México no sólo perdió la oportunidad de convertirse en el líder de América Latina en la adopción de servicios de telecomunicaciones en la última década, sino que se ubica entre las naciones con los niveles más bajos de penetración y menor competencia en el mercado dentro de la región y frente a países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organismo al que pertenece.
La falta de autoridades reguladoras fuertes abrió la puerta a un ambiente en el que los operadores actuaron en beneficio de sus intereses, pero en el que los consumidores fueron los paganos al tener que asumir precios altos y en algunos casos servicios de calidad deficiente.
Ahora existe un mayor número de personas con teléfono móvil, 80 millones contra 7.7 millones en 1999, sobre todo, entre la gente de bajos recursos que nunca antes había tenido una línea propia. Tampoco se puede negar que ha habido una reducción en los precios de este servicio en los últimos años.
Sin embargo, es verdad que ese avance no ha sido igual que el que han logrado países con un PIB per cápita menor o igual al de México, como son Colombia, Argentina o Brasil, en donde la penetración de este servicio es mucho mayor y con tarifas menores.
En telefonía fija o en conexiones de internet, sobre todo en banda ancha, tecnología que han usado algunos países como palanca de productividad, las autoridades en México no diseñaron políticas públicas para lograr la penetración de este servicio y con ello impulsar la competitividad de la economía local.
El resultado es un nivel de adopción de banda ancha bajo entre la población mexicana: sólo 4 millones de 27 millones de hogares tienen este servicio, con precios altos y velocidades muy lentas frente a lo que han alcanzado naciones como Chile, Brasil y por supuesto la mayoría de los integrantes de la OCDE.
“En México las políticas no se han hecho pensando en el consumidor, si el foco hubieran sido los usuarios las decisiones habrían sido diferentes, pero no se implementaron mecanismos de apoyo y no se sancionaron las conductas que se deberían haber sancionado”, dijo Irene Levy, una abogada especialista en el sector de las telecomunicaciones.
Consideró que a lo largo de esta década se ha visto una autoridad omisa, que pasó de ser firme a negociadora, que permitió a las empresas tomar la batuta a través de una gran cantidad de litigios que han entrampado el desarrollo del sector.
“Las autoridades le han tenido miedo a la industria, a los empresarios, no es posible que los movimientos los hagan las empresas y que la silla de la autoridad esté compartida”, afirmó Levy.
Judith Mariscal, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo que aunque ha habido algunos avances en los últimos 10 años, se vivieron las consecuencias de abrir la competencia en el sector con errores, el principal es la falta de reglas claras.
“La pérdida más grande es que no hay una institución reguladora sólida, con una misión clara, no es independiente, y el proceso por el que se diseñó la política regulatoria es una de las barreras mas importantes porque no transparencia, lo cual da poca certeza jurídica”, señaló.
La diferencia entre México y países como Chile es que allá existe un sector con fortaleza institucional, pues al tener eso y certeza jurídica la mitad de los problemas se solucionarían, aseveró Mariscal.
La académica dijo que la gran cantidad de amparos que han promovido las empresas en contra de las decisiones de la autoridad reguladora está asociada a la falta de certidumbre.
Los bajos niveles de inversión que se han generado en los últimos diez años son resultado también de la carencia de la certeza de rumbo y de no tener decisiones institucionalizadas, explicó.
Sin avances necesarios: Osuna
Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), destacó que en 2006 el Poder Legislativo otorgó mayores facultades al órgano regulador en materia de radio y televisión, pero aun así no se logra tener una institución sólida que ejerza plenamente las facultades.
“Estamos como en medio, pero ya pasó mucho tiempo como para estar en ese lugar; es como estar a la mitad del puente y no terminar de llegar al otro lado y no saber si regresarse a donde se estaba antes”, destacó el funcionario.
Coincidió con los expertos en el sentido de que se requiere un órgano fuerte y con obligaciones de rendición de cuentas, que lo vuelvan más transparente y confiable.
“Dentro de las facultades que tenemos hemos hecho lo que se puede bajo condiciones difíciles en un mercado competido y donde los intereses legítimos de obtener ganancias y utilidades de alguna manera se ven cuestionados cuando vemos que no hay eficiencias en los precios, disponibilidad, cobertura y convergencia”, dijo.
