Washington solicitó al gobierno de México que soldados estadunidenses participen como “observadores” en acciones de detección y detención de “células de grupos radicales” que realicen las fuerzas castrenses nacionales, revelaron a La Jornada por funcionarios de alto nivel del gobierno de Felipe Calderón.
Esto ocurrió después de que se informó acerca de los resultados alcanzados en la junta de comandantes fronterizos México-Estados Unidos, que se realizó del 31 de marzo al 2 de abril en Hermosillo, Sonora.
Las fuentes consultadas revelaron que los militares mexicanos, encabezados por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, aceptaron intercambiar información sobre grupos subversivos, cárteles del narcotráfico, presuntos integrantes de grupos terroristas que sean detectados en territorio mexicano y pandillas como la Mara Salvatrucha, pero no el “acompañamiento” de militares estadunidenses.
Anualmente, desde 1992, los mandos militares de México y Estados Unidos se reúnen para diseñar estrategias de combate al crimen organizado y acordar cursos de capacitación y adiestramiento para los efectivos de la Sedena; esta vez se llegó a cuatro acuerdos fundamentales.
El primero se refiere al “intercambio de información de inteligencia sobre cárteles de la droga, delincuencia organizada, grupos terroristas y aquellos que sean considerados un peligro para la seguridad nacional de ambas naciones”, señalaron los funcionarios consultados.
“Al intercambio de información considerada ‘sensible’ se sumarán todos los datos relacionados con pandillas, como la Mara Salvatrucha; grupos paramilitares, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército Popular Revolucionario.”
En este punto, de acuerdo con la información que se pretende recabar, se busca determinar “la movilidad de los grupos criminales, fuerza operativa humana, material y económica, así como la ubicación de sus células para localizar y aprehender a los líderes”.
El segundo acuerdo tiene como finalidad “capacitar a grupos de elite de ambas naciones en combate al crimen organizado”, y exclusivamente, según las fuentes consultadas, “serán sólo grupos de militares mexicanos y ninguno de corporaciones policiacas los que se capacitarán en Estados Unidos en materia de combate al terrorismo”.
Los militares que sean seleccionados para participar en esos cursos recibirán entrenamiento en México “acerca de la movilidad en zonas de difícil acceso para combatir guerrilla y cárteles de la droga”.
En el tercer acuerdo “ambas naciones se comprometieron a respetar la autonomía de cada país”.
Sin embargo, las fuentes consultadas revelaron que el gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades mexicanas que se autorice a sus soldados participar como “observadores” en las acciones que realice la milicia nacional, “sólo cuando se detecte que en México hay células de grupos radicales”.
El cuarto acuerdo señala que las fuerzas armadas estadunidenses apoyarán a México con dispositivos e instrumentos de alta tecnología para rastrear, seguir, investigar, detectar y encontrar a los miembros de los cárteles.
Además se acordó que militares mexicanos puedan hacer uso de los radares satelitales propiedad de las autoridades de Estados Unidos.
Esto ocurrió después de que se informó acerca de los resultados alcanzados en la junta de comandantes fronterizos México-Estados Unidos, que se realizó del 31 de marzo al 2 de abril en Hermosillo, Sonora.
Las fuentes consultadas revelaron que los militares mexicanos, encabezados por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, aceptaron intercambiar información sobre grupos subversivos, cárteles del narcotráfico, presuntos integrantes de grupos terroristas que sean detectados en territorio mexicano y pandillas como la Mara Salvatrucha, pero no el “acompañamiento” de militares estadunidenses.
Anualmente, desde 1992, los mandos militares de México y Estados Unidos se reúnen para diseñar estrategias de combate al crimen organizado y acordar cursos de capacitación y adiestramiento para los efectivos de la Sedena; esta vez se llegó a cuatro acuerdos fundamentales.
El primero se refiere al “intercambio de información de inteligencia sobre cárteles de la droga, delincuencia organizada, grupos terroristas y aquellos que sean considerados un peligro para la seguridad nacional de ambas naciones”, señalaron los funcionarios consultados.
“Al intercambio de información considerada ‘sensible’ se sumarán todos los datos relacionados con pandillas, como la Mara Salvatrucha; grupos paramilitares, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército Popular Revolucionario.”
En este punto, de acuerdo con la información que se pretende recabar, se busca determinar “la movilidad de los grupos criminales, fuerza operativa humana, material y económica, así como la ubicación de sus células para localizar y aprehender a los líderes”.
El segundo acuerdo tiene como finalidad “capacitar a grupos de elite de ambas naciones en combate al crimen organizado”, y exclusivamente, según las fuentes consultadas, “serán sólo grupos de militares mexicanos y ninguno de corporaciones policiacas los que se capacitarán en Estados Unidos en materia de combate al terrorismo”.
Los militares que sean seleccionados para participar en esos cursos recibirán entrenamiento en México “acerca de la movilidad en zonas de difícil acceso para combatir guerrilla y cárteles de la droga”.
En el tercer acuerdo “ambas naciones se comprometieron a respetar la autonomía de cada país”.
Sin embargo, las fuentes consultadas revelaron que el gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades mexicanas que se autorice a sus soldados participar como “observadores” en las acciones que realice la milicia nacional, “sólo cuando se detecte que en México hay células de grupos radicales”.
El cuarto acuerdo señala que las fuerzas armadas estadunidenses apoyarán a México con dispositivos e instrumentos de alta tecnología para rastrear, seguir, investigar, detectar y encontrar a los miembros de los cárteles.
Además se acordó que militares mexicanos puedan hacer uso de los radares satelitales propiedad de las autoridades de Estados Unidos.
Gustavo Castillo García, La Jornada, 8 de abril.
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