La Guardia Nacional inició ayer la primera fase del despliegue de mil 200 soldados, pero ni eso ni las redadas del alguacil Joe Arpaio parecen frenar por completo el éxodo de mexicanos hacia el norte.
En Nogales, en Arizona, uno de los puertos de entrada al país en la frontera con México, Ramón Orejel, de 68 años, y su nieto, Dorian, de 18, señalaron a Efe que los cruces ilegales continuarán "mientras haya trabajo acá".
"No entiendo cuál es el problema. Estamos ayudando al país y el país nos ayuda a nosotros con los trabajos... venimos a trabajar y no creo que eso sea un delito", dijo el sexagenario oriundo de Durango.
Su nieto, Dorian, nació y vive en Phoenix, capital de Arizona, pero visita con frecuencia a familiares al otro lado de la frontera, y cree que "la cosa está cada vez peor, porque están bajando los trabajos".
Pero en el Condado de Maricopa, uno de 15 condados de Arizona, Arpaio mantiene una cruzada contra los indocumentados, arrestándolos y entregándolos a las autoridades federales para su expulsión del país.
Arpaio quiere lograr la expulsión de los aproximadamente 460 mil indocumentados en Arizona, ya sea mediante las redadas o por su propia voluntad. No hay cifras oficiales, pero muchos optan por regresar a México o emigrar a otros estados de EU.
Los Orejel celebraron que narcotraficantes mexicanos presuntamente estén ofreciendo un millón de dólares por la cabeza de Arpaio, una noticia que se ha propagado como la pólvora en la zona.
La amenaza, confirmada por la oficina de Arpaio, surgió el jueves, cuando Arizona puso en marcha la Ley SB 1070, una de las medidas más estrictas contra la población clandestina en EU, aunque la juez federal Susan Bolton bloqueó sus puntos más polémicos.
Mientras, el desembarco de soldados de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera común de 3 mil 200 kilómetros tiene el objetivo de dar apoyo logístico, de mantenimiento e inteligencia a la Patrulla Fronteriza.
La idea es que, librada de esas tareas, la Patrulla Fronteriza pueda perseguir a los contrabandistas de armas, drogas y personas que pululan en los cañones, cerros y montañas en la zona.
Aún así, muchos de los deportados, especialmente los que ya tienen familia y una red de apoyo social en EU, intentan su retorno a la espera de que el Congreso apruebe algún día una reforma migratoria.
Con sus accidentadas elevaciones y enormes barrancos, Nogales, en el sector bautizado por la Patrulla Fronteriza como el sector de Tucson, es la ruta más frecuentada por los contrabandistas, ahora que ha aumentado la vigilancia en otras partes de la frontera, parcialmente amurallada.
Que la zona del desierto sonorense es sinónimo de peligro -y a veces de muerte segura-, no es ningún secreto: sobran las historias de quienes mueren por insolación, deshidratación, o picaduras de alacranes, o que son abandonados a su suerte por los "coyotes" o "polleros" (traficantes de indocumentados).
En Nogales, en Arizona, uno de los puertos de entrada al país en la frontera con México, Ramón Orejel, de 68 años, y su nieto, Dorian, de 18, señalaron a Efe que los cruces ilegales continuarán "mientras haya trabajo acá".
"No entiendo cuál es el problema. Estamos ayudando al país y el país nos ayuda a nosotros con los trabajos... venimos a trabajar y no creo que eso sea un delito", dijo el sexagenario oriundo de Durango.
Su nieto, Dorian, nació y vive en Phoenix, capital de Arizona, pero visita con frecuencia a familiares al otro lado de la frontera, y cree que "la cosa está cada vez peor, porque están bajando los trabajos".
Pero en el Condado de Maricopa, uno de 15 condados de Arizona, Arpaio mantiene una cruzada contra los indocumentados, arrestándolos y entregándolos a las autoridades federales para su expulsión del país.
Arpaio quiere lograr la expulsión de los aproximadamente 460 mil indocumentados en Arizona, ya sea mediante las redadas o por su propia voluntad. No hay cifras oficiales, pero muchos optan por regresar a México o emigrar a otros estados de EU.
Los Orejel celebraron que narcotraficantes mexicanos presuntamente estén ofreciendo un millón de dólares por la cabeza de Arpaio, una noticia que se ha propagado como la pólvora en la zona.
La amenaza, confirmada por la oficina de Arpaio, surgió el jueves, cuando Arizona puso en marcha la Ley SB 1070, una de las medidas más estrictas contra la población clandestina en EU, aunque la juez federal Susan Bolton bloqueó sus puntos más polémicos.
Mientras, el desembarco de soldados de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera común de 3 mil 200 kilómetros tiene el objetivo de dar apoyo logístico, de mantenimiento e inteligencia a la Patrulla Fronteriza.
La idea es que, librada de esas tareas, la Patrulla Fronteriza pueda perseguir a los contrabandistas de armas, drogas y personas que pululan en los cañones, cerros y montañas en la zona.
Aún así, muchos de los deportados, especialmente los que ya tienen familia y una red de apoyo social en EU, intentan su retorno a la espera de que el Congreso apruebe algún día una reforma migratoria.
Con sus accidentadas elevaciones y enormes barrancos, Nogales, en el sector bautizado por la Patrulla Fronteriza como el sector de Tucson, es la ruta más frecuentada por los contrabandistas, ahora que ha aumentado la vigilancia en otras partes de la frontera, parcialmente amurallada.
Que la zona del desierto sonorense es sinónimo de peligro -y a veces de muerte segura-, no es ningún secreto: sobran las historias de quienes mueren por insolación, deshidratación, o picaduras de alacranes, o que son abandonados a su suerte por los "coyotes" o "polleros" (traficantes de indocumentados).
La Crónica, 2 de agosto.
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