En el quinto día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, el presidente Felipe Calderón, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el procurador Arturo Chávez Chávez debatieron sobre las deficiencias en el sistema judicial.
En su segunda intervención, Calderón Hinojosa cuestionó a Ortiz Mayagoitia por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es actualmente la entidad con mayor violencia, y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.
Al respecto, el presidente de la Corte contestó: “Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora, que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos, como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por el error en la forma de recabar una prueba estaba por decretarse la libertad, la verdad ya no sé qué paso al final, de una persona por un delito muy grave.
“Entonces, la reforma penal si no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generar un riesgo de aumento de la criminalidad. Esto, repito, es solamente opinión personal”, dijo.
PGR acepta “fallas”
Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR, dijo que el nuevo sistema de justicia penal presenta “fallas” en aquellos estados donde ha comenzado a aplicarse.
Comentó que “es importante profundizar y seguir profundizando en este análisis, porque efectivamente hay entidades donde [la reforma] no sólo no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal”.
Dijo que “el análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales y, desde luego, sus resultados están siendo compartidos también con la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados”.
Tras el comentario del presidente de la Corte, en el sentido de que sólo se han recibido 10 casos de solicitudes de extinción de dominio, el procurador reconoció que esta ley ha sido utilizada en pocos casos, y anunció que el Poder Ejecutivo enviará una iniciativa para modificarla, por las dificultades que presenta en su aplicación.
El funcionario comentó que en su configuración hay un estrecho vínculo entre lo que es la averiguación previa y lo que constituyen los documentos base para la extinción de dominio, que se maneja por la vía civil.
Chávez Chávez agregó: “El artículo 16 del Código de Procedimientos Penales nos obliga a la secrecía del contenido de la averiguación, sin embargo ésta tiene que ser vertida dentro de un juicio civil, dejando a potestad del juez civil que decrete o no su secrecía.
“Entonces nos representa en la práctica una serie de problemas. Desde luego, estamos trabajando en una propuesta de iniciativa para superar estos escollos”.
El reto, proteger a jueces
El presidente Felipe Calderón abrió la ronda y comentó que “uno de los mayores retos del Poder Judicial es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia”, y les ofreció protección e información de inteligencia.
Afirmó que “un nombre clave del enemigo en el sistema judicial es la impunidad. No debemos permitir que nuestras deficiencias y omisiones abran rendijas para que criminales evadan la justicia. Y para extirpar el cáncer de la impunidad se necesita no sólo garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales, sino revisar, actualizar y rediseñar, si es necesario, el marco legal”.
Por ello, dijo, “con pleno respeto a la división de poderes, ofrezco compartir al Poder Judicial información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y, desde luego, trabajar al máximo de nuestras capacidades para preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial y asegurar condiciones de certeza y seguridad personal y familiar que les permitan desempeñarse con la libertad que requiere su delicado deber.
“No podemos ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades. En un Estado de Derecho la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia”.
Corte: no se encubre a nadie
Ortiz Mayagoitia tomó la palabra. Dijo que en el Poder Judicial “no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida” de sus miembros, aunque admitió que le preocupan amenazas a jueces y la corrupción.
Informó a Calderón que han sancionado, de 2007 a la fecha, a por lo menos 42 jueces de distrito y magistrados con suspensión en el ejercicio de sus cargos y destituciones definitivas, con base en información “debidamente corroborada, no por rumores”, aunque la investigación de delitos compete a la PGR, aclaró.
El ministro dijo que “la ciudadanía debe tener muy claro el valor y la entrega de los jueces mexicanos, su compromiso y dedicación, el riesgo latente en el que cumplen con sus responsabilidades”.
El presidente de la SCJN afirmó que una vez más en el Poder Judicial asumen su responsabilidad y el compromiso que les corresponde: “En ningún momento hemos bajado la guardia. Estamos conscientes de lo que la sociedad espera de nosotros: dictar sentencias y hacer justicia”, con base en la investigación de las instancias del Poder Ejecutivo.
Precisó, además, que “la solidez del combate a las amenazas del orden público depende igualmente de la fortaleza de la investigación ministerial, que de la agilidad y eficiencia en la ejecución procedimental de la justicia”.
Poder Judicial, saturado
Daniel Francisco Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que hoy “el Poder Judicial, en general, está viéndose saturado en su capacidad de operación”, por lo que pidió más presupuesto; esto último también lo señalaron otros representantes del Poder Judicial.
Frente a la solicitud, Calderón respondió: “Estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales, si en la ciudadanía también se percibiera con claridad el grado de compromiso y atingencia que por parte de los poderes públicos, y en particular, en este caso, del Judicial, se asume, precisamente, para resolver problemas cercanos a la ciudadanía” .
