Dijo que por ello esa propuesta está sometida ya al análisis de su bancada. “No hay que idealizar el tema y pensar que ahora sí los ciudadanos van a premiar al legislador eficiente para relegirlo, y a castigar al que no lo sea, porque en realidad serán de todos modos los partidos los que decidan.”
A manera de ejemplo, explicó que si en 2012 él decide que quiere repetir otros seis años como senador, ya que hizo un buen papel, debe plantearlo a la dirigencia nacional del PRD y seguramente la respuesta que recibirá es: “No, tú ya bailaste, vete a sentar.
“Es decir, no va a importar ni la trayectoria ni lo que digan los electores, será una decisión partidaria. Entonces, tenemos que valorar eso cuando se dictamine la reforma política que propone Calderón, ya que la realidad es muy distinta al discurso presidencial. No hay que irse de bruces: la relección no significa ningún avance ciudadano.”
Precepto histórico
Por su parte, el también senador perredista Pablo Gómez resaltó que en ese tema de la relección de legisladores debe definirse primero si el pueblo mexicano quiere modificar un precepto que ha sido histórico, que fue lema de la Revolución de 1910 y que es el de no relección.
“En teoría, no existe argumento contra la relección, el único motivo para que no la haya es que en este país está prohibida”. Agregó que en caso de que la ciudadanía decidiera cambiar de opinión no habría motivo para no llevar a cabo ese cambio en la Constitución, pero siempre y cuando fuera acompañado de otro cambio, el referido a la revocación de mandato.
Argumentó que es imposible que no haya mecanismos para retirar a gobernantes ineficaces, a los que se debe soportar por seis años. “Si se quiere avanzar en la democracia, la relección es aceptable con candidaturas independientes y con la revocación del mandato, sobre todo porque ni siquiera el juicio político opera”.
Asimismo, Gómez señaló que sería un error gravísimo permitir que Calderón tenga preferencia en la presentación de iniciativas con la llamada afirmativa ficta, es decir, que si el Congreso no vota sus propuestas se dan por aprobadas, ya que ello prácticamente le da al Ejecutivo la facultad de legislar.
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