BUENOS AIRES.— Mientras el mundo repudia a las FARC por el asesinato del gobernador de la provincia colombiana de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, el presidente Álvaro Uribe enfrenta reclamos de varios sectores de la sociedad para que redefina su política militar y el pedido desesperado de los familiares de los secuestrados para que “mantenga la sensatez” y no ponga en riesgo la vida de los rehenes con rescates militares.
La Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz) condenó el asesinato y le pidió al presidente que frene el dispositivo militar con el fin de permitir la inminente liberación del soldado Josué Calvo y el suboficial Pablo Moncayo, a través de la mediación de la Iglesia católica, de la senadora Piedad Córdoba y de la Cruz Roja Internacional, la que ayer ratificó su disposición de suspender el operativo porque no están dadas las condiciones.
Mientras los analistas calificaron el crimen como un golpe político a la política de seguridad democrática, un editorial del matutino El Tiempo reclamó al jefe de Estado que revise su estrategia militar “para derrotar a las FARC” y lo acusa de haber subestimado “la capacidad de las FARC de planear secuestros de altos funcionarios y golpes militares como los de los últimos meses”, lo que calificó como “un craso error que la sociedad no puede darse el lujo de cometer”.
León Valencia, de la organización Arcoiris, que monitorea el conflicto colombiano, opinó que el ministro de Defensa, Gabriel Silva, “le restó importancia al anuncio de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en el que anunciaban una alianza político militar”.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea junto con la organización Human Rights Watch (HRW) y otros organismos de derechos humanos repudiaron el atentado.
“El crimen es realmente algo horrendo, a lo que desgraciadamente nos tiene acostumbrados las FARC. Es un hecho que merece la condena unánime, enérgica de todos aquellos a los que nos preocupan los derechos fundamentales, la paz en Colombia”, opinó José Miguel Vivanco, director regional de HRW.
El Departamento estadounidense de Estado deploró el atentado a través de un comunicado, en el que señaló que el gobierno de Barack Obama se muestra “consternado y profundamente afligido al conocer del secuestro y asesinato a sangre fría” de Cuéllar y del patrullero de la Policía Javier Simón García por parte de las FARC. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza calificó el crimen como “un acto de atrocidad y barbarie”.
Según fuentes de la Fiscalía General de la nación, Cuéllar fue degollado la misma noche de su secuestro, el lunes. Los responsables de la investigación también establecieron que en la zona en la que se halló el cadáver no hay huellas ni señales de choques entre los presuntos rebeldes y las unidades de la fuerza pública que los perseguían.
Cientos de personas, con lágrimas en sus rostros y banderas blancas en las manos, rindieron homenaje póstumo a Cuéllar. El cuerpo del político fue trasladado a la sede de la Asamblea Departamental, donde se reunieron familiares y amigos, así como ciudadanos que expresaron su indignación y dolor por el crimen.
Ayer un atentado con explosivos contra un puesto de venta de apuestas, en la localidad de Ortega, en el departamento de Tolima, dejó un muerto y cinco heridos. Las autoridades tratan de establecer el origen del ataque, atribuido a las FARC.
La Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz) condenó el asesinato y le pidió al presidente que frene el dispositivo militar con el fin de permitir la inminente liberación del soldado Josué Calvo y el suboficial Pablo Moncayo, a través de la mediación de la Iglesia católica, de la senadora Piedad Córdoba y de la Cruz Roja Internacional, la que ayer ratificó su disposición de suspender el operativo porque no están dadas las condiciones.
Mientras los analistas calificaron el crimen como un golpe político a la política de seguridad democrática, un editorial del matutino El Tiempo reclamó al jefe de Estado que revise su estrategia militar “para derrotar a las FARC” y lo acusa de haber subestimado “la capacidad de las FARC de planear secuestros de altos funcionarios y golpes militares como los de los últimos meses”, lo que calificó como “un craso error que la sociedad no puede darse el lujo de cometer”.
León Valencia, de la organización Arcoiris, que monitorea el conflicto colombiano, opinó que el ministro de Defensa, Gabriel Silva, “le restó importancia al anuncio de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en el que anunciaban una alianza político militar”.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea junto con la organización Human Rights Watch (HRW) y otros organismos de derechos humanos repudiaron el atentado.
“El crimen es realmente algo horrendo, a lo que desgraciadamente nos tiene acostumbrados las FARC. Es un hecho que merece la condena unánime, enérgica de todos aquellos a los que nos preocupan los derechos fundamentales, la paz en Colombia”, opinó José Miguel Vivanco, director regional de HRW.
El Departamento estadounidense de Estado deploró el atentado a través de un comunicado, en el que señaló que el gobierno de Barack Obama se muestra “consternado y profundamente afligido al conocer del secuestro y asesinato a sangre fría” de Cuéllar y del patrullero de la Policía Javier Simón García por parte de las FARC. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza calificó el crimen como “un acto de atrocidad y barbarie”.
Según fuentes de la Fiscalía General de la nación, Cuéllar fue degollado la misma noche de su secuestro, el lunes. Los responsables de la investigación también establecieron que en la zona en la que se halló el cadáver no hay huellas ni señales de choques entre los presuntos rebeldes y las unidades de la fuerza pública que los perseguían.
Cientos de personas, con lágrimas en sus rostros y banderas blancas en las manos, rindieron homenaje póstumo a Cuéllar. El cuerpo del político fue trasladado a la sede de la Asamblea Departamental, donde se reunieron familiares y amigos, así como ciudadanos que expresaron su indignación y dolor por el crimen.
Ayer un atentado con explosivos contra un puesto de venta de apuestas, en la localidad de Ortega, en el departamento de Tolima, dejó un muerto y cinco heridos. Las autoridades tratan de establecer el origen del ataque, atribuido a las FARC.
José Vales corresponsal, El Universal, 24 de diciembre.
0 Responses to "Colombia repudia asesinato"
Publicar un comentario