Señalamientos contra Gobiernos estatales, denuncias sobre agresiones a periodistas, reclamos sobre la falta de reglas que eviten la concentración de medios de comunicación y sobre el uso de la publicidad oficial como instrumento de "premio o castigo" contra medios informativos, fueron expresados ayer ante los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas Frank La Rue, y la OEA, Catalina Botero.
En el inicio de su gira por México, ambos funcionarios sostuvieron una primera jornada de trabajo con periodistas, académicos, funcionarios de medios y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
A la reunión asistieron representantes de la organización Artículo 19, de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi); el Centro Nacional de Comunicación Social; Amnistía Internacional; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Prodh; la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Asociación Mundial de Radios Comunitarias; Periodistas de a Pie, entre otros.
El encuentro tuvo dos fases. Por la mañana, fueron presentadas diversas denuncias sobre las limitaciones a la libertad de expresión en medios informativos editados en varios estados del país. Después de la comida, los relatores recabaron denuncias específicas sobre agresiones a periodistas en medio del clima de violencia del crimen organizado que se ha agudizado en el País en los últimos años.
Antes de discutir el tema de agresiones a periodistas, los Relatores hicieron énfasis en el tema de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación y regulación de la publicidad oficial.
"Se tocaron algunos elementos de acceso a la información que nos preocupan a las organizaciones, así como el tema de pluralidad informativa y legislación de medios", informó Brisa Solís, de Cencos.
El académico Raúl Trejo Delabre cuestionó durante el encuentro que en México no hay reglas para evitar la concentración de los medios de comunicación, a diferencia de otros países y que tampoco hay reglas para la publicidad oficial.
Incluso, mencionó que prácticamente ningún diario en la Ciudad de México sobreviviría sin la publicidad oficial.
Diego de la Mora, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que la publicidad oficial responde a un sistema de premio o castigo hacia los medios de comunicación y puso como ejemplo el caso de Veracruz donde el Gobierno se ha negado a hacer público el gasto en publicidad oficial, por considerar que al difundirlo propiciarían una "ventaja indebida en los medios de comunicación".
Arcelia Becerra, del periódico a.m. de León, expuso que el Gobierno de Juan Manuel Oliva no ha aceptado dos recomendaciones de la CNDH sobre el hostigamiento que han tenido hacia dicho periódico.
Respecto al tema de la comunicación comunitaria, el Relator Frank La Rue señaló que existe la percepción de que ésta debe ser limitada, pobre y de poca potencia. Sin embargo, precisó que la Relatoría de Naciones Unidas ha insistido en que la comunicación comunitaria debe ser un servicio pluralista a la comunidad; también debe ser pública e independiente del Poder Ejecutivo. Sugirió que puede pertenecer a un órgano autónomo como una universidad estatal.
Plantean riesgos especiales
Durante la reunión, La Rue informó que Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos propondrán una nueva categoría de protección de periodistas y comunicadores que laboren en "zonas de enfrentamiento intenso permanente".
El funcionario explicó que las circunstancias que viven los periodistas mexicanos en lugares como Ciudad Juárez y Reynosa ha llevado a la ONU y a la OEA a plantear una nueva categoría de riesgo para los comunicadores que estrictamente no se encuentran en zonas de conflicto, según la definición de tratados internacionales, pero que sí enfrentan peligros particulares.
Durante la reunión, realizada ayer en la Colonia Roma, el funcionario de origen guatemalteco destacó que si bien es necesario que todos los países del mundo establezcan un mecanismo de protección de periodistas -que incluya un sistema de alerta temprana y respuesta rápida a las agresiones y amenazas- se debe poner especial interés en aquellas zonas en las que no hay propiamente un conflicto armado, pero donde sí existe enfrentamiento permanente, como aquellas zonas de combate al crimen organizado y regiones militarizadas.
Brisa Solís, directora de Cencos destacó que dicho mecanismo es fundamental para salvaguardar la vida de los comunicadores.
"Tiene que ver con la garantía (derecho a la libertad de expresión) y parte de la garantía es que es fundamental buscar mecanismos de emergencia que ayuden a salvar vidas", dijo en entrevista posterior a la reunión.
Por su parte, la Relatora sobre libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, hizo referencia al informe que publicó la Relatoría en 2009, el cual establece que los comunicadores tienen derecho de recibir la protección del Estado frente a circunstancias que puedan amenazar su seguridad.
Frank la Rue reconoció que los niveles de violencia en México y los ataques sistemáticos contra la prensa propiciaron que tanto él como la Relatora de la OEA, Catalina Botero, realizaran una visita oficial al País, invitados por el Gobierno mexicano.
Este miércoles, los funcionarios internacionales se reunirán con autoridades de la Secretaría de Gobernación y representantes de organizaciones civiles para discutir los avances en la creación del mecanismo de protección hacia periodistas y defensores de derechos humanos.
Resalta TEPJF avances
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacaron ayer ante la relatora especial para la Libertad de Expresión, de la OEA, Catalina Botero, los avances en México en cuanto a la protección de los derechos políticos-electorales.
Durante una reunión que tuvo lugar en las instalaciones de la Sala Superior, la magistrada presidenta María del Carmen Alanis Figueroa externó en materia de derechos humanos, libertad de expresión y derecho a la información, se han resuelto asuntos de "enorme relevancia".