En su segunda intervención, Calderón Hinojosa cuestionó a Ortiz Mayagoitia por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es actualmente la entidad con mayor violencia, y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos.
Al respecto, el presidente de la Corte contestó: “Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora, que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos, como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por el error en la forma de recabar una prueba estaba por decretarse la libertad, la verdad ya no sé qué paso al final, de una persona por un delito muy grave.
“Entonces, la reforma penal si no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generar un riesgo de aumento de la criminalidad. Esto, repito, es solamente opinión personal”, dijo.
PGR acepta “fallas”
Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR, dijo que el nuevo sistema de justicia penal presenta “fallas” en aquellos estados donde ha comenzado a aplicarse.
Comentó que “es importante profundizar y seguir profundizando en este análisis, porque efectivamente hay entidades donde [la reforma] no sólo no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal”.
Dijo que “el análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales y, desde luego, sus resultados están siendo compartidos también con la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados”.
Tras el comentario del presidente de la Corte, en el sentido de que sólo se han recibido 10 casos de solicitudes de extinción de dominio, el procurador reconoció que esta ley ha sido utilizada en pocos casos, y anunció que el Poder Ejecutivo enviará una iniciativa para modificarla, por las dificultades que presenta en su aplicación.
El funcionario comentó que en su configuración hay un estrecho vínculo entre lo que es la averiguación previa y lo que constituyen los documentos base para la extinción de dominio, que se maneja por la vía civil.
Chávez Chávez agregó: “El artículo 16 del Código de Procedimientos Penales nos obliga a la secrecía del contenido de la averiguación, sin embargo ésta tiene que ser vertida dentro de un juicio civil, dejando a potestad del juez civil que decrete o no su secrecía.
“Entonces nos representa en la práctica una serie de problemas. Desde luego, estamos trabajando en una propuesta de iniciativa para superar estos escollos”.
El reto, proteger a jueces
El presidente Felipe Calderón abrió la ronda y comentó que “uno de los mayores retos del Poder Judicial es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia”, y les ofreció protección e información de inteligencia.
Afirmó que “un nombre clave del enemigo en el sistema judicial es la impunidad. No debemos permitir que nuestras deficiencias y omisiones abran rendijas para que criminales evadan la justicia. Y para extirpar el cáncer de la impunidad se necesita no sólo garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales, sino revisar, actualizar y rediseñar, si es necesario, el marco legal”.
Por ello, dijo, “con pleno respeto a la división de poderes, ofrezco compartir al Poder Judicial información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y, desde luego, trabajar al máximo de nuestras capacidades para preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial y asegurar condiciones de certeza y seguridad personal y familiar que les permitan desempeñarse con la libertad que requiere su delicado deber.
“No podemos ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades. En un Estado de Derecho la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia”.
Corte: no se encubre a nadie
Ortiz Mayagoitia tomó la palabra. Dijo que en el Poder Judicial “no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida” de sus miembros, aunque admitió que le preocupan amenazas a jueces y la corrupción.
Informó a Calderón que han sancionado, de 2007 a la fecha, a por lo menos 42 jueces de distrito y magistrados con suspensión en el ejercicio de sus cargos y destituciones definitivas, con base en información “debidamente corroborada, no por rumores”, aunque la investigación de delitos compete a la PGR, aclaró.
El ministro dijo que “la ciudadanía debe tener muy claro el valor y la entrega de los jueces mexicanos, su compromiso y dedicación, el riesgo latente en el que cumplen con sus responsabilidades”.
El presidente de la SCJN afirmó que una vez más en el Poder Judicial asumen su responsabilidad y el compromiso que les corresponde: “En ningún momento hemos bajado la guardia. Estamos conscientes de lo que la sociedad espera de nosotros: dictar sentencias y hacer justicia”, con base en la investigación de las instancias del Poder Ejecutivo.
Precisó, además, que “la solidez del combate a las amenazas del orden público depende igualmente de la fortaleza de la investigación ministerial, que de la agilidad y eficiencia en la ejecución procedimental de la justicia”.
Poder Judicial, saturado
Daniel Francisco Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que hoy “el Poder Judicial, en general, está viéndose saturado en su capacidad de operación”, por lo que pidió más presupuesto; esto último también lo señalaron otros representantes del Poder Judicial.
Frente a la solicitud, Calderón respondió: “Estoy seguro de que la ciudadanía estaría dispuesta a realizar el esfuerzo económico que la contribución a los gastos públicos implica para fortalecer los recursos de los poderes judiciales, si en la ciudadanía también se percibiera con claridad el grado de compromiso y atingencia que por parte de los poderes públicos, y en particular, en este caso, del Judicial, se asume, precisamente, para resolver problemas cercanos a la ciudadanía” .
Jorge Ramos, El Universal, 12 de agosto.
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