Reprochan diputados de oposición el incremento al precio de la gasolina

Las bancadas de PRI y PRD en la Cámara de Diputados calificaron de alevoso el incremento al precio de la gasolina en la recta final del año, a pesar del compromiso asumido por el Ejecutivo federal para evitar un alza al combustible en 2009.

El sábado pasado se retiró el subsidio a la gasolina Magna, con lo que su precio se incrementó 5 centavos, es decir, pasó de 7.72 a 7.77 pesos el litro.

Los legisladores de oposición anticiparon por ello su intención de citar a los funcionarios responsables de esa medida ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Nos parece sumamente grave; un golpe no esperado por la gente, y nos parece que darlo en estas fechas, además, tiene un grado de alevosía o maquinación, porque la gente está ocupada en otras cuestiones”, puntualizó Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en el palacio de San Lázaro.

Lamentó que el gobierno de Felipe Calderón no haya respetado el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía y el Empleo, pues el incremento al precio de la gasolina genera una gran incertidumbre, en lugar de asegurar la estabilidad que requiere la economía del país.

El legislador perredista Armando Ríos Piter exigió al gobierno federal cumplir su compromiso de evitar el alza al precio de la gasolina en lo que resta del año, pues dicho incremento sólo agravará la inflación en la llamada cuesta de enero.

Instó por ello al Presidente de la República a tomar las medidas necesarias para evitar un comienzo del año con una escalada de precios, en perjuicio de la población.

Por separado, el vicecoordinador panista Luis Enrique Mercado justificó el aumento y negó que exista un compromiso de congelar el precio de los combustibles.

“Creo que no había ningún acuerdo de congelamiento específico”, dijo y defendió el “deslizamiento” paulatino del precio, así como la eliminación del subsidio a los combustibles, que representa cientos de millones de dólares en beneficio de los más ricos.

Indicó, además, que el ajuste de los precios y tarifas del sector público es una facultad del Ejecutivo federal, sin necesidad de la aprobación del Legislativo.
Fernando Damián, Milenio, 22 de diciembre.

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