De acuerdo con un comunicado, los magistrados expusieron que en los últimos años, el 78 por ciento de los asuntos que han resuelto han sido juicios para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos.
En el inicio de su gira por México, ambos funcionarios sostuvieron una primera jornada de trabajo con periodistas, académicos, funcionarios de medios y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
A la reunión asistieron representantes de la organización Artículo 19, de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi); el Centro Nacional de Comunicación Social; Amnistía Internacional; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Prodh; la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Asociación Mundial de Radios Comunitarias; Periodistas de a Pie, entre otros.
El encuentro tuvo dos fases. Por la mañana, fueron presentadas diversas denuncias sobre las limitaciones a la libertad de expresión en medios informativos editados en varios estados del país. Después de la comida, los relatores recabaron denuncias específicas sobre agresiones a periodistas en medio del clima de violencia del crimen organizado que se ha agudizado en el País en los últimos años.
Antes de discutir el tema de agresiones a periodistas, los Relatores hicieron énfasis en el tema de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación y regulación de la publicidad oficial.
"Se tocaron algunos elementos de acceso a la información que nos preocupan a las organizaciones, así como el tema de pluralidad informativa y legislación de medios", informó Brisa Solís, de Cencos.
El académico Raúl Trejo Delabre cuestionó durante el encuentro que en México no hay reglas para evitar la concentración de los medios de comunicación, a diferencia de otros países y que tampoco hay reglas para la publicidad oficial.
Incluso, mencionó que prácticamente ningún diario en la Ciudad de México sobreviviría sin la publicidad oficial.
Diego de la Mora, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que la publicidad oficial responde a un sistema de premio o castigo hacia los medios de comunicación y puso como ejemplo el caso de Veracruz donde el Gobierno se ha negado a hacer público el gasto en publicidad oficial, por considerar que al difundirlo propiciarían una "ventaja indebida en los medios de comunicación".
Arcelia Becerra, del periódico a.m. de León, expuso que el Gobierno de Juan Manuel Oliva no ha aceptado dos recomendaciones de la CNDH sobre el hostigamiento que han tenido hacia dicho periódico.
Respecto al tema de la comunicación comunitaria, el Relator Frank La Rue señaló que existe la percepción de que ésta debe ser limitada, pobre y de poca potencia. Sin embargo, precisó que la Relatoría de Naciones Unidas ha insistido en que la comunicación comunitaria debe ser un servicio pluralista a la comunidad; también debe ser pública e independiente del Poder Ejecutivo. Sugirió que puede pertenecer a un órgano autónomo como una universidad estatal.
Plantean riesgos especiales
Durante la reunión, La Rue informó que Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos propondrán una nueva categoría de protección de periodistas y comunicadores que laboren en "zonas de enfrentamiento intenso permanente".
El funcionario explicó que las circunstancias que viven los periodistas mexicanos en lugares como Ciudad Juárez y Reynosa ha llevado a la ONU y a la OEA a plantear una nueva categoría de riesgo para los comunicadores que estrictamente no se encuentran en zonas de conflicto, según la definición de tratados internacionales, pero que sí enfrentan peligros particulares.
Durante la reunión, realizada ayer en la Colonia Roma, el funcionario de origen guatemalteco destacó que si bien es necesario que todos los países del mundo establezcan un mecanismo de protección de periodistas -que incluya un sistema de alerta temprana y respuesta rápida a las agresiones y amenazas- se debe poner especial interés en aquellas zonas en las que no hay propiamente un conflicto armado, pero donde sí existe enfrentamiento permanente, como aquellas zonas de combate al crimen organizado y regiones militarizadas.
Brisa Solís, directora de Cencos destacó que dicho mecanismo es fundamental para salvaguardar la vida de los comunicadores.
"Tiene que ver con la garantía (derecho a la libertad de expresión) y parte de la garantía es que es fundamental buscar mecanismos de emergencia que ayuden a salvar vidas", dijo en entrevista posterior a la reunión.
Por su parte, la Relatora sobre libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, hizo referencia al informe que publicó la Relatoría en 2009, el cual establece que los comunicadores tienen derecho de recibir la protección del Estado frente a circunstancias que puedan amenazar su seguridad.
Frank la Rue reconoció que los niveles de violencia en México y los ataques sistemáticos contra la prensa propiciaron que tanto él como la Relatora de la OEA, Catalina Botero, realizaran una visita oficial al País, invitados por el Gobierno mexicano.
Este miércoles, los funcionarios internacionales se reunirán con autoridades de la Secretaría de Gobernación y representantes de organizaciones civiles para discutir los avances en la creación del mecanismo de protección hacia periodistas y defensores de derechos humanos.
Resalta TEPJF avances
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacaron ayer ante la relatora especial para la Libertad de Expresión, de la OEA, Catalina Botero, los avances en México en cuanto a la protección de los derechos políticos-electorales.
Durante una reunión que tuvo lugar en las instalaciones de la Sala Superior, la magistrada presidenta María del Carmen Alanis Figueroa externó en materia de derechos humanos, libertad de expresión y derecho a la información, se han resuelto asuntos de "enorme relevancia".
De acuerdo con un comunicado, los magistrados expusieron que en los últimos años, el 78 por ciento de los asuntos que han resuelto han sido juicios para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos.
Silvia Garduño, Reforma, 11 de agosto.
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