Florencia, 23 de diciembre. Cientos de personas que llevaban banderas blancas rindieron hoy un homenaje póstumo al gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, cuyo asesinato –atribuido por el presidente Álvaro Uribe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– fue condenado también por la comunidad internacional.
El cuerpo del mandatario regional, que el martes cumplía 69 años, fue trasladado hasta la sede de la Asamblea legislativa en Florencia, la capital de Caquetá, en donde se reunieron sus familiares, amigos y ciudadanos que expresaron su indignación y dolor por el crimen, ocurrido luego que fue secuestrado la noche del lunes.
“No se merecía eso. Era un hombre muy generoso, le encantaba estar con la gente humilde”, dijo Imelda Galindo, esposa del asesinado gobernador. Luis Fernando Cuéllar, hijo del político, denunció que su padre no contaba con la protección policial suficiente, pese a que había sido secuestrado anteriormente en cuatro ocasiones por la misma guerrilla.
Mientras sus restos eran velados y numerosas personas hacían fila para darle el último adiós, decenas de policías vigilaban. El cadáver de Cuéllar será trasladado este jueves a Bogotá, la capital de Colombia, en donde será sepultado por decisión de su familia, que también anunció la posibilidad de salir al exilio ante los problemas de inseguridad que enfrentan.
Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones de marzo próximo, dijo que “hubo un descuido en la protección brindada al gobernador”, ya que vivía en una zona donde la década pasada el entonces presidente Andrés Pastrana dispuso una amplia desmilitarización a fin de facilitar negociaciones con los rebeldes, que no llegaron a acuerdo alguno.
“También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar”, subrayó.
El fiscal general, Guillermo Mendoza, dijo que esa institución investigará el secuestro y asesinato del gobernador Cuéllar como una violación al derecho internacional humanitario “por la forma tan bárbara como se cometió”. Según los informes oficiales, el político fue encontrado degollado.
Países como Francia y Ecuador condenaron en forma unánime el “crimen bárbaro”, además de la Unión Europea, las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que habría sido cometido a las 23 del lunes, una hora después de que había sido plagiado por un grupo armado, según reportes oficiales.
Estados Unidos se declaró “consternado y profundamente afligido” por el asesinato del gobernador, y reiteró su respaldo a Uribe en su lucha contra las FARC, de acuerdo con un comunicado de su embajada en Bogotá.
“Tales actos de violencia son tanto repulsivos como repugnantes. El gobierno estadunidense continúa comprometido en ayudar a los colombianos a defender su democracia de estos narcoterroristas”, así como en favor de los esfuerzos por lograr la paz y la reconciliación, añadió.
En tanto, familiares de rehenes en poder de las FARC llamaron a Uribe a revertir su decisión de ordenar el rescate militar, mientras que el diario El Tiempo estimó que el caso debe llevar al presidente a revisar su estrategia militar para derrotar a la insurgencia.
El cuerpo del mandatario regional, que el martes cumplía 69 años, fue trasladado hasta la sede de la Asamblea legislativa en Florencia, la capital de Caquetá, en donde se reunieron sus familiares, amigos y ciudadanos que expresaron su indignación y dolor por el crimen, ocurrido luego que fue secuestrado la noche del lunes.
“No se merecía eso. Era un hombre muy generoso, le encantaba estar con la gente humilde”, dijo Imelda Galindo, esposa del asesinado gobernador. Luis Fernando Cuéllar, hijo del político, denunció que su padre no contaba con la protección policial suficiente, pese a que había sido secuestrado anteriormente en cuatro ocasiones por la misma guerrilla.
Mientras sus restos eran velados y numerosas personas hacían fila para darle el último adiós, decenas de policías vigilaban. El cadáver de Cuéllar será trasladado este jueves a Bogotá, la capital de Colombia, en donde será sepultado por decisión de su familia, que también anunció la posibilidad de salir al exilio ante los problemas de inseguridad que enfrentan.
Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones de marzo próximo, dijo que “hubo un descuido en la protección brindada al gobernador”, ya que vivía en una zona donde la década pasada el entonces presidente Andrés Pastrana dispuso una amplia desmilitarización a fin de facilitar negociaciones con los rebeldes, que no llegaron a acuerdo alguno.
“También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar”, subrayó.
El fiscal general, Guillermo Mendoza, dijo que esa institución investigará el secuestro y asesinato del gobernador Cuéllar como una violación al derecho internacional humanitario “por la forma tan bárbara como se cometió”. Según los informes oficiales, el político fue encontrado degollado.
Países como Francia y Ecuador condenaron en forma unánime el “crimen bárbaro”, además de la Unión Europea, las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que habría sido cometido a las 23 del lunes, una hora después de que había sido plagiado por un grupo armado, según reportes oficiales.
Estados Unidos se declaró “consternado y profundamente afligido” por el asesinato del gobernador, y reiteró su respaldo a Uribe en su lucha contra las FARC, de acuerdo con un comunicado de su embajada en Bogotá.
“Tales actos de violencia son tanto repulsivos como repugnantes. El gobierno estadunidense continúa comprometido en ayudar a los colombianos a defender su democracia de estos narcoterroristas”, así como en favor de los esfuerzos por lograr la paz y la reconciliación, añadió.
En tanto, familiares de rehenes en poder de las FARC llamaron a Uribe a revertir su decisión de ordenar el rescate militar, mientras que el diario El Tiempo estimó que el caso debe llevar al presidente a revisar su estrategia militar para derrotar a la insurgencia.
La Jornada, 24 de diciembre.
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