el marco del Día Internacional del Migrante esta es la situación que hombres y mujeres, menores de edad, centroamericanos y mexicanos enfrentan al salir de sus comunidades de origen con destino a Estados Unidos.

Peligro latente

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 —en la que 72 migrantes fueron asesinados por el cártel de Los Zetas— hizo visible un fenómeno que los encargados de albergues y defensores civiles habían denunciado meses antes.

Alertan que los grupos del crimen organizado están operando de forma similar en otras zonas del país. Se desplazaron a entidades que tradicionalmente no eran focos rojos en los que abusan, roban, extorsionan y secuestran de forma individual o colectiva a indocumentados y connacionales.

Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y Coahuila conforman el nuevo escenario de operaciones de organizaciones criminales en el que desde septiembre a la fecha se han perpetrado plagios y desapariciones que las autoridades locales y federales han desestimado.

Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; el padre Pedro Pantoja, de Belén Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, y el sacerdote Prisciliano Peraza García, del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado en Altar, Sonora, detallan las nuevas áreas de influencia por las que opera el crimen organizado.

Lechería y Huehuetoca, en el Estado de México, es zona de riesgo, donde se ha asesinado a migrantes en los últimos meses.

En general, la entidad es uno de los centros de operación de la delincuencia organizada que ha hecho blanco a los indocumentados, es el inicio de una ruta que pasa por Tlaxcala, donde Apizaco es también un lugar de extorsión.

Hidalgo es la entidad federativa en la que, el 20 de noviembre pasado, 12 migrantes fueron secuestrados y hasta la fecha se desconoce su paradero, sostiene Solalinde. La población de Irolo, en el municipio de Tepeapulco, donde se perpetraron los hechos es hoy un punto de riesgo.

San Luis Potosí, considerado territorio zeta también es un lugar en el que se han reportado plagios y robos; mientras que Celaya e Irapuato, Guanajuato, también integran este mapa en el que se han reportado plagios de migrantes, hasta llegar a Saltillo, Coahuila, donde las redes de traficantes al servicio de cárteles deciden quiénes pueden cruzar o no a Estados Unidos; quienes no logran reunir hasta 11 mil dólares que hoy se cobran, son retenidos en casas de seguridad hasta que sus familiares reúnen los fondos.

Aunque el padre Solalinde Guerra advierte que las zonas más preocupantes son el Estado de México y Coahuila, “ahí siguen los secuestros, no han parado, sigue habiendo secuestros masivos”, entre otros delitos. En la zona mexiquense de Lechería el 13 de octubre pasado apareció el cadáver de la hondureña María Marisol Ortiz Hernández, la misma zona en la que, en agosto, se encontró el cuerpo del guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, asesinado a golpes en las inmediaciones del albergue San Juan Diego.

Es necesario que autoridades federales y locales no desestimen los casos que se están presentando en estas entidades, coincidieron los sacerdotes entrevistados, para evitar la crisis de seguridad y las violaciones sistemáticas a los derechos de los migrantes que se han vivido en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, donde Solalinde reconoció un descenso en la incidencia de casos por las acciones del Ejército y la Secretaría de Marina.

El INM, bajo la lupa

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destaca que aunque no hay una cifra exacta, se estima que cada año unos 150 mil inmigrantes ilegales entran a territorio nacional a través de su frontera sur. Es este sector el que en los últimos años ha sido blanco del crimen organizado en su paso por tierras mexicanas.

En el informe especial de la CNDH sobre secuestros de migrantes se revela que sólo entre abril y septiembre de 2010 se reportaron al menos 214 plagios masivos con 11 mil 333 víctimas.

Y los casos siguen, reconoce el visitador del organismo Fernando Batista Jiménez. Indica que ahora es tarea del gobierno generar un diagnóstico y una base de datos propia y actualizada sobre estos delitos con una finalidad concreta: “Que se prevengan en lo futuro este tipo de actos”, pero también es necesario que los casos no queden impunes y se combata la corrupción que subsiste en este fenómeno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en los secuestros de migrantes, en 8.9% de los casos, “los testimonios narran la colusión de alguna autoridad en la participación de este evento delictivo y en algunas ocasiones refieren a agentes del Instituto Nacional de Migración”.

