A dos años, decepción entre firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad

A dos años de haberse firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Alejandro Martí, presidente del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (México SOS), lo sostiene: ¡Si no pueden, renuncien!

En un balance que hacen para Crónica, la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, comenta que hace falta redefinir la estrategia para bajar los índices de violencia. Para Alejandro Martí las autoridades lo decepcionaron. Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, indica que la estrategia de seguridad no está funcionando. Mientras que para Elías Kuri, de Iluminemos México, nunca hubo ni compromiso ni voluntad de los tres poderes ni de los tres niveles de gobierno. ¿Por qué? -se pregunta- por la sencilla razón de que nunca hubo un acuerdo.

¡Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien! Era la voz de un padre con la herida abierta, que reclamaba justicia, porque su hijo Fernando de 14 años había sido secuestrado y asesinado.

Esa frase marcó aquel 21 de agosto de 2008 en el Palacio Nacional, cuando el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que consta de 74 puntos con un promedio de ejecución de tres meses a dos años cada uno.

Antes, Roberto Campa Cifrián, en ese entonces secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, daba lectura al acuerdo:

“Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia. Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que de resultados en el corto, mediano y largo plazos”.

Las voces a dos años.

Alejandro Martí. ¡Este país no tiene viabilidad, no tiene futuro si no resolvemos el problema de la inseguridad. Es un problema de fondo, de gobernabilidad!

Para el empresario Martí el balance es negativo porque la mayoría de los puntos a los que se comprometieron los poderes de la Unión y las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno no se concluyeron.

¿Dónde está la estrategia contra lavado de dinero, dónde están las unidades estatales para el combate al secuestro, dónde están las cárceles nuevas? -se pregunta-.

“La penetración de la delincuencia en las instituciones sigue y no se han depurado las instituciones.

“Las autoridades me han decepcionado, yo sé que no todo es varita mágica y que los tiempos que se pusieron fueron aproximados, pero la premisa fundamental es partir de cumplir con lo que ya habíamos quedado”, enfatiza.

Sobre las reuniones recientes convocadas por el presidente Felipe Calderón, comenta que son buenas, pero esto ya estaba previsto y firmado desde hace dos años. “Hoy venimos a decir lo mismo que hace dos años. Sí lo veo un poco redundante”.

La política de Estado, dice, se está proponiendo dos años después y si eso se hubiera hecho a tiempo, quizá muchísimas autoridades hubieran acatado el acuerdo.

“Si no lo tomamos en serio como una política de estado, vamos a seguir teniendo reuniones cada dos años diciendo y haciendo lo mismo”.

Elías Kuri. ¡Para este 21 de agosto deberíamos de amanecer en un país más seguro. Ése era el plan del gobierno, pero esto no será así!

En estos dos años los problemas como la violencia y los secuestros siguen. No hay que evaluar tareas sino qué es lo que queremos realmente lograr.

“Nos han demostrado que han tenido cosas más importantes que atender, parece que tienen sus prioridades; ya habrá tiempo para sacar adelante los puntos del acuerdo, lo que no estamos seguros es si para entonces haya en dónde aplicarlos”, enfatiza.

Y es que el activista indica que sólo uno de los 74 puntos que conforman el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad tenía un tiempo de ejecución mayor a los dos años.

Agrega que la idea del Acuerdo, que sólo evidenció problemas estructurales y de procedimientos, no le gustó porque sólo se anunciaban una lista de tareas pendientes del gobierno.

El mejor evaluado para él: el Poder Judicial federal; el peor, los municipios porque no hay transparencia.

María Elena Morera. ¡No existe un compromiso de los gobernadores, pareciera que están ciegos, sordos y mudos!

La activista social señala que si bien hay avances en algunos puntos, la violencia va en aumento, por lo que hace falta redefinir la estrategia. “Es importante lo que hace el gobierno, mas no es suficiente, y los ciudadanos lo que queremos es que pare la violencia.

“Estamos muy preocupados, porque la violencia va en aumento. Las autoridades hacen una correlación y dicen que la violencia se da porque se está atacando a los cárteles. Pero ya no queremos más violencia, al gobierno le hace falta instrumentar una estrategia donde se siga combatiendo a los cárteles, pero que baje la violencia”.

Hace falta atacar las estructuras financieras, poner a discusión pública la despenalización, regulación y control de las drogas, hacer un acuerdo con EU en cuestión de tráfico de armas. Falta una verdadera estrategia en prevención del delito y adicciones.

“¿Con cuántos muertos vamos a terminar el sexenio?”, se pregunta.

Isabel Miranda de Wallace. ¡Hay que honrar los acuerdos y hay que saber primero si el acuerdo que se firma se puede cumplir o no y no nada más firmarlo!

En su balance, la señora de Wallace indica que no existe un compromiso real por parte de los gobernadores y alcaldes, además que las estrategias del gobierno en materia de seguridad no están funcionando.

“El balance se juzga por los resultados y como vemos, son nulos. No tenemos lo que se firmó”.

Y califica por separado a los gobiernos federal y estatal.

En el ámbito federal han tenido algunos aciertos, pero seguimos sin depurar las policías. Hay avances pero son muy pocos.

En el ámbito estatal, están reprobados completamente. “Necesitamos la voluntad política e involucrarnos más para sacar todo adelante”.
Dennis A. García, La Crónica, 20 de agosto.

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