Barack Obama puede detener el tráfico de armas hacia México y, en consecuencia, la capacidad de fuego de los cárteles sólo con el poder de su firma.
Así lo estima el Centro de Políticas contra la Violencia (CPV), una organización no lucrativa con sede en Washington que pugna por el control de armas, que en un reciente análisis (Río de hierro. La violencia armada y el tráfico ilegal de armas de fuego en la frontera entre EU y México) asegura que el presidente estadunidense tiene los recursos legales para contener el trasiego de rifles, procedentes a su vez de Europa, mediante la Ley de Control de Armas de 1968.
Añade que la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadunidense puede ejercer “plenamente su autoridad legal para excluir la importación de Europa de los fusiles de asalto semiautomáticos de tipo militar y pistolas cop-killer (matapolicías), capaces de atravesar blindajes”, que actualmente está permitidos en Estados Unidos con el argumento de que tienen “fines deportivos o de caza”.
El CPV refiere que Obama tiene la facultad de instruir inmediatamente a la ATF para que detenga el ingreso a Estados Unidos de este tipo de armamento, al considerarlos armas “no deportivas”, en virtud de las disposiciones existentes en el título 18, sección 925, inciso C del Código Estados Unidos, relacionadas con la Ley de Control de Armas de 1968.
La prohibición se aplicó por primera vez en 1989, durante la administración de George Bush padre, en respuesta a la violencia generada por el tráfico de drogas y los tiroteos masivos.
El documento destaca que “esta legislación está separada de la prohibición federal de las armas de asalto (The Federal Assault Weapons Ban, que se derogó en 2004 y que prohibía la venta a civiles de ciertas armas de asalto semiautomáticas o de alto calibre), además de que no requiere una acción del Congreso para ser puesta en vigencia ni para ser modificada”.
Sin embargo, agrega que esta política fue abandonada durante la administración de George W. Bush, la cual favoreció la importación de rifles de asalto y otras armas, como la FNP90, una ametralladora de fabricación belga.
“Desafortunadamente, la ATF ha permitido que la prohibición que se aplicó en 1989 no rija, e incluso ha contribuido a crear lagunas legales para burlarla, como permitir que entren al país armas en partes y las ensamblen aquí”, sostiene el CPV.
De hecho, durante su visita a México en diciembre de 2008, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolezza Rice, defendió que Bush haya dejado vencer la prohibición de 1994 para la venta de armamento a civiles.
“Por naturaleza, a los traficantes de armas no les importa la ley. Así es que no importa qué leyes existan, su propósito es esquivarlas”, justificó Rice.
El centro considera que la ATF debe ser más severa en la revocación de las licencias de los distribuidores estadunidenses que vendan armamento a sabiendas de que servirá para el suministro de los narcotraficantes mexicanos.
Indica que a pesar de que la ley permite la cancelación de la licencia a un expendedor por una sola violación, la ATF “generalmente no busca la revocación a menos que un distribuidor haya tenido diversos problemas a lo largo de años de inspecciones”.
Con las actuales políticas “es posible equipar a un ejército a través del comercio civil de armas de fuego, que es lo que los cárteles mexicanos están haciendo”, expone.
Así lo estima el Centro de Políticas contra la Violencia (CPV), una organización no lucrativa con sede en Washington que pugna por el control de armas, que en un reciente análisis (Río de hierro. La violencia armada y el tráfico ilegal de armas de fuego en la frontera entre EU y México) asegura que el presidente estadunidense tiene los recursos legales para contener el trasiego de rifles, procedentes a su vez de Europa, mediante la Ley de Control de Armas de 1968.
Añade que la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadunidense puede ejercer “plenamente su autoridad legal para excluir la importación de Europa de los fusiles de asalto semiautomáticos de tipo militar y pistolas cop-killer (matapolicías), capaces de atravesar blindajes”, que actualmente está permitidos en Estados Unidos con el argumento de que tienen “fines deportivos o de caza”.
El CPV refiere que Obama tiene la facultad de instruir inmediatamente a la ATF para que detenga el ingreso a Estados Unidos de este tipo de armamento, al considerarlos armas “no deportivas”, en virtud de las disposiciones existentes en el título 18, sección 925, inciso C del Código Estados Unidos, relacionadas con la Ley de Control de Armas de 1968.
La prohibición se aplicó por primera vez en 1989, durante la administración de George Bush padre, en respuesta a la violencia generada por el tráfico de drogas y los tiroteos masivos.
El documento destaca que “esta legislación está separada de la prohibición federal de las armas de asalto (The Federal Assault Weapons Ban, que se derogó en 2004 y que prohibía la venta a civiles de ciertas armas de asalto semiautomáticas o de alto calibre), además de que no requiere una acción del Congreso para ser puesta en vigencia ni para ser modificada”.
Sin embargo, agrega que esta política fue abandonada durante la administración de George W. Bush, la cual favoreció la importación de rifles de asalto y otras armas, como la FNP90, una ametralladora de fabricación belga.
“Desafortunadamente, la ATF ha permitido que la prohibición que se aplicó en 1989 no rija, e incluso ha contribuido a crear lagunas legales para burlarla, como permitir que entren al país armas en partes y las ensamblen aquí”, sostiene el CPV.
De hecho, durante su visita a México en diciembre de 2008, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolezza Rice, defendió que Bush haya dejado vencer la prohibición de 1994 para la venta de armamento a civiles.
“Por naturaleza, a los traficantes de armas no les importa la ley. Así es que no importa qué leyes existan, su propósito es esquivarlas”, justificó Rice.
El centro considera que la ATF debe ser más severa en la revocación de las licencias de los distribuidores estadunidenses que vendan armamento a sabiendas de que servirá para el suministro de los narcotraficantes mexicanos.
Indica que a pesar de que la ley permite la cancelación de la licencia a un expendedor por una sola violación, la ATF “generalmente no busca la revocación a menos que un distribuidor haya tenido diversos problemas a lo largo de años de inspecciones”.
Con las actuales políticas “es posible equipar a un ejército a través del comercio civil de armas de fuego, que es lo que los cárteles mexicanos están haciendo”, expone.
Ignacio Alzaga, Milenio, 12 de abril.
1 comentarios:
te invito a participar en mi blog directorio aquiestatublog.blogspot.com
te conocerán mejor,pasate y deja tu blog en el libro de visitas,y perdona si consideras esta invitación spam
Publicar un comentario