Antes de rendir cuentas sobre sus resultados en tareas de seguridad pública, el Ejército solicitó más equipo y herramientas legales para combatir al crimen.
“Es necesario no sólo dotarlo de armas y equipo moderno, sino de bases legales para que, con previa capacitación, se encuentre en posibilidad de enfrentar al delincuente y entonces, ahora sí, evaluar objetivamente su desempeño y exigirle rendición de cuentas”, condicionó Gabriel López Benítez, procurador de Justicia Militar.
En este contexto, al solicitarle una respuesta a la recomendación de la CNDH sobre el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en la cual denunció diversas violaciones cometidas por militares, se limitó a decir: “Está en proceso de análisis”.
Tras participar en un congreso sobre uso de la fuerza organizado por el INACIPE, el general aseguró que la milicia no regresará a los cuarteles, porque es “la única institución en el país que puede contribuir a la resolución de la inseguridad”.
Calificó de falsa la visión de que “el adiestramiento militar sólo está encaminado a eliminar al enemigo o causar daño a las personas y que tendríamos que dejar las calles, eso significaría ser simples espectadores y limitarse a observar cómo la delincuencia desgarra a nuestra sociedad y país”.
Descartó que, en un afán por evitar daños colaterales, el Ejército contemple utilizar armas no letales en sus labores anticrimen.
“Todas las agresiones contra militares se consuman con medios de alta potencia como lanzagranadas y lanzacohetes, con acechanza y sorpresa, llegando a emplear la emboscada para infringir el mayor número de bajas y casi siempre con delincuentes sobreestimulados con drogas, por lo que el empleo de armas no letales como bastón o aspersores de gases quedan descartados”.
Citó que durante la presente administración se han registrado 33 ataques con granadas a militares, con un saldo de 12 heridos y 35 lesionados.
Dijo que “la lucha es desigual”, porque las bandas utilizan uniformes, equipo y vehículos similares a las corporaciones de seguridad pública para confundirse y que “sus delitos son imputados a la autoridad que suplantan, además, a través de cuantiosos recursos, compran voluntades, reclutan sicarios, sobornan, cuentan con apoyo de diversos actores sociales e infiltran policías”.
Aunque apuntó que con el marco jurídico vigente sí se logrará abatir la inseguridad, pidió otorgar a las instituciones involucradas en estas tareas “herramientas, materiales y legales que les permitan hacerlo con menor dificultad”.
Pese a la realidad de torturas, homicidios a inocentes y cateos ilegales, el procurador indicó que “se ha logrado que el personal actúe con moderación ante eventualidades, con el objetivo de preservar la vida de ciudadanos, delincuentes o la suya misma”.
Y afirmó que la capacitación en materia de respeto a derechos humanos es permanente y se ha convertido en materia básica de la educación militar y de los cursos para ascensos.
“Es necesario no sólo dotarlo de armas y equipo moderno, sino de bases legales para que, con previa capacitación, se encuentre en posibilidad de enfrentar al delincuente y entonces, ahora sí, evaluar objetivamente su desempeño y exigirle rendición de cuentas”, condicionó Gabriel López Benítez, procurador de Justicia Militar.
En este contexto, al solicitarle una respuesta a la recomendación de la CNDH sobre el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en la cual denunció diversas violaciones cometidas por militares, se limitó a decir: “Está en proceso de análisis”.
Tras participar en un congreso sobre uso de la fuerza organizado por el INACIPE, el general aseguró que la milicia no regresará a los cuarteles, porque es “la única institución en el país que puede contribuir a la resolución de la inseguridad”.
Calificó de falsa la visión de que “el adiestramiento militar sólo está encaminado a eliminar al enemigo o causar daño a las personas y que tendríamos que dejar las calles, eso significaría ser simples espectadores y limitarse a observar cómo la delincuencia desgarra a nuestra sociedad y país”.
Descartó que, en un afán por evitar daños colaterales, el Ejército contemple utilizar armas no letales en sus labores anticrimen.
“Todas las agresiones contra militares se consuman con medios de alta potencia como lanzagranadas y lanzacohetes, con acechanza y sorpresa, llegando a emplear la emboscada para infringir el mayor número de bajas y casi siempre con delincuentes sobreestimulados con drogas, por lo que el empleo de armas no letales como bastón o aspersores de gases quedan descartados”.
Citó que durante la presente administración se han registrado 33 ataques con granadas a militares, con un saldo de 12 heridos y 35 lesionados.
Dijo que “la lucha es desigual”, porque las bandas utilizan uniformes, equipo y vehículos similares a las corporaciones de seguridad pública para confundirse y que “sus delitos son imputados a la autoridad que suplantan, además, a través de cuantiosos recursos, compran voluntades, reclutan sicarios, sobornan, cuentan con apoyo de diversos actores sociales e infiltran policías”.
Aunque apuntó que con el marco jurídico vigente sí se logrará abatir la inseguridad, pidió otorgar a las instituciones involucradas en estas tareas “herramientas, materiales y legales que les permitan hacerlo con menor dificultad”.
Pese a la realidad de torturas, homicidios a inocentes y cateos ilegales, el procurador indicó que “se ha logrado que el personal actúe con moderación ante eventualidades, con el objetivo de preservar la vida de ciudadanos, delincuentes o la suya misma”.
Y afirmó que la capacitación en materia de respeto a derechos humanos es permanente y se ha convertido en materia básica de la educación militar y de los cursos para ascensos.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 20 de agosto.
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