Si se consuma la entrega de una parte del espectro radioeléctrico al consorcio Televisa-Nextel, a cambio de un pago de 180 millones de pesos, el Congreso impulsará un juicio político contra Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Así lo advirtieron ayer legisladores del PRI, PAN y PRD durante un debate sobre la polémica Licitación 21, que permitirá a esas empresas entrar al mercado de la telefonía móvil a cambio de una contraprestación que fue calificada por diputados y senadores como "un atraco" al erario.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara baja, el panista Javier Corral, pidió el apoyo de todas las bancadas para exhortar al Gobierno federal a que declare desierta la licitación y reponga el procedimiento.
En respuesta, el presidente de la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, el priista César Augusto Santiago, retó al panista a ir más allá del exhorto e impulsar un juicio político contra el titular de la SCT, en caso de que no cumpla con el llamado del Congreso.
"Si suponemos que en el procedimiento que la SCT se está llevando a efecto, haya alguna cuestión irregular, lo obvio es iniciar un juicio político en contra del Secretario, eso es lo obvio.
"Si en las acciones que están realizando hay alguna tarea que no parece consecuente con la ley, le daría toda la razón a Corral, de verdad, y fuéramos todos a hacer un juicio político, en el último de los casos al Secretario, por esa conducta inconveniente y nefasta", expresó.
El panista aceptó el planteamiento e incluso dijo que ya explora todas las vías legales por las que se debe sancionar a los funcionarios federales que resulten responsables de consumar una licitación.
"Pero por supuesto que habría responsabilidad penal, política y administrativo, y así lo he propuesto, que fuéramos a todas las consecuencias legales políticas y administrativas a quienes tomaran esa decisión, y por lo tanto la respuesta es sí; del que dudo que vaya a ir a un tema como éste, es usted (en referencia a Santiago), porque implica muchas consecuencias", señaló.
Agustín Guerrero, diputado del PRD, recordó que desde el pasado 8 de julio hay un mandato judicial para que la SCT no entregue los títulos de concesión relacionados con esta licitación.
Según el legislador, un desacato de esa orden también podría llevar a los funcionarios de la SCT al juicio político.
Cabildeo presidencial
Cuando se inició la discusión, Corral sólo pretendía dirigir el exhorto para declarar desierta la Licitación 21 a la SCT y la Cofetel.
Sin embargo, accedió a incluir al titular del Ejecutivo federal luego de que el PRD aseguró que es el principal responsable de las decisiones en el sector.
El presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, el perredista Carlos Sotelo, sostuvo que Calderón operó la licitación, el nombramiento del titular de Cofetel, Mony de Swaan, y hasta el cabildeo para aprobar una exención fiscal a favor las mismas empresas.
Los legisladores revivieron la polémica por la aprobación del artículo 244-E de la Ley de Derechos que otorga privilegios fiscales a los nuevos competidores en el mercado de telefonía móvil.
Desde la tribuna, se lanzaron acusaciones relacionadas con la conveniencia de varios legisladores de quedar bien con las empresas del sector.
Así lo advirtieron ayer legisladores del PRI, PAN y PRD durante un debate sobre la polémica Licitación 21, que permitirá a esas empresas entrar al mercado de la telefonía móvil a cambio de una contraprestación que fue calificada por diputados y senadores como "un atraco" al erario.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara baja, el panista Javier Corral, pidió el apoyo de todas las bancadas para exhortar al Gobierno federal a que declare desierta la licitación y reponga el procedimiento.
En respuesta, el presidente de la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, el priista César Augusto Santiago, retó al panista a ir más allá del exhorto e impulsar un juicio político contra el titular de la SCT, en caso de que no cumpla con el llamado del Congreso.
"Si suponemos que en el procedimiento que la SCT se está llevando a efecto, haya alguna cuestión irregular, lo obvio es iniciar un juicio político en contra del Secretario, eso es lo obvio.
"Si en las acciones que están realizando hay alguna tarea que no parece consecuente con la ley, le daría toda la razón a Corral, de verdad, y fuéramos todos a hacer un juicio político, en el último de los casos al Secretario, por esa conducta inconveniente y nefasta", expresó.
El panista aceptó el planteamiento e incluso dijo que ya explora todas las vías legales por las que se debe sancionar a los funcionarios federales que resulten responsables de consumar una licitación.
"Pero por supuesto que habría responsabilidad penal, política y administrativo, y así lo he propuesto, que fuéramos a todas las consecuencias legales políticas y administrativas a quienes tomaran esa decisión, y por lo tanto la respuesta es sí; del que dudo que vaya a ir a un tema como éste, es usted (en referencia a Santiago), porque implica muchas consecuencias", señaló.
Agustín Guerrero, diputado del PRD, recordó que desde el pasado 8 de julio hay un mandato judicial para que la SCT no entregue los títulos de concesión relacionados con esta licitación.
Según el legislador, un desacato de esa orden también podría llevar a los funcionarios de la SCT al juicio político.
Cabildeo presidencial
Cuando se inició la discusión, Corral sólo pretendía dirigir el exhorto para declarar desierta la Licitación 21 a la SCT y la Cofetel.
Sin embargo, accedió a incluir al titular del Ejecutivo federal luego de que el PRD aseguró que es el principal responsable de las decisiones en el sector.
El presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, el perredista Carlos Sotelo, sostuvo que Calderón operó la licitación, el nombramiento del titular de Cofetel, Mony de Swaan, y hasta el cabildeo para aprobar una exención fiscal a favor las mismas empresas.
Los legisladores revivieron la polémica por la aprobación del artículo 244-E de la Ley de Derechos que otorga privilegios fiscales a los nuevos competidores en el mercado de telefonía móvil.
Desde la tribuna, se lanzaron acusaciones relacionadas con la conveniencia de varios legisladores de quedar bien con las empresas del sector.
Claudia Guerrero y Armando Estrop, Reforma, 12 de agosto.
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