La Corte Constitucional de Colombia suspendió ayer la vigencia de un acuerdo militar con Estados Unidos y lo devolvió al presidente Juan Manuel Santos, para que tramite su aprobación a través del Congreso, informó el tribunal. La decisión fue tomada por seis votos a favor y tres en contra de los nueve magistrados de la máxima instancia para dirimir asuntos de la Carta Magna.
El fallo implica la salida de siete bases militares colombianas de todo el personal de Estados Unidos que ingresó a esas instalaciones en virtud del pacto firmado con Bogotá en octubre del 2009. Pero la Corte Constitucional aclaró que, si ese personal militar estadunidense está en el país en otras instalaciones y por otros acuerdos anteriores al 2009, podrá permanecer. Con el fallo, militares o contratistas estadunidenses podrían entonces simplemente cambiar de instalaciones: de las que están en el convenio del 2009 a las que están en acuerdos anteriores.
Bogotá y Washington firmaron a finales de octubre del 2009 un polémico acuerdo que permitía por diez años el acceso a militares estadunidenses a siete bases colombianas para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo y que enfureció a varios gobiernos de izquierda de la región.
“La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución resuelve remitir al presidente el denominado acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, dijo el fallo. Para la corte el tratado no puede entrar en vigencia hasta que se cumpla con el trámite de aprobación a través del Congreso.
“La Corte consideró que al no ser aprobado mediante ley, el acuerdo complementario no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”, explicó el presidente del tribunal, magistrado Mauricio González.
La firma del acuerdo fue el detonante por el que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó congelar el comercio con Colombia en el 2009, al considerar que la presencia de militares de Estados Unidos en las bases de este país representaba una amenaza para la soberanía de su país. El mandatario, el más fuerte crítico de Estados Unidos en la región, ha denunciado planes de Washington para invadir su país desde Colombia y frenar su revolución socialista.
Colombia y Venezuela restablecieron hace una semana sus relaciones diplomáticas, después de que Chávez las suspendió en julio por denuncias de Bogotá de que líderes de la guerrilla se refugiaban en ese país con la tolerancia del gobierno de Caracas. Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados con esa ilícita actividad y desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de seis mil millones de dólares.
Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, ignoró antes de firmar el acuerdo la recomendación de un alto tribunal que sugirió someter el convenio a la aprobación del Congreso y un control de legalidad de la Corte Constitucional. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene una amplia mayoría en el Congreso con la que lograría la aprobación del tratado militar, de acuerdo con analistas. La Corte Constitucional aclaró que no examinó la legalidad o la ilegalidad del acuerdo militar, sino únicamente su trámite.
De otra parte, Santos reiteró ayer que no están dadas las condiciones para entablar contactos con los grupos guerrilleros y que en consecuencia no designará todavía al alto comisionado para la Paz.
Uribe, a la CPI
- El izquierdista Polo Democrático Alternativo de Colombia (PDA) anunció ayer el envío a la Corte Penal Internacional (CPI) de un proceso parlamentario contra Álvaro Uribe, que fue cerrado sin consecuencias para el ahora ex presidente.
- La causa, por injuria y calumnia a una comunidad campesina neutral ante el conflicto armado interno, fue cerrada o archivada por la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, informó en Bogotá el legislador Iván Cepeda.
- Uribe había sido denunciado ante dicho comité por unas afirmaciones de hace ocho años en las que calificó de auxiliadores de las FARC a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a los jesuitas que la acompañan, entre ellos Javier Giraldo.
Bogotá. Agencias, Milenio, 18 de agosto.
El fallo implica la salida de siete bases militares colombianas de todo el personal de Estados Unidos que ingresó a esas instalaciones en virtud del pacto firmado con Bogotá en octubre del 2009. Pero la Corte Constitucional aclaró que, si ese personal militar estadunidense está en el país en otras instalaciones y por otros acuerdos anteriores al 2009, podrá permanecer. Con el fallo, militares o contratistas estadunidenses podrían entonces simplemente cambiar de instalaciones: de las que están en el convenio del 2009 a las que están en acuerdos anteriores.
Bogotá y Washington firmaron a finales de octubre del 2009 un polémico acuerdo que permitía por diez años el acceso a militares estadunidenses a siete bases colombianas para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo y que enfureció a varios gobiernos de izquierda de la región.
“La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución resuelve remitir al presidente el denominado acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, dijo el fallo. Para la corte el tratado no puede entrar en vigencia hasta que se cumpla con el trámite de aprobación a través del Congreso.
“La Corte consideró que al no ser aprobado mediante ley, el acuerdo complementario no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”, explicó el presidente del tribunal, magistrado Mauricio González.
La firma del acuerdo fue el detonante por el que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó congelar el comercio con Colombia en el 2009, al considerar que la presencia de militares de Estados Unidos en las bases de este país representaba una amenaza para la soberanía de su país. El mandatario, el más fuerte crítico de Estados Unidos en la región, ha denunciado planes de Washington para invadir su país desde Colombia y frenar su revolución socialista.
Colombia y Venezuela restablecieron hace una semana sus relaciones diplomáticas, después de que Chávez las suspendió en julio por denuncias de Bogotá de que líderes de la guerrilla se refugiaban en ese país con la tolerancia del gobierno de Caracas. Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados con esa ilícita actividad y desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de seis mil millones de dólares.
Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, ignoró antes de firmar el acuerdo la recomendación de un alto tribunal que sugirió someter el convenio a la aprobación del Congreso y un control de legalidad de la Corte Constitucional. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene una amplia mayoría en el Congreso con la que lograría la aprobación del tratado militar, de acuerdo con analistas. La Corte Constitucional aclaró que no examinó la legalidad o la ilegalidad del acuerdo militar, sino únicamente su trámite.
De otra parte, Santos reiteró ayer que no están dadas las condiciones para entablar contactos con los grupos guerrilleros y que en consecuencia no designará todavía al alto comisionado para la Paz.
Uribe, a la CPI
- El izquierdista Polo Democrático Alternativo de Colombia (PDA) anunció ayer el envío a la Corte Penal Internacional (CPI) de un proceso parlamentario contra Álvaro Uribe, que fue cerrado sin consecuencias para el ahora ex presidente.
- La causa, por injuria y calumnia a una comunidad campesina neutral ante el conflicto armado interno, fue cerrada o archivada por la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, informó en Bogotá el legislador Iván Cepeda.
- Uribe había sido denunciado ante dicho comité por unas afirmaciones de hace ocho años en las que calificó de auxiliadores de las FARC a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a los jesuitas que la acompañan, entre ellos Javier Giraldo.
Bogotá. Agencias, Milenio, 18 de agosto.
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