Declarar desierta la licitación de las frecuencias 1.7 gigahertz (GHz) no tiene por qué representar un daño para los usuarios, erario, ni para los operadores, si las autoridades se comprometen a renovar el proceso lo más rápido posible, pero en condiciones de equidad y competencia, señalaron analistas.
La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) aseguró que la Cofetel tiene la posibilidad de impedir ese atraco al interés del País y de los consumidores, declarando desierta la licitación de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y que esa es su exigencia.
Si el Gobierno decide mantener el proceso, lo haría sólo por la vía legal, no porque haya sido aceptado y equitativo, indicó Ramiro Tovar, académico del ITAM.
"La autoridad debería de afrontar el hecho de que hubo errores en el proceso, declararlo desierto en su totalidad y reponerlo a la mayor brevedad posible, para no tener que generar pérdidas para los actores, como algunos especialistas han advertido", destacó.
Recientemente, legisladores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y PT establecieron un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al Presidente Felipe Calderón, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para declarar desierta esta licitación.
Tovar Landa agregó que el Gobierno no puede tener soluciones parciales, no puede dar el fallo positivo para los bloques regionales del proceso, donde sí hubo competencia y "tirar" el proceso del bloque nacional, porque los precios de los primeros están influidos porque no todos los competidores pudieron participar en este último segmento.
Sin embargo, Alberto de Villasante, director de Negociaciones Estratégicas de Axtel, operador que por cuestiones administrativas no participó en la licitación, señaló que el precio que estaría pagando Nextel-Televisa por el bloque nacional es alto, comparado con las erogaciones que han hecho los otros operadores en los procesos anteriores.
La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) aseguró que la Cofetel tiene la posibilidad de impedir ese atraco al interés del País y de los consumidores, declarando desierta la licitación de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y que esa es su exigencia.
Si el Gobierno decide mantener el proceso, lo haría sólo por la vía legal, no porque haya sido aceptado y equitativo, indicó Ramiro Tovar, académico del ITAM.
"La autoridad debería de afrontar el hecho de que hubo errores en el proceso, declararlo desierto en su totalidad y reponerlo a la mayor brevedad posible, para no tener que generar pérdidas para los actores, como algunos especialistas han advertido", destacó.
Recientemente, legisladores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y PT establecieron un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al Presidente Felipe Calderón, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para declarar desierta esta licitación.
Tovar Landa agregó que el Gobierno no puede tener soluciones parciales, no puede dar el fallo positivo para los bloques regionales del proceso, donde sí hubo competencia y "tirar" el proceso del bloque nacional, porque los precios de los primeros están influidos porque no todos los competidores pudieron participar en este último segmento.
Sin embargo, Alberto de Villasante, director de Negociaciones Estratégicas de Axtel, operador que por cuestiones administrativas no participó en la licitación, señaló que el precio que estaría pagando Nextel-Televisa por el bloque nacional es alto, comparado con las erogaciones que han hecho los otros operadores en los procesos anteriores.
Lilia Chacón, Reforma, 12 de agosto.
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