Para el titular de la Cofetel existe un doble reto: nivelar el campo de juego creando condiciones que den certidumbre y seguridad a los que invierten y la necesidad de perfeccionar el contexto legal.
“La velocidad de nuestras metas tiene que ver con otros actores y sobre todo con instituciones del poder judicial y eso detiene en algunos aspectos porque las empresas recurren constantemente al amparo y, aunque no estamos en contra de ese derecho, el problema es el tiempo que se llevan porque las telecomunicaciones avanzan vertiginosamente”, dijo.
El funcionario reconoció que aunque se ha avanzado no se ha hecho a la velocidad que se requiere, y en este proceso se debe tomar en cuenta también la rapidez con la que actúa el Poder Judicial.
Competencia escasa
El reflejo de esta debilidad institucional y de la falta de certidumbre al carecer de un órgano fuerte y un contexto legal claro también se puede ver en el nivel de competencia que hay en el país, el cual denota, después de 20 años de privatización del sector las telecomunicaciones, un alto grado de concentración.
Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), dijo que es preocupante que en México una sola compañía tenga cerca de nueve de cada 10 líneas fijas, mientras que en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tienen operadores principales con participación de mercado elevada, pero no al grado de lo que hay aquí.
Telmex fue declarada dominante por la Comisión Federal de Competencia (CFC) en 1998, pero la empresa ganó las batallas legales en contra de la resolución y logró que el Poder Judicial la eximiera de los efectos de esta declaratoria que habría implicado una regulación asimétrica para controlar su dominancia, según lo fija la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En el 2009, de nueva cuenta el órgano antimonopolio declaró a Teléfonos de México con poder sustancial en cuatro mercados y todo parece indicar que la compañía seguirá el mismo camino legal, ampararse y llevar largos litigios.
Fue hasta el año de 2007 cuando los operadores de televisión por cable entraron a competir con Telmex en el mercado de la telefonía e internet, sin embargo, su cobertura está limitada.
Los cableros lograron una cuota de mercado de banda ancha de 30%, porcentaje que no se ha logrado en ningún otro segmento del mercado por parte de empresas distintas a Telmex.
En el mercado de la telefonía móvil existen cuatro operadores y se percibe mayor competencia, sin embargo, la principal empresa, Telcel, tiene cerca de 3 de cada 4 usuarios, destacó Piedras.
La diferencia entre Telcel y Telefónica, que es la segunda firma en telefonía móvil en participación de mercado, es de 53 puntos porcentuales, agregó.
Radio y Tv con grandes pendientes
En materia de radiodifusión México fue el primer país en Latinoamérica en iniciar la transición a la televisión digital, luego de decidir adoptar el estándar estadounidense IBOC: sin embargo, los avances en este proceso no han sido los esperados.
Las televisoras llevan un buen ritmo en términos de adopción de esta tecnología, aunque no se observa la misma velocidad en la recepción de señales digitales debido a la baja penetración de los televisores con esta posibilidad técnica.
Otros países, como los sudamericanos, eligieron una norma de mayor calidad, la japonesa e hicieron lo que México omitió: un proceso transparente para elegir el estándar con foros, consultas y debates.
En radio aun no se toma la decisión sobre el estándar digital, aun y cuando la Cofetel tenía la obligación de entregar en septiembre de 2009 una propuesta a la SCT, lo cual no ha hecho.
Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006 no lograron el escenario jurídico que requiere esta industria en favor de la competencia y de los usuarios, dijo Levy.
Entre los grandes cambios regulatorios que no se hicieron destaca la legislación sobre los llamados must offer y must carry, figuras por las que los poseedores de los contenidos tienen la obligación de entregar sus señales a otros competidores para no ser desplazados del mercado, señaló.
“No ha habido mejoras sustanciales en contenidos ni en competencia, ni tampoco una visión de política pública en ese sentido”, aseguró.
La abogada consideró que otra de las grandes oportunidades que se perdieron fue la de tener otra opción televisiva comercial, la tercera cadena, que no se realizó debido a que prevalecieron intereses de ciertos grupos sobre los de la población.
Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 23 de diciembre.
