El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Guillermo Valdés informó que en lo que va de la actual administración 28 mil personas han muerto a consecuencia de la violencia generada por los criminales.
A menos de un mes en que la PGR dio a conocer que esa cifra se ubicaba en más de 24 mil muertos, Valdés hizo una presentación en Power Point con la nueva cifra con la que admitió que la violencia sigue creciendo.
Al presentar un informe sobre los alcances, propósitos y deficiencias de cinco de los ejes de la estrategia en materia de seguridad instrumentada por el gobierno federal, reconoció que en lo que va del sexenio han habido 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, lo que habla de que por lo menos se tiene un enfrentamiento al día en promedio.
Durante su participación en el Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, que encabezó el presidente Felipe Calderón en el casino militar del Campo Marte, Valdés Castellanos manifestó que si bien la libertad de operación del narcotráfico se ha reducido, ésta no desaparece, y consideró que son insuficientes los avances por detener la violencia, los secuestros y la extorsión.
También admitió avances insuficientes en materia de contrarrestar el lavado de dinero, lentitud en los procesos de profesionalización de policías así como en la entrega de recursos de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado que se estipula en la Iniciativa Mérida.
Los pendientes, dijo, apuntan a detener la espiral de violencia y disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y profundizar las políticas sociales que conduzcan a la eliminación gradual de las causas estructurales del fenómeno de delincuencia.
Se pretende también acotar la presencia física y dificultar la operación de las organizaciones criminales, eliminar esto que nosotros llamamos la impunidad cínica, esa capacidad de desplazamiento de grandes convoyes de criminales por todo el país.
Valdés Castellanos informó que del 1 de diciembre del 2006 a julio del 2010, el gobierno federal decomisó 34 mil 699 vehículos, que son 157 por ciento más que los decomisos en el mismo período del gobierno de Vicente Fox, que fueron de 13 mil 489.
Y ejemplificó: "Casi 35 mil vehículos decomisados son equivalentes a haberle decomisado a Bimbo 1.2 dos veces toda su flotilla de distribución de vehículos en toda América Latina. Y si los quisieran reponer estos 35 mil vehículos tendrían que hacer un gasto superior a los 600 millones de dólares".
Respecto al decomiso de armas, el director general del CISEN dijo que son 84 mil, con un valor de 330 millones de pesos o 411 millones de dólares. "Esto representa 8 veces más de lo incautado a las FARC en Colombia", reveló.
En materia de finanzas, el director general del Cisen dijo que las afectaciones al crimen organizado son de varios miles de millones de dólares. "Estos decomisos son de mil por ciento más que en el sexenio anterior", señaló.
De igual modo, denunció que en el rubro de seguridad del gobierno anterior recibieron instituciones débiles.
A menos de un mes en que la PGR dio a conocer que esa cifra se ubicaba en más de 24 mil muertos, Valdés hizo una presentación en Power Point con la nueva cifra con la que admitió que la violencia sigue creciendo.
Al presentar un informe sobre los alcances, propósitos y deficiencias de cinco de los ejes de la estrategia en materia de seguridad instrumentada por el gobierno federal, reconoció que en lo que va del sexenio han habido 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, lo que habla de que por lo menos se tiene un enfrentamiento al día en promedio.
Durante su participación en el Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, que encabezó el presidente Felipe Calderón en el casino militar del Campo Marte, Valdés Castellanos manifestó que si bien la libertad de operación del narcotráfico se ha reducido, ésta no desaparece, y consideró que son insuficientes los avances por detener la violencia, los secuestros y la extorsión.
También admitió avances insuficientes en materia de contrarrestar el lavado de dinero, lentitud en los procesos de profesionalización de policías así como en la entrega de recursos de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado que se estipula en la Iniciativa Mérida.
Los pendientes, dijo, apuntan a detener la espiral de violencia y disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y profundizar las políticas sociales que conduzcan a la eliminación gradual de las causas estructurales del fenómeno de delincuencia.
Se pretende también acotar la presencia física y dificultar la operación de las organizaciones criminales, eliminar esto que nosotros llamamos la impunidad cínica, esa capacidad de desplazamiento de grandes convoyes de criminales por todo el país.
Valdés Castellanos informó que del 1 de diciembre del 2006 a julio del 2010, el gobierno federal decomisó 34 mil 699 vehículos, que son 157 por ciento más que los decomisos en el mismo período del gobierno de Vicente Fox, que fueron de 13 mil 489.
Y ejemplificó: "Casi 35 mil vehículos decomisados son equivalentes a haberle decomisado a Bimbo 1.2 dos veces toda su flotilla de distribución de vehículos en toda América Latina. Y si los quisieran reponer estos 35 mil vehículos tendrían que hacer un gasto superior a los 600 millones de dólares".
Respecto al decomiso de armas, el director general del CISEN dijo que son 84 mil, con un valor de 330 millones de pesos o 411 millones de dólares. "Esto representa 8 veces más de lo incautado a las FARC en Colombia", reveló.
En materia de finanzas, el director general del Cisen dijo que las afectaciones al crimen organizado son de varios miles de millones de dólares. "Estos decomisos son de mil por ciento más que en el sexenio anterior", señaló.
De igual modo, denunció que en el rubro de seguridad del gobierno anterior recibieron instituciones débiles.
Cecilia Téllez Cortés, La Crónica, 4 de agosto.
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