Por ello, el organismo nacional abrió de oficio un expediente para documentar de manera oficial las medidas que ha adoptado el INM para que se sancione por la vía penal y administrativa a sus servidores públicos vinculados con los delitos y violaciones a los derechos humanos de indocumentados.

Explica que “estamos solicitando al INM, al Órgano Interno de Control dependiente de la Secretaría de la Función Pública, información de todos aquellos supuestos en que a instancia de la CNDH o por otro motivo se haya instaurado un procedimiento administrativo, con el fin de verificar efectivamente si ha habido las sanciones correspondientes”.

Batista Jiménez advierte que “el tema de la corrupción sin duda es importante, la estamos documentando porque nos parece que el propio INM tiene que dar a conocer de manera transparente en todos estos casos qué sanciones se han hecho efectivas, qué ha sucedido con estos funcionarios públicos involucrados en los incidentes por los que la CNDH ha dado vista o presentado una denuncia penal”.

Señala que se ha recibido del Instituto Nacional de Migración información incompleta, por lo que la Comisión pidió ampliaciones para documentar cada caso, y establecer en qué estado se encuentran las investigaciones.

Este mismo ejercicio, adelanta, se realizará con las policías municipales, la Policía Federal y con las denuncias que integra la Procuraduría General de la República (PGR) para ofrecer a la sociedad un panorama puntual al respecto.

Criminalizados

El Censo 2010 de Estados Unidos indica que los hispanos representan 16.3% de la población con 50.5 millones de personas.

Alrededor de 11.6 millones de inmigrantes provienen de México, lo que significa que prácticamente uno de cada tres es mexicano de acuerdo con el Pew Hispanic Center.

No obstante estas cifras, Enrique Morones, dirigente de Ángeles de la Frontera, señala que el sentimiento antiinmigrante se ha disparado; peor aún, en estos momentos electorales, los republicanos manejan un discurso que “está causando más odio contra nuestra comunidad” pues se responsabiliza a este sector de la pérdida de empleos, de la crisis económica.

“Con papeles o sin ellos, nos tratan igual, como si fuéramos criminales”, acusa. La existencia de las leyes antimigrantes en Arizona, Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utha, a pesar de no ser aplicadas en su totalidad y estar en litigio ante tribunales, han provocado que no sólo se persiga a residentes no legales, todos son sospechosos de ser indocumentados y hasta los hijos o parejas de éstos, que cuentan con ciudadanía estadounidense, padecen sus efectos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contabilizó que sólo en enero de este año se presentaron 600 iniciativas de ley en legislaturas estatales de la Unión Americana similares a la SB1070 de Arizona o con matices distintos, pero todas criminalizan la migración, tienen un corte racista y niegan servicios básicos como vivienda, agua,saud,edución y trabajo.

Además, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su política migratoria, y quien cruce como indocumentado será castigado, pues comete un delito, advirtió en septiembre pasado Alan Bersin, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza en una entrevista con EL UNIVERSAL.

Datos del Instituto Nacional de Migración revelan que entre enero de 2010 y octubre de 2011 fueron repatriados de Estados Unidos a México 350 mil 868 connacionales, de los más de 400 mil deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que es el mayor número en la historia de la agencia. En esta cifra se incluyen 8 mil 197 menores de edad mexicanos expulsados entre enero y agosto del presente año, según informes del DIF.

Más temor

Existen más peligros que ser detenido en Estados Unidos. Quienes cruzan de forma ilegal a ese país también son víctimas de secuestro, robos y extorsiones, reconoció el comisionado Bersin en meses pasados; “hay más miedo por ser secuestrado o caer en las redes del crimen organizado que también aquí opera, que morir en el desierto”, reconoce el activista Enrique Morones.

Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha señalado a EL UNIVERSAL que México tiene un “triple lente” ante el creciente problema migratorio: el ingreso ilegal de centroamericanos y el respeto a sus derechos fundamentales.

No hay condiciones para impedir que los mexicanos migren a Estados Unidos y los que están allá, “ven recortados sus derechos por un discurso cada vez más discriminatorio, que expulsa de derechos fundamentales a generaciones de mexicanos o ciudadanos de origen mexicano”.

Silvia Otero, EL Universal, 18 de diciembre.